07 Enero 2020
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El vicepresidente primero de la Legislatura, Gerónimo Vargas Aignasse, justificó la suspensión de la última revisión de la cláusula gatillo de la paritaria de 2019, junto a otras medidas de ahorro provincial.
“Es importante entender que en 2018 se dio un aumento del 48% y que el año pasado; hasta septiembre se dio el 40%. Tucumán es la provincia que ha dado la mayor paritaria del país en los últimos dos años, en un marco de economía nacional donde la inflación siempre ha estado por encima de la recaudación, lo que implica un esfuerzo fiscal fenomenal que ha realizado la Provincia”, explicó el legislador peronista. “Hemos dado la paritaria más alta del país: este año con el 40% hasta septiembre”, subrayó.
El manzurista defendió la medida tomada por el gobernador Juan Manzur debido al contexto económico provincial y nacional: “esta medida forma parte de un paquete de decisiones en busca de austeridad, donde también se congelan los salarios de funcionarios por 180 días y se reducen los viáticos y las extensiones horarias, para lograr un ahorro promedio de $ 600 millones por mes”. Y agregó: “esto abrió un compás de espera hasta marzo, cuando tendremos presupuesto nacional y sabremos dónde estamos parados. Es una medida de prudencia, de razonabilidad, en un marco de medidas extraordinarias que se tomaron a nivel nacional. El año pasado ha caído la actividad económica un 12%, los ingresos bajan y se debe buscar un equilibrio. En marzo, cuando haya presupuesto nacional, se podrá volver a abrir la discusión por las paritarias”.
Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo, Juan Luis Fernández, declaró que “todo el mundo está consciente del contexto lamentable en que nos dejó la administración nacional que se fue. Las recaudaciones cayeron producto de la grave recesión. Me parece prudente la prórroga que el Gobernador decidió en torno a la aplicación de la cláusula gatillo que deberá discutirse cuando se dé la paritaria nacional”.
Fernández señaló que se impulsará una serie de medidas de contención del gasto público en consonancia con las adoptadas por Poder Ejecutivo Nacional, como el congelamiento por 180 días de las dietas de los funcionarios, más otras regulaciones relacionadas con viáticos y gastos de funcionamiento para “cumplir con el pago en tiempo y forma de los salarios, y sostener la atención de otras áreas del Estado como Salud y Educación”.
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