Nilda Griselda “Cabezona” Gómez recibió ayer la condena más severa que un tribunal federal haya dictado, en la provincia, por infracción a la Ley Nacional 23.737. Los magistrados Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y Abelardo Basbus aceptaron la pena de 15 años propuesta por el fiscal federal Pablo Camuña para la mujer, a quien encontraron culpable de liderar a una banda que se dedicaba al tráfico, distribución, acopio y comercialización de droga.
Los otros nueve acusados de integrar la banda recibieron diferentes sentencias debido al grado de participación que tuvieron.
Gómez, al escuchar la lectura del fallo, estaba tranquila. Sólo se preocupó en taparse el rostro. Esta, según confirmaron fuentes judiciales, es la quinta condena por cuestiones de droga. Se retiró en silencio, apurada, con cara de enojo y secundada por cuatros guardiacárceles. De los otros enjuciados, sólo festejaron aquellos que recibieron una pena mucho menor que les permitió anoche recuperar su libertad.
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Según el alegato del fiscal, a través de la investigación que se inició en 2015 y que fue desarrollada por los hombres de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y de la Agencia Antidrogas Tucumán de la Policía Federal, se pudo comprobar que los principales miembros de la banda obtenían la sustancia y luego la almacenaban para distribuirla en diferentes puntos de venta.
En junio de 2017 se encontraron 41 kilos de cocaína en un terreno que pertenece a Oscar Arnaldo “Coto” Sánchez. Se comprobó que Miriam del Valle Soria y Walter Peralta conformaban una segunda línea de la banda. Ellos tendrían sus propios negocios, pero Gómez los proveía, más allá de que puedan haber tenido otros proveedores. Además está probado -dijo- la sociedad entre Soria y Gómez. “Hay una relación comercial entre ambas”, indicó Camuña, quien además aseguró que está probado que es a ella a quien se referían en las escuchas cada vez que se mencionaba a “‘La Negra’ Miriam”.
“En una escucha entre Soria y Gómez, mencionan comprar un pollo y medio juntas. En otro audio donde hablan otros de los implicados, se menciona que Soria vendía a 75 y que Nilda cobraba 90”, resaltó el fiscal.
Sobre la situación de Peralta, aseguró que el celular que se encontró en su casa durante los allanamientos fue peritado y se verificó su participación. “Tenía contacto comercial con ‘Coto’, Soria y Gómez. Incluso en una escucha, Sánchez y Peralta hablan abiertamente del negocio, se quejan de sus superiores y de los precios que se cobraban”.
“Acusamos a Gómez de ocupar el rol de líder, o de jefa, porque cumple con los requisitos para ese cargo: organizaba las personas, tenía contacto con proveedores y clientes, organizaba la logística y obtenía los mayores beneficios. Todo eso se ha probado”, argumentó Camuña.
Con respecto a Enzo Maximiliano Ale, el acusador señaló que hay pruebas de que además de ser hijo de la jefa de la organización y estar emparentado políticamente con la familia de Oscar Sánchez, Ale tenía una relación comercial con esas personas.
“Hay charlas donde Ale y Gómez hablan sobre cobros y discuten por la deuda de un cliente”, manifestó el fiscal. También le marcó un agravante por abuso de armas de fuego cuando la Policía allanaba su casa.
Finalmente, con respecto a Oscar Romelio Sánchez, Romina Janet Sánchez, Cintia Pamela Sánchez y Manuel Alberto Lobo, indicó que hay pruebas de su participación. “Oscar (Coto) Sánchez organizó a su familia para que le colaboraran. En lo mucho o poco, su padre, sus dos hermanas y su tío político, eran conscientes de lo que hacían”, argumentó. También aprovechó la ocasión para recriminarle más culpa a “Coto”, quien podría haber buscado a cualquier persona para los “favores” que les pedía a sus familiares, en algunos casos, a cambio de “propinas”.
“El único que quedaría fuera de la organización es Marcelo Campillo, a pesar de que la investigación lo termina vinculando por un contacto con ‘Coto’ Sánchez. La Policía observó movimientos típicos de venta de droga en su domicilio y sus vecinos reforzaron esa teoría. Por eso se allanó su casa y se terminó encontrando sustancia. Lo acusamos de tenencia con fines de comercialización”, concluyó el fiscal con respecto a los imputados. Sin embargo planteó también sanciones económicas y el decomiso de vehículos e inmuebles.
Al pedir las condenas, dijo que se tuvo en cuenta la cantidad de droga encontrada, los estados de salud de cada imputado, la escala de crecimiento que mostraba la organización y el nivel de violencia que eso podía generar en los barrios, el daño a la salud causada a terceros y finalmente las reincidencias de algunos imputados. “Nilda Gómez tiene cuatro condenas por este tipo de delitos, no parece mostrar interés en una reinserción social”, acotó.