Por Martín Dzienczarski
16 Enero 2020
ATE reclama que se pague la cláusula gatillo.
“Hay otros lugares donde se puede hacer el ajuste, no en los flacos bolsillos de los trabajadores”, afirmó. Así sintetizó Marcelo Sánchez, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), las presentaciones que el gremio realizó en la Justicia para que se restituya el pago de la última cuota de la “cláusula gatillo” fijada por la paritaria del 2019.
El incremento salarial equiparado a la inflación fue suspendido por el gobernador, Juan Manzur, el lunes 6, en un paquete de medidas de ajuste para ahorrar hasta $ 600 millones por mes. Con el dato de inflación dado a conocer ayer, la recomposición de diciembre hubiera representado un aumento salarial del 10,5%.
Sánchez presentó ante la Corte Suprema de Justicia tucumana una acción declarativa de inconstitucionalidad del decreto-acuerdo del Gobierno provincial, y solicitó una medida cautelar de no innovar para que se suspenda la aplicación del decreto hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo. “Agotaremos todas las instancias para ver si se puede retrotraer (la suspensión de la cláusula gatillo). Es un derecho adquirido que se venía cumpliendo de acuerdo con la firma del acta de marzo de 2019. Creemos que el ajuste no se puede hacer con los trabajadores, que no son responsables de la crisis. La crisis está en otro lado”, continuó Sánchez.
Lo que ofuscó al sindicato, afirmó el secretario general de ATE, fue que la medida fuera dictada unilateralmente. “Ha sido una medida inconsulta, porque primero deberíamos haber dialogado. Seguro que por lo menos la mitad del decreto hubiésemos acordado. Si es una suspensión, en una de esas nos convencíamos y nosotros estábamos de acuerdo. Pero meterle la mano en el bolsillo a los trabajadores así, a los adicionales (extensiones horarias), es innegociable. Nos ha tomado por sorpresa, creemos que también tiene que ver con el Gobierno nacional porque parece una extorsión: llegó el decreto y luego otorgaron $ 1.000 millones de anticipo por coparticipación”, se explayó el dirigente sindical.
¿Dónde debe hacerse el ajuste?, le consultó este diario a Sánchez: “los jueces, por ejemplo, no pagan impuesto a las ganancias y se jubilan con el 82%. El Ejecutivo dice que se congelan los sueldos pero no se pueden congelar un sueldo de $ 200.000, eso no le afecta en nada a nadie. Lo que se hace con los adicionales de los trabajadores y con la cláusula sí deja muy afectados a los trabajadores. Se podrían haber consensuado muchas cosas de este decreto”.
La presentación
En la acción presentada a la Corte, el gremio solicita cinco puntos:
1.- Que se declare “la inconstitucionalidad, nulidad absoluta e inaplicabilidad” del artículo 2 del decreto que dispone “reducir a partir del 1 de febrero de 2020 en un 50% el monto total de las erogaciones en concepto de adicionales por extensiones horarias, libre disponibilidad, horas extras y cualquier otro concepto semejante”
2.- Que se declare inconstitucional e inaplicable el artículo 9, que suspende la cláusula gatillo.
3.- Que se respete en todos sus términos “los incrementos salariales y ajustes acordados para los empleados estatales mediante el acta acuerdo firmada entre el PE y ATE” el 28 de marzo del 2019.
4.- Que se abstenga de modificar unilateralmente lo acordado en la paritaria.
5.- Que cese de manera inmediata “el comportamiento antisindical y se abstenga de inferir en la negociación colectiva voluntaria”.
Ante el impacto inmediato del decreto que suspende la “cláusula gatillo”, ATE solicita que se trate la presentación como asunto de feria, es decir, que se analice ahora y no en febrero, cuando finaliza el receso de los Tribunales.
En el texto, el gremio cuestiona que la Provincia se encuentre en una situación de crisis que le impida hacer frente al pago del incremento salarial: “se trata de una invocación espuria de necesidad cuando no está en peligro, ni siquiera se intenta demostrar que lo esté, la perdurabilidad del sistema o que exista amenaza de caos social. Se la invoca para vulnerar derechos adquiridos de los trabajadores estatales. Las dificultades para cumplir con el presupuesto no configuran la situación de emergencia que autorice confiscar los salarios de sus empleados”.
Entre otros puntos, ATE apunta a los supuestos vicios del decreto de ajuste provincial, que “carecen de causa y de motivación (la consignada en los considerandos es falsa) y no cumple con el requisito esencial de finalidad que todo acto administrativo debe tener”.
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