Un fallo ordena que el Estado ayude a “Lucía” a empezar de nuevo

“Lucía” no puede volver a 7 de Abril (Burruyacu), el pueblo donde fue abusada y donde le detectaron el embarazo. No puede regresar, según la jueza Valeria Brand, por la repercusión que tuvo la decisión de la niña de 11 años de interrumpir el embarazo, y porque la prisión preventiva del presunto abusador, su abuelastro Eliseo Víctor Amaya, vencerá en febrero y es muy posible que este espere en libertad la sustanciación del juicio oral. Luego de oír a la víctima, a su madre y a los tíos que provisoriamente cuidan a la primera, Brand consideró que correspondía que el Estado ayudara a esta familia a reinventarse en otro lugar, y, sobre todo, con mejores condiciones materiales y espirituales que las que tenía cuando ocurrió la violación. Por ese motivo, la magistrada ordenó al Poder Ejecutivo la provisión de una casa para “Lucía” y su grupo, además de otros bienes que posibiliten la nueva vida, como un empleo público para la madre.

El pronunciamiento emitido el 16 de diciembre obliga al Gobierno a otorgar un techo “apto” para albergar a la progenitora y a sus tres hijas menores de edad; mobiliario, enseres domésticos, vestimenta, calzados, útiles, textos escolares y todo lo necesario para la instalación en la casa; un trabajo en cualquier dependencia estatal para la adulta que considere sus aptitudes y sus responsabilidades maternales; un tratamiento psicológico para “Lucía” como el que ya le provee el Sistema Provincial de Salud y plazas para las tres hermanas en el establecimiento educativo público secundario de la zona de la vivienda. Brand dijo que, cuando el Estado suministre estas prestaciones, “Lucía” volverá a vivir con su mamá: mientras tanto, permanecerá en el ámbito de los tíos que la cuidan desde marzo. La jueza fijó distintos plazos para el cumplimiento de las órdenes. El techo, por ejemplo, debería ser entregado en 30 días hábiles a partir de la notificación del fallo, que ya fue comunicado al Ministerio de Gobierno y de Justicia.

La decisión considera el estado de vulnerabilidad de la progenitora de la víctima, cuyas otras dos hijas también sufrieron ataques sexuales. Por esa razón es que “Lucía” fue a vivir con su abuela y la pareja de esta, quien a la postre la habría violado. Brand advirtió la persistencia de las necesidades del hogar de origen de la niña cuya historia trascendió por los obstáculos y polémicas que generó la suspensión de la gestación solicitada al amparo del fallo “FAL” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (2012). “El contexto sociofamiliar y económico actual de la progenitora de la niña no ha variado en el tiempo. Por el contrario, se agravó debido a que se trata de una mujer desempleada; con instrucción incompleta, y sin acceso a una vivienda digna ni a un empleo que le posibilite procurarse su propio sustento y la manutención de sus hijas”, explicitó la jueza. Y añadió que estas asimetrías sólo podían ser revertidas con la asistencia del Estado.

Tanto la defensora de Niñez, Adolescencia y Capacidad Restringida N°1, Lilia Salim, como la psicóloga del Poder Judicial, Elena Mabel Martínez, habían considerado inconveniente que “Lucía” retornara a 7 de Abril, donde podría perder los avances que había logrado respecto de sus vivencias traumáticas. En cuanto a este punto, Brand acotó que el apoyo psicológico dado a la niña le había permitido una reinserción social y escolar “satisfactoria”.

La sentencia también destaca que la mamá de “Lucía” siempre había verbalizado su deseo de cuidarla y custodiarla. “Se manifestó en tal sentido desde el momento mismo de acaecidos los sucesos (la decisión de interrumpir el embarazo) que dieron origen a esta intervención jurisdiccional, intención que pone en evidencia la necesidad y urgencia de articular políticas públicas que faciliten a la progenitora el logro de tal anhelo”, reflexionó la jueza. Y expresó que aquellas barreras sólo podían ceder mediante el goce de una casa, de educación, de trabajo y de salud.

Conmoción

En un fallo previo, Brand había suprimido el vínculo registral existente entre la neonata dada a luz por un procedimiento de interrupción legal del embarazo -falleció el 8 de marzo- y “Lucía”. La sentencia dispuso que la recién nacida no llevara el apellido de la niña puesto que esa circunstancia vulneraba los derechos de esta. En esta decisión sin precedentes, Brand expresó que el Estado debía velar y hacer primar la tutela efectiva de la chica menor de edad víctima del acto ilícito infamante: “esta tutela implica no sólo garantizarle el acceso a las políticas públicas para interrumpir el embarazo no deseado, sino, además, las consiguientes reservas legales a partir de las cuales no queden secuelas registrales de la decisión legal que adoptara la niña en su condición de víctima”.

El caso de “Lucía” conmocionó a la provincia, y tuvo repercusión nacional e internacional. Tres procesos judiciales continúan abiertos: el expediente de familia en manos de Brand, y las causas penales abiertas contra Amaya, abuelastro de la niña acusado de violarla, y contra José Gijena y Cecilia Ousset, los médicos particulares que practicaron la cesárea en febrero en el Hospital del Este por la resistencia de los profesionales del Estado. A continuación, los ginecólogos y la defensora de Menores, Mónica Romano, fueron denunciados por un grupo de abogados. La fiscala especializada en homicidios, Adriana Giannoni, comunicó a los facultativos que debían prestar declaración indagatoria horas después de que el camarista Enrique Pedicone la apartara del expediente. El 25 de octubre, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán ratificó aquel apartamiento, pero Giannoni anunció que buscará que la Corte de la Nación revise esa decisión.