Ascárate pidió a Maley que “no intente diluir responsabilidades”

El legislador José Ascárate le requirió mediante una carta al ministro de Seguridad, Claudio Maley, que “no intente diluir responsabilidades”, respecto a la coordinación de la Policía provincial y la Guardia Urbana Municipal (GUM) de Yerba Buena. El legislador provincial dijo haber leído con “asombro y preocupación” las declaraciones del ministro y del titular del GUM, Mauricio Argiró, durante la reunión entre los concejales de la “ciudad jardín” y las autoridades de la seguridad en Tucumán, que LA GACETA publicó en exclusiva. Durante el encuentro, Argiró afirmó: “tenemos los nombres, quienes cometen los delitos, la información la traen los vecinos”. Inmediatamente, Maley le preguntó si la había puesto a disposición de las fuerzas provinciales. “No lo hemos hecho todavía” contestó el secretario de Seguridad de Yerba Buena. Por todo esto, Ascárate en su carta especificó que el ministro tiene “la capacidad de suscribir los convenios específicos de cooperación”. A su vez, instó a Maley “en forma urgente” a reglamentar la ley 9.144, que crea las policías municipales. Esta cuestión también fue motivo de discusión durante la reunión que tuvo lugar el miércoles en la Casa de la Cultura, donde el ministro fue explícito: las dificultades presupuestarias actuales no permiten que se instauren fuerzas policiales de cada municipio.

No cobran el sueldo desde diciembre

“¿No se sabe nada del pago?”, ésa es la pregunta que se repite entre los 130 trabajadores que brindan tareas de acompañamiento en comedores infantiles y cocinas comunitarias que reciben ayuda del Ministerio de Desarrollo Social provincial: todavía no cobraron los sueldos de diciembre, enero y febrero. “Somos los que nos encargamos de dar la cara del Estado en comedores y cocinas comunitarias de toda la provincia, de controlar las raciones y que cada grupo funcione para garantizar los derechos. El problema es que estamos tercerizados, no nos paga el sueldo el ministerio sino que el Estado asigna fondos a distintas fundaciones que son quienes realizan las tareas administrativas y nos pagan. Somos monotributistas”, explicó a LA GACETA un grupo de trabajadores sociales que evitaron dar su nombre por temor a que no les renueven sus contratos. Funcionarios del ministerio a cargo de Gabriel Yedlin expresaron que la mora se debe a la burocracia administrativa. “Tenemos dispositivos de seguridad alimentaria vinculadas a la cartera, que no son del ministerio pero que son ayudados. No tenemos comedores infantiles ni cocinas comunitarias, son organizaciones civiles que reciben ayuda del Estado. En el marco de esa ayuda o asistencia, de acompañamiento, se trazan objetivos por programa. El ministerio, a través de sus secretarias, convoca a organizaciones administradoras de fondos. El ministerio no contrata a nadie, cada fundación se encarga de las contrataciones. Por una situación técnica, se producen atrasos por cuestiones propias de la burocracia. Se debería solucionar el problema en poco tiempo”, expresó.

“El Estado precariza”

Gustavo Salas Correa, dirigente sindical de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), expresó que muchos ministerios del Poder Ejecutivo contratan empleados o los tercerizan -mediante convenios con cooperativas u ONG-. “Hay muchísima gente que termina trabajando como si fueran esclavos: no tienen estabilidad, cobran poco, se atrasan con los haberes y encima no pueden protestar porque no les renuevan los contratos. En las comunas rurales y municipios se ven situaciones parecidas”, explicó el referente de una facción disidente en ATE. Y agregó: “son muchos los ministerios que en vez de contratar personal tercerizan con empresas, y son muchísimos empleados que brindan servicios al Estado pero no hay ningún sindicato o gremio que pueda defenderlos porque están desprotegidos”.