Empieza la feria de jubilaciones judiciales

El proyecto de reforma de las jubilaciones que el Gobierno nacional envió al Congreso este viernes podría abrir de un tirón la compuerta de los Tribunales de “Trucumán”. A grandes trazos, están en condiciones de salir por allí todos los jueces, fiscales y defensores oficiales nombrados hasta en el primer mandato de José Alperovich, incluido el vocal decano de la Corte, Antonio Daniel Estofán, y con el camarista longevo Osvaldo Pedernera a la cabeza. Otro tanto sucedería en la Justicia Federal con asiento en la provincia, donde, para colmo, rige el tope constitucional de los 75 años para el desempeño de la magistratura con excepción de las designaciones previas a 1994, como la del patriarca Ricardo Sanjuán. En el foro especulan que para los togados no hay aliciente mayor para pasar al sector pasivo que el temor a perder los provechos del régimen de movilidad y de aportes actuales, y el umbral de las seis décadas de edad en el caso de las mujeres. Este miedo tiene la aptitud para desencadenar, en lo inmediato, una feria de jubilaciones en la Justicia.

La proyección de una ola de retiros con el beneficio del 82% móvil en vigor encuentra asidero en el aumento de los trámites en la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) registrado a partir de 2017, cuando comenzaron a circular las versiones de reforma. La mayoría de los jueces locales que estaban en condiciones de irse en aquel año ya ejecutaron la decisión. Otros se dedicaron a asegurar la mejor posición ante el Tesoro de la Nación sin abandonar los cargos con remuneraciones astronómicas y sus ventajas conexas: seis semanas de vacaciones; exención de ganancias para los que ingresaron antes de enero de 2017; controles laxos de la calidad del desempeño, entre muchos otros atributos de un poder vitalicio. Estos previsores son los que hoy leen las noticias con aflicción puesto que en la Argentina de la inseguridad jurídica no hay nada más discutible que los derechos adquiridos. Si el Congreso sancionara la iniciativa presidencial, los magistrados que tramitaron su jubilación con las reglas anteriores quedarían a expensas de los criterios interpretativos de la Anses. Y cualquier juez sabe bien lo que implica pleitear contra ese monopolio.

Párrafo aparte merece la situación de los funcionarios de las unidades de apoyo de los Tribunales que encontraron el vericueto a la normativa y, con la soga que le tendió la familia judicial, consiguieron entrar en el esquema de excepción previsto para los jueces. A los miembros de esos estamentos que no imparten justicia, sino que coadyuvan con la administración y la organización se les viene la noche, como se decía antes. Es vox pópuli cuánto había tensado la cuerda para percibir los haberes de sus jefes el personal de cierta jerarquía que incluso carecía de título universitario, no ya del certificado de abogado. El retoque promovido por la Casa Rosada termina con ese festival de jubilaciones “premium”: si prospera, sólo podrán acceder a él los máximos responsables de cada oficina jurisdiccional.

Aunque es comprensible que después de una vida de servicio los jueces quieran percibir el mayor ingreso posible, como cualquier otro trabajador, la potencial oleada de renuncias acarreará la renovación consecuente del elenco, mas no necesariamente un incremento de la integridad institucional ni de los niveles vapuleados de independencia. El caso testigo de esa paradoja es la Cámara en lo Contencioso Administrativo, el órgano que más objeciones impuso al “vamos por todo” de Alperovich. Con algunos matices, ese cuerpo con tres salas había logrado mantener una composición a prueba de los vaivenes políticos. Ese blindaje ya es historia, como lo demuestra la incorporación en 2018 de Juan Ricardo Acosta a la Sala I que en 2015 llegó a declarar -fugazmente- la nulidad de las primeras elecciones ganadas por la fórmula gobernante. Acosta hizo carrera en la cartera de Salud que encabezó el gobernador Juan Manzur y era subinterventor del Subsidio, la obra social pública, cuando, previo concurso, el jefe de Estado lo destinó al tribunal cuya mayor carga de trabajo consiste, justamente, en resolver los conflictos por las coberturas que plantean los afiliados del organismo sanitario. Un par de meses después de llegar al despacho que había pertenecido al retirado Salvador Ruiz, Acosta y el vocal ya jubilado Horacio Castellanos concretaron la hazaña de fulminar la cláusula constitucional agregada en 2006 -por la Convención que presidió Manzur- y adelantaron las elecciones de 2019, tal y como pedían los massistas y aliados al oficialismo, Víctor Arias y Mariela Martín Domenichelli.

Aquella decisión electoral implicó para los sectores opositores e independientes la confirmación de la afiliación política de Acosta, y la ruptura de la línea crítica que, con sus bemoles, había distinguido a la Cámara en lo Contencioso Administrativo. El gremialista Gustavo Salas Correa recordó la semana pasada ese antecedente luego de que aquel camarista le denegara una cautelar contra la suspensión de la cláusula gatillo: según la recusación presentada, Acosta está en la Justicia para defender los intereses de su ex superior en el Ejecutivo.

La experiencia del reemplazo del ex camarista Ruiz es una muestra de la lógica que tal vez aplique Manzur para cubrir las vacantes venideras en ese fuero estratégico para el control de sus decisiones. La jubilación con el beneficio del 82% móvil de Castellanos permitirá en un plazo brevísimo al gobernador llenar el otro cargo vacante de la Sala I y lograr lo que ninguno de sus antecesores de las últimas décadas: conformar un tribunal entero en esa órbita crítica para el manejo del Estado. El premio mayor, sin embargo, es el que viene debido a que la integración de la combativa Sala II también está por pasar a la historia. Carlos Giovanniello ya dijo que se va y Rodolfo Novillo prepara su partida desde hace casi tres años. Son novedades previsionales que alimentan las dudas sobre la reputación futura de la Justicia, y deleitan a los que pretenden mandar emancipados de los principios y límites republicanos.