Sin señales de un acuerdo por la deuda

A.- Tres frentes de deuda, una reestructuración inmediata

La renegociación de la deuda externa se ha vuelto el tema excluyente para el área económica del Gobierno de Alberto Fernández. El 31 de marzo es la fecha señalada para cerrar un acuerdo con los acreedores. En esa senda, el apoyo más grande que obtuvo la nueva gestión, luego de la gira del presidente por Europa, fue el comunicado del Fondo Monetario Internacional que declaró a la deuda argentina como “insostenible”. En base a ello, el ministro Martín Guzmán (foto) encaró este último mes de negociaciones sin grandes definiciones sobre las condiciones que pondrá sobre la mesa a los acreedores, solamente dejando en claro que la argentina no puede pagar su “pesada herencia”. Si se toma la totalidad de lo que el país debe, la cifra asciende a los U$S 320.000 millones, según un informe de Ecolatina. Pero si se analiza en profundidad, no es ese el número que Guzmán tiene en su mente a la hora de negociar, y más propiamente en reestructurar. De esos más de U$S 300.000 millones, Argentina debe U$S 70.000 millones a organismos internacionales. Entre ellos, el más importante es el FMI, con U$S 45.000 millones. El resto se los reparten el Club de París, el Banco Mundial, entre otros. Si se observan las constantes reuniones tanto con la delegación del FMI en Buenos Aires como con la directora Kirstalina Georgieva, puede decirse que esa negociación está encaminada. Por lo tanto, el foco debe ponerse sobre los acreedores privados. Mientras que la deuda en pesos, cerca de U$S 25.000 millones, puede saldarse mediante la emisión monetaria o el reperfilamiento compulsivo, como pasó con el bono AF20, para la deuda en dólares el Gobierno no tiene las mismas herramientas. Entonces, pasando en limpio, el número que preocupa al Palacio de Hacienda ronda los U$S 95.000 millones, marcó Ecolatina en su informe.

B- El Gobierno es su propio aliado entre los bonistas

Continuando este análisis detallado, que marcará la agenda de este mes, hay un aspecto que el Gobierno nacional puede marcar como favorable. Si se miran los bonos bajo ley extranjera, contienen Cláusulas de Acción Colectiva, es decir que con el acuerdo del 75% de los acreedores (aproximadamente, porque en cada bono los porcentajes de aceptación requerida varían), la Argentina puede reestructurar. Los títulos que más urgen a la gestión dl presidente Alberto Fernández son los emitidos bajo ley de Nueva York, por alrededor de U$S 40.000 millones. Pero entre ellos existe una particularidad: la mitad de esa cifra está en manos del sector público argentino -bancos estatales, la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), entre otros-. Por lo tanto, los acreedores que el ministro de Economía debe lograr que acepten su oferta son aquellos que tienen los restantes U$S 25.000 millones, el 60% del total. Así se puede ver que del universo inicial de más de U$S 300.000 millones,  como urgentes a reestructurar queda menos del 10%, porque el resto de los compromisos, indirectamente, están en manos del mismo Estado argentino y de organismos como el FMI. 

C- Cuenta regresiva para el día D en la negociación

El 31 de marzo es la fecha señalada por el Gobierno nacional para que se presente el acuerdo de reestructuración. De lograrse, sería uno de los procesos más cortos en la historia. Pero los días corren y no se avizora ese esperado horizonte. Durante la última semana, representantes de los fondos de inversión más involucrados, como Fidelity, Black Rock y Franklin Templeton Investments se reunieron con Martín Guzmán en Buenos Aires. Lejos de volver a los Estados Unidos con un panorama claro, no obtuvieron mayores definiciones acerca de la propuesta argentina, según trascendió. Un dato no menor, que puede entenderse como un gesto hacia estos bonistas privados, es que el país haya designado como agentes colocadores de la deuda a reestructurar al Bank of America, para los acreedores norteamericanos, y al HSBC Group, para los bonistas asiáticos y europeos. Ambos, y especialmente el HSBC fueron protagonistas del proceso de endeudamiento durante el gobierno de Mauricio Macri. Es decir que los mismos bancos que le colocaron deuda a estos grandes fondos de inversión, son quienes asumieron el rol de convencer a los bonistas de reestructurarla. Para ello, ellos debieron conocer cuál será la oferta que el gobierno tiene preparada, y aceptaron mediar entre Argentina y sus acreedores. Restan tres semanas, más precisamente 23 días para llegar a un acuerdo. De no ser así, espera el default. De todas maneras, Ecolatina vaticina varias etapas de renegociación ante la multiplicidad de acreedores de la deuda soberana argentina.