07 Febrero 2020
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“A los locales bailables se les exigirá tener por lo menos a dos efectivos policiales afuera, además de los patovicas. También les vamos a requerir a los boliches que cuenten con cámaras de vigilancia, para poder tener registros de los violentos”, advirtió José Ardiles, subsecretario de Seguridad de la provincia, quien ayer se reunió con el legislador Gerónimo Vargas Aignasse para elaborar un proyecto de ley que regule la actividad de los patovicas y de los empresarios de boliches.
“La idea es que si ocurre un incidente en el boliche, los patovicas intervengan y saquen a los violentos a la calle, para que actúe la Policía. Los conflictivos irán a la comisaría si es necesario”, avisó el subsecretario, quien añadió que los agentes deberán encargarse de dispersar a los jóvenes a la salida de los boliches para garantizar la tranquilidad.
Si el proyecto recibe el visto bueno en el recinto, se aceleraría el trámite para que lo considere el parlamento y para fines de febrero la ley entraría en vigencia, según el funcionario.
“Encaramos este nuevo proyecto, que contempla, además de la situación de los patovicas y de los empresarios de locales bailables, las funciones que deben cumplir la Policía, el IPLA y la Dirección de Agencias. Este ultimo organismo será la autoridad de aplicación de la norma y la encargada de habilitar a los patovicas”, explicó Ardiles.
“Buscamos profesionalizar el rubro de los encargados de seguridad de los locales bailables. La intención es dignificar su trabajo, pero además exigirles ciertos requisitos para ejercer la función”, ilustró el funcionario.
El subsecretario adelantó que los empleados de seguridad de locales bailables deberán cumplir con ciertas exigencias para poder trabajar. Entre otras cosas, no podrán tener causas penales y tampoco podrán ejercer si sufren alguna adicción. Además, “se los va a capacitar para que sepan cómo reaccionar en cada situación”, subrayó el funcionario.
La muerte de Fernando Báez Sosa motivó a tomar cartas en el asunto. ”No queremos que en Tucumán ocurra lo que pasó en Villa Gesell”,
El legislador Gerónimo Vargas Aignasse, a su turno, argumentó que se trata de una ley que regularía la actividad de los boliches y espectáculos. “Será una reforma integral que buscará evitar que pasen cosas como lo ocurrido en Villa Gesell o en Los Ralos, donde no hay responsabilidad de los dueños de los boliches, ni de los policías. No queremos que haya más lesiones ni muertes a la salida de los bailes”, reiteró el legislador. Según aclaró Vargas Aignasse: “no va a ser solo para los boliches. Los espectáculos públicos y privados de gran envergadura también van a tener que contar en la puerta con policías adicionales”.
Por otro lado, desde anoche, el personal de seguridad de los boliches es registrado en una planilla para saber quienés trabajaron en el lugar. “Esto se va a actualizar todas las semanas, ya que los patovicas no trabajan de forma permanente en un lugar sino que a veces van rotando. Esto se está implementando en la capital y entiendo que pronto se va a desarrollar también en las demás ciudades de la provincia”, explicó el jefe de la zonal I, Juan Ibáñez. En la provincia hay unos 50 boliches habilitados y habría unos 50 ilegales.
En qué consiste:
- Los boliches deberán contratar a por menos dos policías.
- Los boliches deberán contar con cámaras de seguridad.
- Se regularizará la actividad de los patovicas.
- La Policía dispersará a la gente al finalizar las fiestas.
- La Ley abarcará boliches y otros espectáculos.
Sin adhesión provincial
Ley nacional de espectáculos públicos
En 2019, El subsecretario de Seguridad, José Ardiles, se reunió con autoridades de la Cámara de Discotecas y Afines Tucumán, para coordinar acciones concretas con el objetivo de garantizar la seguridad integral de los boliches de la provincia. El presidente de la Cámara, Rodolfo Di Pinto, acercó una propuesta basada en la Ley Nacional 26.370 de Espectáculos Públicos y además comunicándoles que la provincia había sancionado la adhesión a la misma, pero que había quedado pendiente su aplicación. “La provincia no está adherida a la ley nacional, porque consideramos que no se ajusta a la idiosincrasia de Tucumán. Por eso encaramos este proyecto”, aclaró Ardiles.
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