La urbanización descontrolada erosiona el cerro El Pelao

A lo lejos, El Pelao aparece como una montaña devorada por las casas y los caminos. De cerca, la percepción del cerro se esfuma y en su lugar emerge el reino de la irregularidad. El catálogo de anomalías identificables incluye caminos tortuosos y agrietados; huellas y erosiones; socavones y canales; terrenos “excavados” de 10 por 20 metros; viviendas ubicadas sobre cornisas y precipicios; cursos de agua alambrados; sitios arqueológicos dejados a la buena de Dios y una infraestructura precarísima. El caos traspasa las fronteras imaginables, como si El Pelao hubiese sido elegido para consumar la pesadilla de la naturaleza. Este desastre ambiental, urbanístico y cultural es tan evidente que nadie se atreve a desmentirlo: está a la vista en el mismísimo centro del paradisíaco Valle de Tafí.

El destrozo llegó hasta el punto de que un grupo de alrededor de 30 residentes de la ladera que desemboca en el arroyo de Los Morales (figura como río Las Carreras en Google Maps) se organizó para frenar la depredación. La suya es una posición más que incómoda puesto que los propios vecinos relatan que las autoridades los culpabilizan por los reclamos que ellos les plantean. En términos coloquiales, les devuelven la pelotita: es un partido de tenis que lleva más de una década, y que no impidió el avance del desaguisado sobre un área geológica de altísimo valor. “Esto no da para más”, aseguran Rita Zabala, Isabel Rodríguez, Segundo Correa y Ricardo Antonio Buffo, integrantes la organización vecinal.

La dinámica de denuncias sin solución pone de manifiesto la regla que impera en el cerro: la iniciativa particular carece de límites estatales y, por ende, hay una presencia débil de lo público. El origen de esa ausencia es el detalle de que, aunque está más cerca de la Municipalidad de Tafí, El Pelao pertenece a la jurisdicción de la Comuna de El Mollar. En la práctica, ningún organismo controla el despedazamiento ni existe acuerdo sobre cómo revertir este abandono: mientras el intendente Francisco Caliva plantea la estrategia de hacer un acuerdo con la Comuna a cargo de Jorge Cruz, este se opone a perder el territorio y exige el fortalecimiento de El Mollar. En paralelo, el ex jefe municipal y legislador oficialista Jorge Yapura Astorga presentó un proyecto de ley para anexar El Pelao a Tafí.

En El Pelao manda la ilegalidad. Sin importar la antigüedad, los vecinos carecen de títulos -tienen sólo derechos posesorios-, y edifican sin planos fiscalizados, ni los estudios de impacto ambiental y arqueológico que exige la normativa. Hasta la provisión de agua está enturbiada por la intervención de la Cooperativa Integral de Agua Potable La Ovejería ligada a Juan Reyes, el ex concejal tafinisto que actuó como la cara visible del negocio inmobiliario y al que los dedos apuntan por parcelamientos irracionales. Lo del agua potable es un eufemismo: los vecinos de Los Morales compran la que consumen o cargan bidones en la vertiente. Por su parte Reyes dice que sólo fue intermediario de la familia propietaria Frías Silva y del ingeniero fallecido Miguel Ángel Frontini, que actuó a su vez como agrimensor, y que él entregó la cooperativa a su sobrino, Humberto Reyes. Hernán Frías Silva expresa, por su cuenta, que vendió lotes de 1.500 metros y propició un orden; que hace casi dos décadas cesó su participación en El Pelao, y que no es responsable por el desmadre actual, ni por el fraccionamiento que pudo haber hecho Reyes con los metros que recibió en forma de pago por su labor en el tendido del agua y de la luz.

“Desnaturalización”

“Hace 20 años, cuando llegué al arroyo de Los Morales, estaba sola: no había un solo alambrado en todo el cerro ni una construcción. Yo le compré mi casa a Juan Reyes”, relata Zabala y agrega que presenció la “desnaturalización de la montaña”. “Al principio pensaba que El Pelao era un lugar perfecto. Pero recuerdo que pregunté si arriba nuestro alguien podía construir y que todos me dijeron ‘¡no! ¡Es imposible!’. Y miren lo que pasó”, narra Rodríguez, que se estableció en el cerro cuatro años atrás junto a su esposo monterizo Correa.

Tanto ella como Zabala advierten que el deterioro empeoró hasta el punto de que edificaron en los caminos de sirga: no sólo cercaron un bien público (el lecho de un afluente del río), sino que se pusieron en el ojo de las crecidas. Y por encima entrevén una degradación del suelo y de la pendiente que, sumada al incremento de las lluvias, anuncia derrumbes. “Vivimos en un cerro que en cualquier momento se nos cae encima”, coinciden.

A diferencia de otras zonas de Tafí, que se encarecieron, El Pelao presentaba -y aún presenta- parcelas baratas. Eso explica la rapidez de su poblamiento: claro que, como aducen los residentes de Los Morales, muchos compradores no sabían a dónde se estaban metiendo; ni que pronto les iban a tapar las visuales que los habían deslumbrado; ni que para acceder a las casas tendrían que pelear con una cuesta en pésimo estado y hasta pagar sus propios caminos; ni que se quedarían sin río; ni que las motos les arrebatarían el silencio; ni que comenzarían los asentamientos; ni que los niños perderían los espacios verdes; ni que recibirían servicios públicos de segunda o de tercera, como el agua sin filtrar que provee la cooperativa de los Reyes, que cobra una tarifa y, a cambio, entrega un recibo informal. En definitiva, que lo barato saldría caro en términos de tranquilidad y de convivencia.

Los miedos a los efectos del descontrol y a las inclemencias del clima activaron la conciencia, y Zabala cuenta que, al cabo de un tiempo, los residentes comenzaron a preguntarse qué podían hacer para detener el daño que amenaza con llevárselos por delante. “Yo estoy entre los primeros que hizo la macana. Cometí un error y pongo la cara. Ahora debemos modificar esto para el bien de todos”, confirma Buffo.

Catástrofe por venir

Las gestiones del grupo ante la Municipalidad se toparon con el justificativo de que El Pelao era un tema de El Mollar. Ese justificativo tiene sus bemoles porque, por ejemplo, todos pagan la luz y las tasas en Tafí, y Zabala incluso vota en esa ciudad en función del domicilio que consta en el DNI. “Elijo a representantes que no pueden representarme”, precisa. Rodríguez agrega: “no existimos para los gobernantes. Esto nos genera una gran angustia porque ni siquiera tenemos una ventanilla a la que acudir”. Corrobora el desgaste el cúmulo de actuaciones policiales y de notas dirigidas a diferentes dependencias, inclusive a la Dirección de Patrimonio del Ente de Cultura de la provincia por la preservación de las ruinas que analizaron mediante el estudio que firmó el arqueólogo Osvaldo Díaz.

“Se lavan las manos y nos mandan de un lado al otro. Nos toman el pelo, pese a que hay leyes que el Estado debe hacer cumplir. Encima, nos reprochan que compramos en falta. Las víctimas somos los victimarios”, opina Correa. Ante la falta de respuesta de los funcionarios, los vecinos armaron una especie de patrulla de vigilancia. Cada vez que ven que alguien rompe en la parte de los vestigios, se acercan y le exhiben el estudio de Díaz. Por Facebook y WhatsApp se pasan las novedades: “se oye una máquina”; “están alambrando”, etcétera.

“Ponemos en riesgo nuestra seguridad personal, y vamos y hacemos una interpelación”, explican. La última vez lograron detener la colocación de una casilla en un “balcón” ínfimo porque, según cuentan, se plantaron ante el intendente Caliva.

La inacción del Estado lleva a Rodríguez, Zabala, Correa y Buffo a conjeturar con la existencia de un entramado oscuro de intereses. Y anticipan la necesidad de judicializar “esta negligencia total”, que incluye roces y peligros que bordean la “justicia por mano propia”. Según su criterio y  su experiencia, lo peor está por venir. Como si en algún lado estuviese escrito que la naturaleza vengará, por medio de una catástrofe, el envilecimiento de este cerro inocente devenido en reino de la irregularidad.

Juan Reyes - ex edil de Tafí del Valle

“Mucha gente se confunde conmigo: yo no soy el dueño del cerro”

Juan Reyes, ex edil justicialista de Tafí del Valle, se despega de la devastación de El Pelao. “Mucha gente se confunde conmigo: yo no soy el dueño del cerro”, dice a LA GACETA durante un diálogo en la estación de servicios de la avenida Perón. Aunque primero acepta ser fotografiado, después pide que las imágenes no sean publicadas con el argumento de que él ya no es la figura pública que fue. “Gracias a Dios y a la Virgen he sido concejal 16 años. Pregunte quién he sido yo, y qué es lo que he hecho para la gente y la comunidad”, invita.

-La gente le atribuye a usted el negocio inmobiliario que desnaturalizó a El Pelao...

-Muchos se confunden conmigo. Yo no soy el dueño de la tierra ni del cerro. Sí me encargaron, algunas veces, la venta y me daban una comisión del 2%, que no es nada. Los dueños de los terrenos que están vendiendo ahí son los Frías Silva y los descendientes del ingeniero (Miguel Ángel) Frontini. Yo le digo ante Dios y la Virgen de Guadalupe, porque soy muy religioso hasta el punto de que el monumento que está ahí (entre La Banda y La Ovejería) es mío, que no soy dueño de El Pelao ni  lo he sido. Vean las firmas. Por el trabajo me dieron unos 1.000 o 2.000 metros, pero no soy el dueño. Lo diré claramente una y otra vez. Investiguen: yo hice ventas a porcentaje como cualquiera, pero ya no. No sé quién es la persona que la equivocó a usted. Puede preguntar por mí en la base indígena de La Banda y ellos le van a decir que no miento.

-¿Está conforme con lo que pasó en El Pelao?

-No sé si lo estoy o no. Realmente creo que la Municipalidad de Tafí nunca ha tenido la capacidad de emplear a la gente que trabajó en las construcciones de El Pelao, que son más de 1.000 personas. No sé cómo explicarle…

-¿Pero le parece bien la forma en la que creció?

-Tampoco les indiqué a los dueños cómo hacer los caminos: ellos hicieron todo y se llevaron el dinero. Por supuesto que no estoy conforme, pero lo mismo pasó en otros lugares, que compraron 2.000 metros y los repartieron, aunque estaba prohibido por la normativa. No sé qué más me quiere preguntar.

-¿No vio el parcelamiento de El Pelao?

-Sí, sí... A mí me gustaría que entreviste a los dueños. Averigüe por sus propios medios, así como está hablando conmigo, porque los conocen todos. Que vayan a la Justicia, que para eso existe. Yo no hice nada mal y, por el contrario, hice mucho bien.

-¿Usted da el agua en el cerro?

-Hay una cooperativa. Usted sabe mejor que yo que no se puede mezquinar el agua a nadie. A uno lo pueden llevar a juicio por eso. Ya no estoy trabajando tanto en el agua, sino que está mi sobrino, Humberto Reyes.

-¿En qué trabaja ahora?

-Mire, son muchas preguntas. Es lo mismo que yo le pregunte a usted qué ropa tiene puesta. Está equivocada usted: eso es algo privado mío. No soy ratero ni ando pidiendo. Vea mis manos: soy gente de trabajo y nativo de Tafí del Valle. Vengo de una pobreza muy grande; pelé caña en el ex ingenio Santa Lucía y nadie me ha regalado nada.

Hernán Frías Silva - ex propietario

“A Reyes le pagué con tierra y no tengo nada que ver con su fraccionamiento”

Hernán Frías Silva dice que el asunto de El Pelao terminó para él hace casi dos décadas, cuando acordó con sus primos hermanos la distribución del cerro que pertenecía a su abuelo, José Frías Silva.

El abogado relata que, en la parte que a él le tocó, propició un desarrollo ordenado en la montaña y en la caminería principal; que vendió lotes mínimos de 1.500 metros cuadrados, y que contrató al ex edil Juan Reyes para tender la red de agua y de luz. “Él tenía una empresa constructora que hacía obras públicas. A Reyes le pagué con tierra en la ladera conocida como arroyo de Los Morales. No tengo nada que ver su fraccionamiento irracional”, afirma en un diálogo telefónico con LA GACETA.

Frías Silva calcula que entre vivos y difuntos había alrededor de 300 herederos del territorio de El Pelao, y que, por las dificultades que presentaba el juicio sucesorio, optaron por cerrar convenios particulares. “Por eso nadie pudo dar escritura y los que compraron después tienen que hacer el pleito de la prescripción adquisitiva. El ingeniero fallecido Miguel Ángel Frontini recibió la parte de atrás del cerro por su trabajo como agrimensor”. Y agrega que Reyes, además de una parte de la tierra, se quedó con la distribución del agua por medio de la Cooperativa Integral de Agua Potable La Ovejería, que todavía cumple esa función.

“No es cosa mía lo que hizo Reyes con su tierra. No he autorizado las subdivisiones que se ven y no es cierto lo que él dice (acerca de que sólo actuó en el negocio como comisionista)”, refiere Frías Silva. Si bien destaca el convenio formalizado respecto de El Pelao con la Comunidad Indígena del Pueblo Diaguita del Valle de Tafí, admite que el desarrollo inmobiliario del cerro deja que desear.

“En los espacios altos, que son los que manejamos nosotros, se ve algo mejor que lo que sucedió en los laterales y en los terrenos bajos, donde está el arroyo de Los Morales. Se hizo lo que se pudo en ese momento. Cada uno salió a vender lo que tenía. Insisto que desde 2003 no tengo nada que ver”, enfatiza.

Según su criterio, el problema jurisdiccional complicó las cosas. “El Pelao es de El Mollar, pero la Comuna no puede manejar lo que está a tres cuadras de la plaza. Calcule en qué situación queda lo de la otra punta. Pero no había ningún impedimento para vender los lotes. Le diría que el 70% o el 80% del parcelamiento se hizo sin intervención de las autoridades públicas”, expresa Frías Silva. Y acota que, para comenzar a revertir la desorganización, el manejo del agua de El Pelao debería pasar de los Reyes a la SAT o al Sepapys (Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento). “Se ha desordenado mucho el cerro. No tengo ninguna responsabilidad con eso salvo en el origen. He tratado de plasmar un orden en la parte que me correspondió. El contexto actual sí justifica la intervención del Estado. Realmente nos preocupa lo que vaya a suceder porque El Pelao es de todos”, finaliza.