27 Febrero 2020
Hace un año, agrupaciones feministas encabezaron una marcha en las oficinas del Siprosa para protestar por la situación de la niña de 11 años que fue sometida a una microcesárea luego de ser abusada por la pareja de su abuela. LA GACETA / Foto de Juan Pablo Sánchez Noli.
El 27 de febrero de 2019 a medianoche, y en un clima de hermetismo y tensión, “Lucía” ingresó al quirófano del Hospital del Este. Allí, dos ginecólogos particulares, José Gijena y Cecilia Ousset, practicaron una cesárea a la niña de 11 años abusada sexualmente por su abuelastro, Eliseo Víctor Amaya. Un año más tarde, la Justicia penal condenó a 18 años de prisión al violador, pero, según dos organizaciones de derechos humanos vinculadas a esta historia, el Estado todavía tiene deudas pendientes con “Lucía”.
Mediante un comunicado conjunto, las ONG Andhes y Cladem exigieron, por un lado, el esclarecimiento de las responsabilidades de las autoridades estatales que trataron a la nena y, por el otro, el “fin de la persecución” hacia los médicos que materializaron su voluntad de interrumpir el embarazo producido por el abuso.
“En el caso de Lucía, numerosos actores del Sistema Provincial de Salud (Siprosa) actuaron activamente para impedir que pudiera acceder a la interrupción legal del embarazo (ILE) y buscaron que lo continuara. El embarazo forzado es tortura”, dijeron Andhes y Cladem.
Hace un año, agrupaciones feministas encabezaron una marcha en las oficinas del Siprosa para protestar por la situación de la niña de 11 años que fue sometida a una microcesárea luego de ser abusada por la pareja de su abuela. LA GACETA / Juan Pablo Sánchez Noli.
Y añadieron que el Estado provincial debían intensificar las políticas públicas tendientes a prevenir el abuso sexual en la niñez: “es necesaria la implementación de educación sexual integral en todos los niveles educativos tanto en establecimientos de gestión pública como de gestión privada y el cumplimiento de las medidas reparatorias ordenadas por la Justicia ya que hasta ahora no hubo avances”.
Los activistas reclamaron también el “cese de los obstáculos y las violencias institucionales que enfrentan las niñas y las adolescentes embarazadas como consecuencia de la violencia sexual”. “También exigimos que se deje de criminalizar la práctica y de perseguir a los profesionales que garantizan derechos”, agregaron.
En particular, llamaron la atención sobre el hecho de que aún permanecía abierta una investigación por el supuesto homicidio de la neonata extraída el 27 de febrero -falleció el 8 de marzo-. “La fiscala Adriana Giannoni criminalizó con su accionar las prácticas de las interrupciones legales del embarazo que están garantizadas desde 1921 en el Código Penal y ratificadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante el fallo ‘FAL’. Tucumán debe adherir al protocolo de la ILE ratificado por el Ministerio de Salud de la Nación”, exigieron Cladem y Andhes.
En la evaluación de lo ocurrido a partir de la divulgación del caso de Lucía, las ONG destacaron positivamente dos pronunciamientos emitidos por la jueza de Familia de la capital, Valeria Brand. “La Justicia provincial emitió dos fallos históricos: por un lado, ordenó al Registro Civil que refleje la inexistencia de la voluntad de procrear de Lucía en el acta de nacimiento y de defunción de la neonata. También dispuso que el Estado cumpla con una serie de medidas de reparación: una casa para la niña, tratamiento psicológico y un empleo público para su madre”, recordaron.
Hace un año, agrupaciones feministas encabezaron una marcha en las oficinas del Siprosa para protestar por la situación de la niña de 11 años que fue sometida a una microcesárea luego de ser abusada por la pareja de su abuela. LA GACETA / Juan Pablo Sánchez Noli.
Andhes y Cladem asimismo elogiaron que la Justicia penal no sólo haya condenado al violador, sino que también procuró enmendar el daño y dar garantías de que no volverá a repetirse.
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