02 Enero 2020
La adhesión a la ley nacional “Micaela”, que dispone la capacitación obligatoria en género en los poderes del Estado, volvió a la agenda de la Legislatura, de la mano de la nueva composición parlamentaria. En la previa al receso de verano, integrantes del bloque Justicialista de Todos presentaron una propuesta para que esa normativa comience a ser aplicada en el Estado provincial. Antes, un opositor había aportado una iniciativa con esa meta.
La cuestión había sido abordada durante la gestión anterior, cuyo mandato terminó el 27 de octubre. Los proyectos habían sido incluidos en el orden del día de una de las últimas sesiones de aquella composición, con el impulso de -hoy- ex legisladores. Sin embargo, el tema fue devuelto a comisión antes de que fuera tratado, y los salientes no tuvieron margen para insistir.
En diciembre, los oficialistas Marta Najar, Carlos Francisco Gómez y Osvaldo Morelli elevaron un texto que apunta a la adhesión de la ley nacional 27.499, conocida como “Ley Micaela”. En el primer artículo, se dispone la puesta en marcha de los talleres de “capacitación obligatoria en género para todas las personas que desempeñen función pública en todos sus niveles y jerarquías en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Provincia”.
El segundo apartado propone a la Secretaría de la Mujer (dependiente del Ministerio de Desarrollo Social) como autoridad de aplicación de la norma. Además, se otorga un plazo de 90 días al Poder Ejecutivo para concretar la reglamentación de lo dispuesto.
“El Estado argentino forma parte de los tratados internacionales que bregan por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, reconocen el derecho a la mujer de una vida sin violencia como derecho inalienable”, argumentaron Najar y sus pares. Destacaron que la ley nacional recuerda el femicidio de Micaela García, una militante que fue violada y asesinada en 2017 en Entre Ríos. “Esta ley es una importante contribución en las gestiones de gobierno las políticas públicas en materia de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres”, indicaron los justicialistas en los fundamentos.
Antes, el legislador Federico Masso (Libres del Sur) había propuesto la adhesión a dicha normativa. “En 2018, la mayor cantidad de femicidios se registró en las provincias de Buenos Aires (93), Santa Fe (27), Córdoba (24), Tucumán (17) y Mendoza (16), por lo que vemos que nuestra provincia no está ajena a este cruel fenómeno. De hecho, 2019 comenzó con casos que estremecieron a todo el país, manteniéndose tristemente entre las primeras cinco provincias en el ranking de femicidios. Según el Observatorio de MuMaLá -Mujeres, Disidencias, Derechos hasta el 20 de noviembre de 2019 ocurrieron en Argentina 246 Femicidios, 11 de los cuales ocurrieron en Tucumán”, indicó Masso.
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