Iriarte obtuvo una caja con datos legislativos

Presupuesto Legislativo

Los gastos previstos rubro por rubro, a partir de 2015

De los 10 puntos del cuestionario elevado por el abogado Luis Iriarte a la Legislatura, la mitad estaba enfocada en la elaboración del Presupuesto legislativo, los montos establecidos y el control de la ejecución presupuestaria. Esta es quizás la parte más “jugosa” del informe que se llevó el constitucionalista, puesto que hace años se mantenían en reserva las partidas presupuestarias de la Cámara provincial (ver cifras y los detalles en la infografía).

El vicegobernador Osvaldo Jaldo consignó en la contestación (le entregó una copia a LA GACETA) que “el Presupuesto Provincial se aprueba mediante una ley”, que “se debate y sanciona anualmente” en el recinto, luego del análisis y ratificación de la comisión de Hacienda. “Dicho Presupuesto Provincial incluye el de la Legislatura”, indicó Jaldo. Adjuntó un informe del prosecretario administrativo, Oscar Fiorito, donde se explica el trámite que se le da al anteproyecto de presupuesto legislativo, hasta su aprobación por parte de los legisladores. “De ninguna manera los montos presupuestarios del Poder Legislativo fueron decididos ni exclusiva ni parcialmente por el vicegobernador”, sostuvo Jaldo. En cuanto a la ejecución presupuestaria, señaló que el uso de los recursos está sometido “al control preventivo, concomitante y posterior” del Tribunal de Cuentas. Y sostuvo que la aprobación de la ejecución presupuestaria “está a cargo” del ente de contralor.

Empleados de la Cámara

La respuesta que no dejó “conforme” al abogado

El abogado había solicitado en los puntos 9° y 10° del cuestionario información relativa a “la planta de personal de la Legislatura”. Esta contestación no conformó a Iriarte.

Según la respuesta oficial, el plantel de empleados de la Cámara provincial “está integrado por el personal jerárquico que prevé el reglamento, personal permanente y personal transitorio”. Jaldo señaló que el Reglamento Interno prevé dos modalidades para los “transitorios”: el “personal de bloque”, que se “cubre y remueve” a pedido de cada bloque político (en la actualidad son dos oficialistas, dos opositores y tres “unibloques”); y el personal que asesora a cada legislador, que son “propuestos y dados de baja” a pedido de los parlamentarios. En todos los casos, señaló Jaldo, cuentan con legajos y sus pagos están bancarizados. “Siendo que (el vicegobernador) se limita a recibir y a dar trámite a los pedidos de designación que hacen los bloques políticos o los legisladores, esta Presidencia no tiene facultades para intervenir ni difundir las decisiones o solicitudes de designación del personal que corresponden a los señores legisladores”, sostuvo Jaldo. Y afirmó que esta contestación coincide con el criterio de Iriarte en la demanda contra la Carta Magna de 2006. “(Usted) ha incluido como violatorio al principio de división de poderes y un avasallamiento al Poder Legislativo la potestad del vicegobernador para la designación del personal de la Legislatura”, indicó.

Los haberes por dieta

¿Cómo se determina cuánto cobran los legisladores?

Iriarte había solicitado informes en cuatro apartados sobre el mecanismo para determinar la dieta, única remuneración prevista en la Constitución para los legisladores. En su respuesta, Jaldo explicó que el monto “ha venido siendo actualizado siguiendo idénticos parámetros que el fijado por Gobierno provincial para el personal del sector estatal”. Según el vicegobernador, el mecanismo “no ha sufrido modificaciones” luego de la sentencia de la Corte que le había dado la razón a Iriarte en cuanto a la inconstitucionalidad del atributo del vicegobernador para determinar los haberes parlamentarios. Para fundamentar sus dichos, Jaldo entregó informes firmados por el prosecretario Fiorito y por el área de Administración de Personal. Allí consta la evolución de la dieta, que pasó de $35.000 brutos en 2015 a $158.000 brutos en octubre de 2019. Cada monto está acompañado por el incremento salarial dictado por el Estado (incluida la “cláusula gatillo”). El miércoles, debido a aquel fallo de la Corte, los legisladores tuvieron que ir a sesión para tratar de forma pública la suspensión de eventuales aumentos y la reducción del 10% en sus haberes (ambas medidas de “ajuste” se extenderán por seis meses). Con esto, cada legislador percibirá una dieta “de bolsillo” de $118.000 (incluidos los descuentos de rigor). “Advertirá que el vicegobernador se limita a la aplicación en la Legislatura de los ajustes que el Gobierno provincial fija a todos los empleados públicos”, insistió Jaldo.