Por Irene Benito
26 Febrero 2020
Marcelo Sánchez, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y empleado legislativo, formó parte del Gobierno de Juan Manzur con la categoría de subsecretario hasta hace nueve días, cuando el ministro del Interior, Miguel Acevedo, le aceptó la renuncia. Durante más de cuatro años, el representante de los trabajadores estatales acumuló un puesto en la Legislatura y un cargo político en el Poder Ejecutivo (PE), institución con la que debe negociar las paritarias. La incompatibilidad fue detectada y denunciada por el dirigente disidente Gustavo Salas Correa: ipso facto, Acevedo formalizó la desvinculación del Gobierno. Pero Sánchez aseguró que había dimitido en 2016, como acreditaba una copia de la dimisión con el margen izquierdo cortado que envió, y que no percibió sueldos del PE (se informa por separado). El sindicalista había negado su nexo laboral con el Gobierno en la edición del 12 de febrero de LA GACETA.
De la documentación oficial se desprende que el líder de ATE fue nombrado subsecretario del Ministerio de Interior mediante el Decreto 832 que firmaron Manzur y Acevedo el 30 de diciembre de 2015. Este acto dispuso la validez del nombramiento desde la fecha de inicio de la primera gestión. Tras obtener la reelección, el 23 de noviembre de 2019, Manzur y Acevedo ratificaron las designaciones de las segundas líneas del Ministerio del Interior -todos cargos sujetos a la discrecionalidad política-, entre ellas la del entonces subsecretario Sánchez, por medio del Decreto 356/10. Esta decisión da continuidad a nombramientos de diciembre de 2015 (Decreto 832) a partir del 29 de octubre de 2019, que es el día en el que Manzur comenzó su segundo mandato.
Sánchez mantuvo su condición de subsecretario hasta que Salas Correa señaló el conflicto de intereses y la transgresión constitucional a Manzur y a Osvaldo Jaldo, vicegobernador y presidente de la Legislatura. La nota del sindicalista opositor a la conducción de ATE ingresó al PE el 17 de febrero a las 9.45. Ese mismo día, Acevedo firmó la Resolución 208/10 que acepta la renuncia del representante de los trabajadores al cargo de personal del gabinete de su cartera “desde ese mismo día” (ver imagen).
La situación originó a Sánchez una denuncia penal cuya investigación, según el abogado de Salas Correa, Gustavo Morales, está en las manos de la fiscala Mariana Rivadeneira. Además, el 21 de febrero, Salas Correa y su letrado solicitaron a la Legislatura que destituya a Manzur por el mal desempeño de su cargo. Acevedo no pudo ser ubicado ayer, pero la ministra de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse, reiteró que Sánchez a la fecha ya no formaba parte del Gobierno, y dijo que la presentación carecía de sustento y que sólo se trataba de la derivación de una disputa gremial interna (se informa por separado).
El pedido de juicio político reprocha al mandatario que haya designado a Sánchez, pese a que este trabaja desde hace aproximadamente tres décadas en la Legislatura y a que está incurso en una incompatibilidad legal. “Es una violación absoluta del artículo 9 de la Constitución de Tucumán, además de un delito y la demostración del descontrol que hay en el Estado”, dijeron. Y agregaron que a la situación general de “corrupción” se sumaba el $ 1,2 millón otorgado por el Ejecutivo a ATE en octubre (se informa por separado).
La cláusula mencionada de la Carta Magna dispone: “no podrán ser acumulados dos o más empleos a sueldo en una misma persona aun cuando uno sea provincial o municipal, y el otro nacional, con excepción de la docencia e investigación y de los empleos de escala. La ley podrá, atendiendo a las circunstancias, exceptuar a los integrantes de los elencos estables artísticos y culturales. La simple aceptación de un segundo puesto deja vacante el primero, cuando este es provincial o municipal. Si fuera nacional, el segundo nombramiento es nulo”.
Al revés de lo que dice el artículo 9, Sánchez conservó el empleo provincial más antiguo en la Legislatura. Este dirigente se puso al frente de ATE en 2016, cuando murió Raúl Rodríguez, y ganó los comicios el año pasado, aunque Salas Correa sostiene que hubo fraude. Este mes, en el contexto de un roce por las posturas adoptadas ante la suspensión de la cláusula gatillo, Sánchez reconoció que trabajaba en la Legislatura desde hace 31 años. “Tengo que ser empleado del Estado. No puedo estar desocupado y desempeñarme como secretario general del gremio”, dijo. Afirmó que su salario ronda los $ 95.000 y negó ser empleado del Ejecutivo, como aseguraba su rival en ATE.
"Sánchez no forma parte del PE", dice Vargas Aignasse
Miguel Acevedo, ministro de Interior, participó de la designación y confirmación de Marcelo Sánchez, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y empleado de la Legislatura, como subsecretario de su cartera, y le aceptó la renuncia el 17 de febrero pasado, el mismo día en el que el sindicalista opositor Gustavo Salas Correa señaló al gobernador Juan Manzur el conflicto de intereses y la transgresión constitucional (se informa por separado). Pero Acevedo no pudo ser ubicado ayer para comentar el caso y la decisión de Salas Correa de pedir la destitución del mandatario.
Carolina Vargas Aignasse envió la posición del Poder Ejecutivo: “el juicio político interpuesto no es más que una presentación sin sustento, y la derivación de una interna gremial que debe ser resuelta por las vías naturales, y no mediante el involucramiento de la cuestión política e institucional. A la fecha, el señor Sánchez no pertenece a la planta laboral del Poder Ejecutivo en virtud de la renuncia presentada. De dicha situación se notificó inmediatamente al Poder Judicial a tenor de lo requerido por un oficio. E igualmente nos pondremos a disposición y procederemos, como siempre lo hicimos, en cada cuestión que la Justicia nos requiera”.
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