Por Luis Duarte
02 Enero 2020
LAS DETENCIONES. A principios de diciembres se realizaron unos 50 allanamientos en distintos puntos de la provincia. En esa redada cayeron los sospechosos.
La Justicia confirmó la prisión preventiva para 13 de 15 miembros de la banda de “narcopolicías”, conformada por ex militares, policías en actividad y civiles, quienes fueron detenidos en un operativo que desplegó 50 allanamientos, durante los primeros días de diciembre. La mayoría de los integrantes de la organización desbaratada pasará los próximos 12 meses en el penal de Villa Urquiza.
El Juzgado en lo Penal III, a cargo de Juan Francisco Pisa, dispuso la medida cautelar por un año para Ángel Castaño; Gabriel Molina; Gonzalo Ruiz; César Juárez; Axel Nievas; Mario Vera; Oscar Barros; Pedro Olmos; Diego Puntano; Domingo Pérez; y Cristian Villarreal. Estos han sido acusados por Diego López Ávila, titular de la Fiscalía Especializada en Robos y Hurtos I y a cargo de la causa, por asociación ilícita agravada y robo agravado por el uso de arma de fuego, entre otras figuras.
A la vez, se dispusieron preventivas por seis meses en contra de Martín Porvén y José Páez, sospechosos de exacciones ilegales agravadas, es decir, el cobro indebido de dinero por multas u otras situaciones. La Justicia, además, dispuso el embargo de bienes de los 13 sospechosos hasta cubrir $ 150.000 para cada uno de los casos.
Sin embargo, el magistrado Pisa estableció la liberación de Camilo Corbalán y Juan Brito, sospechosos de integrar la asociación ilícita, a partir de una caución personal de $ 150.000, con dos fiadores. Ambos no deberán ausentarse de la provincia sin autorización judicial.
El caso
De acuerdo con el requerimiento de la Fiscalía, los hombres formaron una asociación ilícita dedicada a distintas actividades delictivas:
• Obtuvieron bienes y recursos económicos mediante la sustracción de dinero y objetos personales de varias víctimas. Lo hacían mediante el ingreso a las viviendas de forma violenta, utilizando armas de fuego y uniformes u otras prendas de la Policía.
• Seleccionaban a sus víctimas y algunas de ellas eran vendedores de droga que manejaban una importante suma de dinero. Creían que los afectados no realizarían una denuncia o no se presentarían en tribunales penales, ya que no podían justificar la procedencia del dinero que se había sustraído.
• Con la colaboración de policías en actividad, la banda realizó falsos allanamientos. Lograron obtener órdenes judiciales al aducir que en las viviendas se podían encontrar elementos relacionados con hechos, en particular, robos. De ese modo, se les facilitaba el acceso a las casas que habían sido señaladas previamente, con el fin de apoderarse de los estupefacientes y el dinero.
• Los miembros asaltaban en las rutas nacionales camiones que transportaban droga, entre otros elementos. A la vez, se proveían de armas de fuego. Aquí quedaba demostrada, entre otras acciones, la participación de los agentes de la fuerza de seguridad involucrados.
• Concretaron secuestros “ambulatorios” de personas que habían sido seleccionadas e investigadas. Exigían dinero a cambio de recuperar a las víctimas. O lo hacían para sustraer sustancias ilegales.
• En el informe fiscal fueron identificados y descriptos ataques armados en casas, en momentos en que los moradores estaban en el lugar. Se llevaban diferentes elementos, como televisores. A la vez, se señalaron falsos controles vehiculares de los policías, en los que se solicitaba el pago de entre $ 1.500 y $ 4.000 para evitar un secuestro, entre otras maniobras.
• Los miembros de la asociación se habrían desempeñado como “piratas del asfalto”. Si bien no hubo denuncias de casos puntuales, el fiscal sustentó su acusación en las conversaciones telefónicas entre los sospechosos, que fueron grabadas durante la investigación.
Habrían planeado asesinar a “MaXi Toro”
La banda integrada por ex militares, policías y civiles tenía entre sus metas quedarse con el dominio territorial de Villa 9 de Julio. Se trataba de un movimiento estratégico para usar ese sector como centro de operación de sus actividades, principalmente la comercialización y distribución de droga.
Para conseguir esto, los oriundos de ese vecindario y sus alrededores, tenían previsto debilitar al grupo rival, el clan Toro -según sus referencias- mediante la contratación de un reo que asesinara a Omar “Maxi Toro” Martínez, quien actualmente se encuentra detenido en el penal de Villa Urquiza. El joven era considerado un eslabón importante del grupo.
Una vez eliminado el muchacho, buscarían atacar al resto de la familia, como Margarita Toro, y a los quioscos de narcomenudeo. Para llevar a cabo su plan, la banda iba a necesitar grandes sumas de dinero, por lo que planeaban un secuestro extorsivo a un importante empresario de la provincia.
Al consultarle sobre las intenciones que tenía la organización, “Maxi Toro” sostuvo que no sabía que querían matarlo. “Me enteré por el diario, no tengo nada que ver con este asunto”, comentó en una entrevista telefónica que mantuvo con LA GACETA semanas atrás.
Además, negó que su familia esté involucrada en negocios con drogas.
Lo más popular
