La urbanización descontrolada en el El Pelao fue detenida con la fuerza de la ley. Después de que un grupo de 30 vecinos denunciara la “desnaturalización” de la ladera que desemboca en el arroyo Los Morales, la Legislatura suspendió por un año el fraccionamiento de terrenos y la construcción de viviendas en ese cerro de El Mollar. Los representantes tucumanos buscan así poner fin al crecimiento descontrolado del negocio inmobiliario y la consiguiente edificación caótica, sin fiscalización ni estudios de impacto ambiental y arqueológico.
La emergencia en El Pelao apareció en el tercer lugar del orden del día de la sesión extraordinaria de ayer, y su discusión duró 40 minutos. La primera palabra la tuvo Regino Amado. “Durante el año de suspensión la Fiscalía de Estado, la Dirección de Catastro, la Municipalidad de Tafí del Valle, la Comuna de El Mollar y la sociedad civil deberán trabajar para preservar este bello paisaje y su arquitectura ancestral”, anticipó el presidente subrogante de la Legislatura, autor de la iniciativa e informante de la Comisión de Medio Ambiente.
Facultades comunales
La ley declara la emergencia ambiental y ecológica de El Pelao, donde establece además una zona de protección arqueológica. Amado observó que su objetivo fue impedir la urbanización irracional de ese sector del valle y subsanar así los límites del poder comunal: “esta zona pertenece a la jurisdicción de El Mollar, pero está a 15 kilómetros de allí y a solo dos de Tafí del Valle. A la comuna le resulta difícil prestar los servicios”.
En consecuencia, el alfarista Walter Berarducci propuso prohibir que los delegados comunales otorguen permisos de edificación. “Tenemos que ir contra esa facultad -alertó-. Creo que es lo adecuado y lo más efectivo, y que no tendría tachas constitucionales”.
Sin embargo, el manzurista Carlos Gómez acusó a Berarducci de pertenecer a la “escuela política de las épocas oscuras”. “El delegado es electo por voluntad popular y deberíamos darle herramientas para que controle, no quitárselas como en una intervención”, se quejó. Luego la idea de Berarducci no prosperó.
El eje: la propiedad
La primera versión del artículo 2 de la ley aprobada ayer prohibía el comercio de terrenos en El Pelao, pero Raúl Pellegrini, de Vamos Tucumán, advirtió que su aprobación violaría la propiedad privada. Así surgió la versión final, que no hace referencia a la comercialización y recibió el apoyo de oficialistas (en las voces de Jorge Yapura Astorga y Roque Álvarez) y opositores (en las de Pellegrini y José Ricardo Ascárate). Mientras tanto, los vecinos de El Pelao esperan que ahora la comuna actúe para que esta ley no se convierta en letra muerta.
Cuidar el patrimonio
Regino Amado defendió su proyecto
“La emergencia ecológica y ambiental de El Pelao busca impedir que continúe la urbanización irracional de ese sector del valle. Esta zona pertenece a la jurisdicción de El Mollar, pero está a 15 kilómetros de allí y a solo dos de Tafí del Valle. A la comuna le resulta difícil prestar los servicios, sabemos de las limitaciones que padece el delegado comunal y que el municipio de Tafí se ocupa de los servicios. Y también sabemos que a los propietarios, los residentes y los veraneantes les resulta difícil hacer trámites. Así que a su tiempo deberemos tratar la posibilidad de modificar los límites del poder comunal, aunque ya hay un proyecto sobre esto de (Jorge) Yapura Astorga. También hay que trabajar en la distribución de agua potable. Solo así cuidaremos el patrimonio ancestral de El Pelao y evitaremos males mayores por ocurrencias climáticas. Debemos trabajar entre todos para proveer mejores servicios en el futuro”.
Los límites del municipio
Yapura Astorga impulsa la anexión
“Hay mucho por hablar sobre el tema. Si bien lo apoyo, este proyecto sólo es una curita en medio de toda la problemática que hay en los Valles. Coincido con que la emergencia en El Pelao es sólo la punta del iceberg. Todo se solucionaría de una manera muy simple con la aprobación del proyecto que busca ampliar los límites del municipio de Tafí del Valle sobre el cerro. Tiene el visto bueno de Catastro. Debemos tratarlo cuanto antes para llegar a una solución más profunda.
Podemos hablar de la composición del terreno, de muchos aspectos... Tenemos que tener la visión suficiente para seguir conservando el patrimonio del lugar. Hay muchos asuntos sobre el tapete en Tafí. Y, si bien creo que esta ley es un punto importante, no vayamos a vulnerar el derecho a propiedad de todas las personas que poseen un terreno en El Pelao. No podemos pretender modificar lo que les corresponde. Hoy, Tafí del Valle es un municipio turístico de primera categoría.
Limitar a los delegados
Walter Berarducci pidió más puntos
“Creo que también es importante mirar hacia el pasado porque ya declaramos otras emergencias y necesitamos antecedentes. Pienso que el área de Comunas Rurales del Poder Ejecutivo debe estar más presente, debe trabajar más. Comparto que el artículo 2 debe ser modificado, pero pienso que hay que ver cuáles son las facultades de las comunas. ¿Quién debe estar autorizado por la ley para dar permisos? Hay que ver de limitar la facultad del delegado en ese sentido, tenemos que ir contra esa facultad. Creo que es lo adecuado y lo más efectivo, y que no tendría tachas constitucionales. Esta propuesta no debería afectar solo a El Mollar, sino a toda la provincia. Tampoco creo que debamos esperar un año para hacer un código de edificación, sino que ahora deberíamos actuar para que esta joya no sea destruida nunca más y no solo para suspender su destrucción durante el próximo año”.
El iceberg ambiental
Raúl Pellegrini, crítico con sus pares
“Este tema es la punta del iceberg del problema ambiental de la Provincia de Tucumán. Los Valles Calchaquíes y el pedemonte están en emergencia ambiental y ecológica desde hace tiempo y sin lugar a dudas, y uno se pregunta por qué no se actuó mucho antes, aunque me parece muy bien que al fin el legislador (Regino Amado) haya planteado esto, haya hecho un llamado de atención sobre el significado de El Pelao y del valle en general. También creo que este es un debate muy complejo y que deberíamos modificar el artículo 2, que plantea ‘prohibir la venta’ de terrenos. Guste o no, la propiedad privada es aquí el eje del debate. Así que propongo la siguiente modificación: ‘suspéndase el fraccionamiento y urbanización de terrenos y la construcción de viviendas u obras edilicias de cualquier tipo en la zona indicada en el artículo 1 por el término de un año’”.
Apoyar a los delegados
Carlos Gómez le contestó a Berarducci
“La situación en El Pelao se ha tornado muy preocupante y por eso felicito a Regino (Amado) por su propuesta: no podemos dejar pasar por alto estas cosas, pero tenemos que ver cómo las solucionamos sin sobrepasar algunos límites. Nos hablaron de un desgobierno, pero tenemos que trabajar mancomunadamente, sin quitarles facultades a los delegados comunales ni al ministro del Interior. Esa idea (la propuesta de Walter Berarducci para limitar la facultad de los delegados comunales sobre permisos de urbanización) es de la escuela política de las épocas oscuras.
El delegado es electo por voluntad popular y deberíamos darle herramientas para que controle, no quitárselas como en una intervención. Ponerle límites para resolver los problemas de su comunidad es una equivocación. Los delegados deben ser respetados para que puedan llevar soluciones a sus comunidades”.
Divisoria de aguas
José Ascárate alertó sobre los riesgos
“Hablamos de una divisoria de aguas hacia dos quebradas: la que está al norte, que es la Quebrada de Sosa, y la que está la sur, que es la continuidad de la Quebrada del Portugués y pasa por Las Carreras. En el medio está El Pelao, cuyo suelo es distinto. Lo grave de hacer urbanización sobre él es que no hay tratamiento de aguas: cuando se cava un nuevo pozo ciego, se entra en rocas sedimentadas de ripio y arena. Entonces, en poco tiempo hay riesgo de derrumbe, de que una lluvia torrencial provoque un aluvión, como sucede con los volcanes. Por otra parte, coincido con Pellegrini cuando advierte sobre la prohibición de la venta. Hay que prohibir el fraccionamiento y la urbanización, más que la comercialización, porque tenemos que evitar que después vengan propietarios con planteos de inconstitucionalidad. Como legisladores tenemos que adelantarnos a las demanas que pueden producirse”.