Momentos de tensión entre las partes en el juicio “Operativo Independencia”

La tercera audiencia de este año en el juicio en el que se juzga a 25 militares y policías por 336 crímenes cometidos durante el Operativo Independencia, tuvo cruces tensos entre la acusación y la defensa de los imputados por secuestros, torturas y asesinatos perpetrados en un período previo al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

Los seis testigos que pasaron ante el Tribunal Oral Federal volvieron a hablar de su roce con el dolor y la muerte. Todos ellos ya habían prestado testimonio en juicios anteriores, por lo que ampliaron su declaración en cuestiones específicas. Pasaron, así, la hermana de un adolescente de 16 años al que se llevaron cinco veces para evitar que declarara; un médico al que persiguieron hasta Bolivia; un secuestrado que pensaba en arrancarse la venda de los ojos y correr, no para escapar, sino para que le dieran un tiro que termine con el dolor de la tortura; un hombre de 47 años que vio por última vez a su padre cuando tenía cuatro años, y que hace poco recuperó de él el cráneo con un agujero de bala en el frente.

El último tramo de la audiencia estuvo marcado por el comportamiento de Luis Armando De Cándido, imputado como presunto partícipe necesario en este juicio y ya condenado en los juicios “Operativo Independencia I”, “Arsenales II-Jefatura II” y “Jefatura I”, y que actualmente cumple condena en prisión domiciliaria.

El acusado, visiblemente alterado, se levantó de su silla, en sector ubicado a la derecha de los jueces, e increpó a Raúl Edgardo Elías, que lo había nombrado como uno de los responsables de su secuestro en la Jefatura de Policìa, uno de los lugares identificados como centros de detención clandestina y de torturas durante el Operativo Independencia.

“Una noche no aguantaba más, quería sacarme la venda y correr, no porque me fuera a escapar, sino porque quería que me pegaran un tiro”, contó el testigo.

A los gritos, De Cándido dijo que Elías “nunca estuvo detenido” y aseguró que todo lo que el testigo había tenido era un problema personal con el entonces jefe de la Policía, Albino Mario Zimmerman. Negó haber usurpado la casa “donde funcionaba la peña de Montoneros” (se refiere a la casa de Chacabuco 478, hoy convertida en Sitio de Memoria) delito por el que fue condenado.

“Tampoco -sostuvo- tengo nada que ver con el caso de Dardo Molina”, por el que señaló a Roberto Heriberto Albornoz, ya fallecido. Las palabras fueron subiendo de tono, hasta que Pablo Gargiulo, representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de querellas particulares, le pidió que pasara a declarar. “Le pido al imputado que se siente donde corresponde y diga lo que está diciendo fuera de micrófono: qué sabe de mi padre”, le reclamó Gargiulo (su padre, Héctor Gargiulo, fue secuestrado junto a su madre, Carmen Gómez, el 5 de marzo de 1976). El defensor oficial Edgardo Bertini, intentó zanjar la cuestión diciendo que De Cándido no declara.

El médico Juan Masaguer, que en 1976 era estudiante de Medicina, militante peronista y presidente del centro de estudiantes de su facultad, contó que su familia vivía en Alderetes, pero que él no volvía a su casa por “cuestiones de seguridad”, porque ya había sido amenazado por la Triple A, hasta que tuvo que exiliarse, junto con su familia, en Bolivia, cuando una hermana de su madre, María Esther Silva, fue secuestrada.

A pesar de estar lejos del país, Masaguer sufrió amenazas y, en 1981, un intento de secuestro. “Me fue a buscar un teniente Feldman, pero quiso la suerte que tuvieran mal mis datos. Buscaban a un médico de apellido que empezaba con M, y por ello fueron a lo de otro profesional, que me avisó y pude escapar a Brasil”, contó. La audiencia de ayer fue la última de la semana. El tribunal llamó a un cuarto intermedio hasta el jueves próximo, a las 9.30, en la sala de Crisóstomo Álvarez y Chacabuco.