Rige la prohibición de construir en el cerro El Pelao desde el martes

El cerro El Pelao dejó de ser un “lugar sin ley”. Desde el 10 de marzo rige la norma que prohíbe edificar durante un año en esta montaña ubicada en el centro del Valle de Tafí, en la jurisdicción territorial de la Comuna de El Mollar. El gobernador Juan Manzur publicó la Ley 9.224 con un veto parcial: suprimió el artículo que supeditaba la sanción de los infractores a una futura reglamentación. Pese a la falta de una respuesta para las transgresiones, la norma abre un capítulo novedoso para esta montaña víctima de la anomia puesto que las autoridades de los distintos niveles del sector público y la sociedad civil disponen de la oportunidad de generar herramientas para su saneamiento y conservación.

La Ley 9.224 suma a El Pelao al elenco de ámbitos en estado de emergencia. En este caso, la urgencia se inscribe en las facetas ambientales y ecológicas. La norma sancionada en febrero además declara “zona de protección arqueológica” al cerro. A los fines de impedir el deterioro causado por la construcción descontrolada, el artículo dos suspende el fraccionamiento, la urbanización de terrenos, y la construcción de viviendas y de cualquier otra obra durante 12 meses -a partir de la publicación de la Ley 9.224 en el Boletín Oficial-. La cláusula tercera pone por su parte en marcha un comité de diagnóstico y de formulación de propuestas al disponer que “los organismos pertinentes” iniciarán un inventario de la infraestructura existente. Ese equipo también debe elaborar un plan de preservación arqueológica, ambiental y paisajística en el término de hasta 90 días contados desde la promulgación de la norma.

Las instituciones llamadas a estudiar y encauzar la situación de El Pelao serán determinadas por la reglamentación que el Poder Ejecutivo ha de elaborar en el término de dos meses que ya empezó a correr. Cuando el presidente subrogante de la Legislatura, Regino Amado, presentó este proyecto de ley, la idea era sentar en la misma mesa, entre otros, a representantes de la Comuna; de la Municipalidad de Tafí del Valle; del Ente Autónomo Tucumán Turismo; de la Dirección de Flora y Fauna; de la Fiscalía de Estado; de la Secretaría de Medio Ambitente; de las comunidades indígenas, y de los residentes y vecinos del cerro. La regulación deviene, de esa manera, central para que esta norma votada por unanimidad surta efectos concretos en la realidad.

La cláusula que autorizaba a establecer sanciones vía reglamento cayó porque el Poder Ejecutivo interpretó que violaba la Constitución Nacional. “Los artículos 18 y 19 (de la Carta Magna) establecen el principio de legalidad. Este implica no solo que una ley reconozca la potestad para sancionar, sino también que ha de ser precisamente esa norma la que describa en forma concreta tanto la conducta como la sanción que se aplique en su consecuencia”, dijeron el gobernador y el ministro de Desarrollo Productivo, Juan Luis Fernández, en el Decreto 513/9. Federico Nazur, fiscal de Estado, explicó ayer que el veto parcial no implicaba que las transgresiones vayan a quedar impunes puesto que los castigos para quienes sigan edificando en El Pelao podían provenir de otros instrumentos del ordenamiento jurídico. “La Legislatura está en condiciones de generar una ley específica que atienda este aspecto de la protección”, agregó Nazur.

Temor fundado

Los vecinos que se organizaron para denunciar y exponer la destrucción del cerro acogieron el comienzo de la veda de la construcción con optimismo moderado. Si bien destacaron como logros el haber llamado la atención de los gobernantes y que por fin haya una ley, plantearon sus inquietudes sobre el poder de “un papel” para detener la edificación. Horacio León Mellibovsky, un ciudadano que instaló su casa en el cerro hace dos décadas, comentó que en los últimos días habían detectado la presencia de máquinas y de albañiles. Mellibovsky dijo que el propio 10 de marzo, jornada de largada de la prohibición legal, habían visto un camión con piedras y tierra. “En cuanto pueden, se meten y construyen. Tememos que todo se relaje de vuelta porque la vigilancia es muy difícil fuera del verano”, opinó. La sospecha tiene fundamento en la propia historia de degradación del cerro, donde ni siquiera la provisión de agua se ajusta a las reglas vigentes.