Las organizaciones sociales, en alerta por las medidas de ajuste

Un punto del paquete de medidas de ajuste del gasto público del gobierno de Juan Manzur puso en estado de alerta a las organizaciones sociales de la provincia.

El decreto-acuerdo 1, del 6 de enero, establece la suspensión del pago de la última cuota de la paritaria de 2019 con “cláusula gatillo”, congela los salarios de altos funcionarios y reduce los viáticos y gastos de telefonía celular de la administración pública, entre otros puntos. El artículo 13 causó preocupación a las agrupaciones que trabajan con personas vulneradas: “solamente podrán otorgar subsidios a personas el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Salud, en el marco de sus competencias”.

Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, Frente de Organizaciones en Lucha, Frente Popular Darío Santillán (FPDS), Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional, Movimiento Popular de la Dignidad, entre otros, se verían perjudicados por el decreto, ya que reciben fondos para personas en situación de vulneración de derechos a través de distintos despachos del Gobierno. Funcionarios del Poder Ejecutivo aclararon que algunos puntos del decreto todavía están revisándose para analizar la implementación.

Incertidumbre

“Nos informaron informalmente que se eliminaría una partida, la 125, que permite asignar ayudas a personas desde la Secretaría General de la Gobernación. Muchas organizaciones sociales, desde hace añares, han tenido apoyo para sostener merenderos, comedores y tener ayudas sociales para gente que está en una situación de penuria económica y miseria absoluta”, planteó a LA GACETA Hugo Heredia, del FPDS. “Se trata de fondos para personas en situación de indigencia. Las organizaciones ayudan presentando el DNI y una carta de pobreza que certifica su condición vulnerada y se destinan fondos a estas familias relevadas. Así suplen un poco las necesidades alimentarias y de salud afectadas por falencias estructurales. Si se confirma la eliminación es un golpe de mano a los grupos más vulnerados. El Gobierno tucumano retrocede 10 casilleros”, continuó el dirigente social. Según Heredia, unas 100 familias reciben ayuda con esa partida.

Dirigentes de Barrios de Pie explicaron a este diario que también esperan explicaciones del Gobierno para conocer qué ocurrirá con los subsidios que reciben. “La decisión del Gobierno de Tucumán de eliminar la partida 125 de la Secretaría General de la Gobernación pone en riesgo el ingreso de miles de familias enroladas en la economía popular”, informaron a este diario los integrantes de la cúpula de la organización. Y agregaron: “nos informaron que el decreto elimina esa partida. Si bien los Ministerios de Salud y de Desarrollo Social tienen fondos asignados a esa partida, son destinados para casos de emergencias, como inundaciones. Hemos convocado a un plenario porque el decreto no aclara taxativamente este punto y aguardamos explicaciones de funcionarios de Casa de Gobierno”.

Desde Barrios de Pie unas 700 familias, relevadas por la organización, aguardan por el cobro de las ayudas sociales pactadas para diciembre. Los montos, explicaron, rondan los $ 4. 000 por beneficiario. En total, la deuda alcanzaría los $ 2,8 millones.