Marcelo Sánchez, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), rechazó haber incurrido en una incompatibilidad legal por acumular un empleo en el Poder Legislativo y un cargo de subsecretario en el Poder Ejecutivo, institución con la que, en su condición de representante sindical, debe negociar las paritarias.
“Yo tengo una copia de la renuncia por escrito (a la Subsecretaría del Ministerio de Interior) que presenté en enero de 2016, donde consta el sello de ingreso por la mesa de entrada. No sé por qué no se hizo efectiva (la desvinculación)”, explicó ayer ante una consulta de LA GACETA.
El ministro Miguel Acevedo recién formalizó el cese el 17 de febrero pasado (ver imagen), el mismo día en el que el dirigente disidente Gustavo Salas Correa expuso el conflicto de intereses al gobernador Juan Manzur. A continuación, Sánchez envió por WhatsApp una foto de la “dimisión indeclinable” con el margen izquierdo cortado donde aparece un sello que dice “NE 2016” (ver imagen izquierda).
Sánchez aseguró varias veces que, como dimitió en 2016, no llegó a percibir el sueldo de subsecretario. “Nunca cobré nada. Cuando vi la resolución (el cese firmado por Acevedo) busqué la renuncia y la encontré. Tampoco acepté el nuevo nombramiento de 2019: al gobernador le pasan los decretos automáticamente, sin consultar a los nombrados. Puede suceder que el Gobierno designe a un fallecido”, dijo. Y añadió que lo atacaban por tratar de sanear el gremio: “hemos encontrado una entidad devastada, e impulsado denuncias graves contra Martín Rodríguez y Gustavo Salas Correa. Tenían autos de carrera y un hotel, pero las causas penales están paradas en la Justicia”.
Una ayuda a ATE por $ 1,2 millón
El dirigente disidente de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Gustavo Salas Correa, dijo en el pedido de destitución del gobernador Juan Manzur que este había institucionalizado “la dádiva” no sólo al nombrar y ratificar al secretario general del gremio y empleado legislativo, Marcelo Sánchez, como subsecretario de su gestión, sino también por otorgar $ 1,2 millón a ATE. La ayuda (denominada compensación) consta en la Resolución 1.343 que emitió la secretaria general de la Gobernación, Silvia Pérez, el 7 de octubre de 2019.