24 Enero 2020
Marina Rufino / ARCHIVO.
Cinco días de angustia pasaron hasta que Marina Rufino fue hallada en una playa de Encarnación, Paraguay. Desde su propio teléfono se comunicó con su familia. Sabía dónde estaba, aunque se mostraba un poco desorientada. Tenía su mochila y objetos personales, no tenía heridas y estaba sola. Solo quería que la fueran a buscar para volver a casa.
Cuando en un primer momento la familia acude a hacer la denuncia de su desaparición, no obtiene la respuesta que esperaba. Según su tío, Julio Rubino, les dijeron que Marina era mayor de edad y que "ya iba a volver”.
Este punto, consideran los especialistas, es fundamental en casos de desapariciones, puesto que el tiempo es clave. En particular, cuando el caso contempla elementos que podrían llegar a vincularse con la trata de personas. “La personalidad y situación de Marina encuadra el perfil”, precisó Verónica Figueroa, directora del Centro de la Mujer, Género y Derechos Humanos de Famaillá.
“Entiendo que no se habría activado el protocolo de trata, que indica que el primer paso es comunicarse con los responsables de migraciones y controlar todas las fronteras en búsqueda de rastros de la víctima. Esto no se hizo, la policía informó que hicieron un rastrillaje pero no es cierto”, aseguró.
Ante la insistencia, el caso comenzó a difundirse en los medios y a viralizarse redes sociales, lo que permitió que organizaciones nacionales e internacionales se interesaran y ofrecieran sus recursos para colaborar en la búsqueda.
Fundación María de los Ángelez, “Volver a casa” (Salta), la red “Alto a la trata”, fueron algunas de las que trabajaron intensamente por dar con el paradero de la joven famaillense. Además de las distintas instituciones estatales: el Programa de Asistencia Integral a Víctimas de Trata de Personas del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Nación, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Misiones, la policía Regional y policía de Clorinda. Todos cooperaron para brindar los recursos técnicos y logísticos que el caso requería.
“Cuando por fin pudimos encontrarla le brindamos toda la contención necesaria, ahora, después de algunos días con su familia está un poco más integrada pero aún no está lista para hablar. Eso es muy normal en estos casos, todo el entorno tiene que darle el espacio suficiente para que, de a poco, pueda ir brindando información de lo sucedido”, explicó Figueroa.
“Particularmente con el caso de Marina, en este momento no interesa saber si se fue porque ella quiso o no, lo fundamental es atravesar eso para investigar si efectivamente existió una red de personas atrás que orquestó el abandono de su hogar, eso es lo que debe interesarle al Estado para poder proteger a los ciudadanos”, añadió la sicóloga.
“Independientemente de cuál fue el motivo de la desaparición es necesario que este caso genere conciencia en la sociedad: la trata de personas existe y está más cerca de lo que pensamos. No hay que cuestionar a las mujeres, hay que evitar el morbo de hipotetizar sobre como estaba vestida, con quien salía, etcétera. La justicia debe investigar y ejecutar todos los procedimientos necesarios”, advirtió
Luego, insistió en la importancia de que se activen los protocolos para estos casos. “El hecho de que la Policía, Justicia y demás instituciones no sigan los procedimientos competentes y reglamentados creados para preservar la integridad física y psicológica de la víctima provoca desprotección, indefensión y revictimización”, dijo. Por eso, señala Figueroa, es fundamental promover desde el Estado la capacitación constante que atraviese todos los niveles
"Se necesitan: instituciones efectivas y capacitadas; comunicación familiar donde el dialogo sobre estos casos este abierto, en particular sobre las redes sociales y, fundamentalmente, brindar contención, tanto desde la familia como desde el Estado", concluyó.
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