Suman seis los planteos ante la Corte por la "cláusula gatillo"

La preocupación entre los gremios judiciales de la provincia por la posibilidad de resultar alcanzados por la suspensión de la “cláusula gatillo” se ve materializada en la cantidad de pedidos de audiencia elevados ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT).

La secretaria adjunta de la delegación local de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación (UEJN), Nélida Alejandra Martínez, solicitó al máximo tribunal una reunión para dialogar sobre el decreto acuerdo 1/1 del Poder Ejecutivo (PE). A través de dicho instrumento, el Gobierno aplazó por tiempo indefinido la última actualización salarial acordada con los sindicatos estatales en las paritarias de 2019.

Según confiaron fuentes tribunalicias a este diario, la presentación de Martínez -formulada con el patrocinio de Gustavo Morales- no corre por cuenta de la rama “oficial” de la UEJN, que conduce la secretaria general María Nélida Paz, y que tramita por su parte una reunión con las autoridades del Poder Judicial.

Al margen de las internas, con la solicitud de la dirigente Martínez ya suman seis los planteos relativos a la “cláusula gatillo” que llegan al máximo tribunal.

Tras la primera semana de 2020, el gobernador Juan Manzur firmó el decreto acuerdo 1/1, que establece una serie de directivas destinadas a la contracción del gasto público. Entre ellas, la suspensión de la actualización salarial correspondiente a la inflación acumulada en octubre, noviembre y diciembre, según los parámetros del Instituto Nacional de Estadística y Censo (Indec). En las paritarias 2019 se había previsto que, por planilla separada, el Estado provincial fuera ajustando los haberes periódicamente. Pero, según el Gobierno, el erario no está en condiciones de afrontar una suba cercana al 10,5% en los salarios estatales (significa unos $600 millones extra por mes).

Los sindicatos que representan a los empleados de la Administración Pública provincial están a la espera del regreso del gobernador (se reincorporaría el lunes). En la Justicia provincial, en tanto, están pendientes de lo que defina la Corte Suprema.

En la semana que pasó, por primera vez en lo que va de enero, el máximo tribunal tuvo en funciones a tres de sus cinco miembros.  Claudia Sbdar (presidenta), Daniel Posse y Eleonora Rodríguez Campos se reincorporaron de sus respectivos descansos, mientras que llegó el turno de la licencia por la feria para los vocales Antonio Estofán y Daniel Leiva. Como el decreto acuerdo 1/1 de Manzur invita al Poder Judicial -entre otros órganos del Estado- a sumarse a sus disposiciones de “ajuste”, entre ellas la suspensión de la “cláusula gatillo”, se aguardaba un pronunciamiento de la Corte. Sin embargo, los magistrados optaron por el silencio. Es decir, no se ordenó la postergación de la actualización ni se “congelaron” los haberes, pero tampoco se avanzó con la suba salarial.

En paralelo a las diferentes presentaciones gremiales, en sede judicial también hay dos expedientes abiertos por acciones legales contra el “ajuste”.

El secretario general de Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Ángel Marcelo Sánchez, interpuso una acción declarativa de inconstitucionalidad contra dos artículos del decreto acuerdo 1/1: el que congela la “cláusula gatillo” y el que reduce al 50% los adicionales salariales como las horas extra y las extensiones horarias. A la par, pidió que se dicte una cautelar de no innovar para que el Ejecutivo no varíe el acuerdo de paritarias celebrado en marzo de 2019.

Gustavo Salas Correa, de una línea disidente de ATE, planteó ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo un recurso de amparo para declarar nulo todo el decreto acuerdo 1/1, y coincidió con el pedido de que se dicte una cautelar de no innovar para que el PE no aplique el recorte.

Esos planteos, tras superar las instancias iniciales, podría eventualmente llegar a la Corte Suprema. Por esta razón, según trascendió, el alto tribunal no habría firmado la acordada para “congelar” los salarios judiciales, como se decía en un principio, ya que un texto de ese tenor habría implicado un prejuzgamiento respecto a la cuestión.

Por otra parte, los referentes de la Agrupación Judicial 16 de Noviembre, Omar Maldonado y Luis Aníbal Núñez, requirieron por escrito a las juezas Sbdar y Rodríguez Campos que, junto al resto de los vocales de la Corte Suprema, resuelvan la no adhesión a las medidas de “congelamiento” salarial impulsadas desde la Casa de Gobierno. Además, solicitaron que se excluya a los trabajadores judiciales del decreto del PE que reduce en un 10% los haberes de los funcionarios “políticos”, e invita a los demás ámbitos del Estado provincial a imitar la medida.