Los gremios estatales, en alerta, aguardan el regreso de Manzur

A 16 días de la firma del decreto acuerdo 1-1/2020, a través del cual el gobernador Juan Luis Manzur dispuso la suspensión de la última cuota de la “cláusula gatillo” -entre otras medidas de ajuste del gasto público-, los gremios de trabajadores del Estado provincial se mantienen en alerta, desplegando distintas estrategias ante la decisión del jefe del Poder Ejecutivo (PE). Al margen de las diferencias, los dirigentes sindicales consultados por LA GACETA coinciden en un punto: habrá que esperar a que el mandatario se reincorpore de su licencia, entre este fin de semana y el lunes, para continuar con las negociaciones con respecto a lo dispuesto.

En la Casa de Gobierno manejan alternativas para ofrecerle al mandatario. Será clave la participación de la ministra de Gobierno, Carolina Vargas Aignasse, portavoz del Ejecutivo con los gremios, y del ministro de Economía, Eduardo Garvich, quien podrá brindar pautas respecto del estado de las finanzas provinciales. Mientras Vargas Aignasse se encuentra otra vez en funciones, Garvich coincidiría con Manzur en su retorno a la agenda oficial.

Los gremios rechazaron desde un principio la suspensión de la última revisión salarial por “cláusula gatillo” correspondiente a las paritarias 2019. Cuando se rubricó el acuerdo, se incluyó un sistema de recomposición automático, mediante el cual se actualizan los haberes de manera periódica, sobre la base de la suba en el índice de precios al consumidor que calcula el Instituto Nacional de Censos y Estadística (Indec).

Si el Ejecutivo no hubiese suspendido el otorgamiento de ese incremento, por estos días deberían estar imprimiéndose los recibos de pago por una suba superior al 10%, producto de la inflación acumulada en octubre, noviembre y diciembre. Para el erario, implicaría un desembolso superior a los $600 millones, y se sumaría a las erogaciones de Personal, que insumen el 70% del gasto público.

El Gobierno ganó tiempo, pero con el correr de los días se le abrirán nuevos frentes de negociación. Ya es costumbre que en febrero comiencen las charlas con los gremios por las paritarias. Además, Manzur debe resolver si se otorgará al personal público el pago a cuenta de los futuros aumentos, dispuesto por el presidente Alberto Fernández.

La palabra de los referentes

Los trabajadores que dependen del Poder Ejecutivo siguen con atención cada paso que da el Gobierno. Hay rumores de todo tipo con respecto a la “cláusula gatillo”, pero los referentes prefieren no darles trascendencia y esperar al jefe del Ejecutivo.

Adriana Bueno, del Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud (Sitas), afirmó que la medida de fuerza aplicada ayer por los afiliados “ha tenido mayor acatamiento que la anterior”, concretada poco después de la firma del decreto acuerdo.

“Estamos dispuestos a salir a la calle, a restringir la atención. Pero todo con el objetivo de llegar al diálogo. El Gobierno provincial no nos llamó hasta el momento para explicarnos de qué se trata esta medida. Como gremio firmante del acta (salarial), merecemos al menos eso. No es justo levantarnos un día y enterarnos de que, en 5 minutos, se firmó un decreto que destruye una paritaria, para luego armar una valija y marcharse de viaje”, protestó Bueno. Además, estimó que el ajuste por la “cláusula gatillo” no es del 10,5%, como se viene mencionando, sino que alcanzaría el 15,22%, debido al impacto en otros ítems. “Incluso con este acuerdo salarial, los trabajadores ‘perdemos’, porque siempre vamos por detrás de la inflación, nunca a la par”, señaló.

Marcelo Sánchez, de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), detalló a este diario que no hubo nuevos contactos con el Gobierno desde la reunión convocada la semana pasada por el vicegobernador, Osvaldo Jaldo, en ejercicio del Poder Ejecutivo. “Permanecemos a la espera de que venga el gobernador. Hay muchos trascendidos, pero nosotros nos mantenemos en la posición inicial: lo que hemos firmado no se puede borrar con el codo”, indicó Sánchez. Ayer, a través del representante legal de ATE, Mario Poggio, el gremio amplió su presentación contra el Gobierno provincial y adjuntó antecedentes relativos al caso. “Aportamos a modo de jurisprudencia una sentencia de la Corte Suprema de la Nación que declaró inconstitucional un decreto de la Municipalidad de Salta, que había rebajado los salarios del personal”, explicó el letrado.

José Luis Allori, de la Asociación de Médicos del Estado (AME), explicó que los afiliados a ese gremio están “en alerta y movilización”, pero no han tomado medidas de fuerza hasta el momento. “Se nos comunicó que para la primera semana de febrero habría una resolución con respecto al pago de la cuota pendiente. Continuamos expectantes, y veremos cómo prosigue el asunto. En caso de que tengamos que profundizar el reclamo, lo más probable es que sea un paro, sin asistencia al lugar de trabajo, aunque eso será tratado con los afiliados”, dijo. De todos modos, el médico aclaró que AME mantiene la postura inicial: “se pide que se pague cuanto antes la ‘cláusula gatillo’, como se había acordado”.

David Toledo, de la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP), explicó que entre los docentes persiste la incertidumbre, ya que difícilmente las clases comiencen en tiempo y forma en el ámbito público si no surgen respuestas favorables de parte de Poder Ejecutivo. “No hay novedades (sobre la medida). Estamos a la espera de ser convocados, porque más allá de la situación que se arrastra desde inicios de enero, se hace necesario conversar (con el Gobierno)”, indicó Toledo.

Destacó que ATEP ya se encuentra “en estado de alerta permanente”. “Hemos manifestado que, en estas condiciones, es muy difícil que el período lectivo comience normalmente en Tucumán. Es fundamental la convocatoria al diálogo, lo que nos permitirá llevarles a los ‘compañeros’, a través de los distintos cuerpos orgánicos, toda la información correspondiente, a fin de que se definan las medidas que se consideren necesarias de adopta”, detalló.

El Poder Ejecutivo acordó con los gremios la inclusión de la “cláusula gatillo” por primera vez en 2018. El argumento oficial era que, con esta herramienta, se garantizaba el poder adquisitivo de la planta estatal frente a la inflación. Sin embargo, luego de dos ejercicios (2018 y 2019), la planilla salarial de la Administración Pública se duplicó, y pasó a ocupar casi $7 de cada $10 del Presupuesto. El Gobierno provincial dispuso algunas medidas de “ajuste”, como reducciones salariales; la Legislatura, en tanto, “congelará” las dietas. La Corte Suprema de Tucumán todavía no formalizó disposiciones de ajuste.