El Poder Judicial es la noticia: todos hablan de él y una mayoría lo desaprueba

Hasta hace no mucho tiempo ser juez implicaba una vida ensimismada. La magistratura era eso: un trabajo que reducía la experiencia de la comunidad a lo que sucedía en el trayecto de la casa a los Tribunales y de los Tribunales a la casa, y que confinaba a un despacho hermético y al aislamiento del expediente. Ese arquetipo “murió” en forma abrupta, aunque todavía queden cultores del perfil bajo. En la última década, el Poder Judicial se convirtió en uno de los temas predilectos de la opinión pública y esto vale para la provincia, como lo acredita el listado de hitos, avances y retrocesos incluido en esta producción. Las noticias tribunalicias, antes patrimonio exclusivo de la crónica policial, en el presente abundan en todos los órdenes: la política, la economía, la sociedad, el trabajo, el deporte y hasta el espectáculo. Esa penetración en la agenda expresa la judicialización expansiva de la conflictividad individual y colectiva. La exposición de los jueces luce desenfrenada, más allá de inevitable.

Todavía quedan magistrados decididos a hablar sólo y únicamente por sus sentencias, pero esa voluntad no alcanza para acallar la idea muy arraigada de que los Tribunales “hablan” también por sus silencios, sus actos y sus omisiones. En un tiempo donde el pleito tiene un papel central, es natural que el árbitro sea tan protagonista como las partes en pugna. Por supuesto que, como sucede en la mayoría de los partidos que ponen en juego emociones y fanatismos, casi nadie está conforme con el arbitraje. En efecto, la ciudadanía “condena” a menudo a la Justicia en general -sin hacer demasiadas distinciones entre jurisdicciones, o entre los desacreditados estrados federales porteños de Comodoro Py y el Juzgado de Paz- por cuestiones que la institución no puede resolver por sí sola, como la escasez de magistrados y la ausencia de una infraestructura apropiada para contener la litigiosidad moderna. Pero también la culpan por la percepción de que no está a la altura de su obligación primera: ser independiente y aplicar la ley sin mirar a quién.

Descontento masivo

La imagen pobre del Poder Judicial está respaldada por mediciones objetivas. La Encuesta Nacional de Victimización de 2016 elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) colocó a Tucumán como la provincia con menor registro de confianza en las fiscalías, y en los jueces y tribunales. Ese estudio reveló que sólo el 21,1% de residentes en este distrito evaluaba a los jueces como “muy confiables” o “confiables”. Los demás manifestaban diversos niveles de desaprobación hasta el descontento máximo.

La existencia de una burocracia judicial lenta, pesada, cara y apegada a los arcaísmos que se manifiestan en un lenguaje forense incomprensible -a veces hasta para los propios abogados- enemista a los encargados de “dar a cada uno lo suyo” con los destinatarios y sostenes económicos del servicio. Esa frustración afecta con matices a los diferentes fueros, pero eclosiona allí donde la intervención de los Tribunales no puede ser sustituida sin infligir una herida mortal al Estado de derecho: la Justicia penal. Este es el ámbito más golpeado por el fracaso de las políticas de seguridad a cargo del Gobierno, que a su vez responden a factores tan complejos como el ensanchamiento de la pobreza y el deterioro de los índices educativos.

La impunidad de los hechos delictivos llegó a un extremo absurdo en 2017, año correspondiente a la última estadística oficial disponible. Según ese informe conocido por el nombre del ex legislador justicialista que lo requirió, Marcelo Caponio, los Tribunales de Tucumán batieron un récord: iniciaron más de 100.154 causas para esclarecer actos ilícitos, pero en ese mismo período sólo hubo 265 juicios orales con sentencia definitiva, la mayoría por delitos más graves, como homicidios. En 2017, además, 703 procesos prescribieron en el umbral del enjuiciamiento.

La corrupción reta

No sólo naufragaron las causas más comunes de robos o hurtos pese a medidas tan controvertidas como las leyes que relajaron la aplicación de la prisión preventiva durante la investigación penal sancionadas por pedido del ministro público fiscal, Edmundo Jiménez. También fracasó de manera abrumadora la pesquisa de las denuncias que involucran a funcionarios públicos con fueros. Una de las pocas excepciones a esa regla fue la instrucción del supuesto enriquecimiento ilícito del ex intendente tafinisto Jorge Yapura Astorga y hoy legislador oficialista que llevó adelante el juez de Monteros, Mario Velázquez, y que tiene una decisión de elevación a juicio oral en discusión desde 2018.

La imposibilidad de condenar la corrupción se erigió en una característica del sistema judicial vigente, y es uno de sus déficits más inquietantes porque manifiesta la desigualdad ante la ley y la ruptura del esquema constitucional de la división de poderes. Una investigación periodística conjunta de LA GACETA y Chequeado de mayo del año pasado reveló que sólo el 0,5% de las denuncias de corrupción con trascendencia pública presentadas en la Justicia provincial y federal de Tucumán registraron una condena firme durante los 13 años que siguieron a la supresión de la Fiscalía Anticorrupción en 2005. En términos concretos, una de 219. Y en el único caso que logró el estatus de cosa juzgada, los condenados encajan en la definición de “perejiles”: fueron “peces chicos” sin mayor espalda o cobertura política.

Una auditoría inédita del Consejo de la Magistratura de la Nación en las causas más sensibles para el poder del período 1996-2016 ratificó el desempeño judicial deficitario. Ello explica por qué subieron las denuncias de presuntos hechos de corrupción contra las propias autoridades judiciales, como lo acreditan las jubilaciones con el 82% móvil “de apuro” de los ex fiscales provinciales Carlos Albaca (2014) y Guillermo Herrera (2015). Por cierto y pese a la avalancha de cuestionamientos, la Legislatura lleva 14 años sin destituir a un juez, fiscal o defensor oficial -el Jurado de Enjuiciamiento sólo funcionó para echar a dos jueces de Paz-. Felipe Terán fue el primer y el último magistrado expulsado de la Justicia Federal de Tucumán. En esta década esa institución lo juzgó dos veces, pero una de las condenas cayó por el hecho de que faltaba peritar una firma y la otra -por enriquecimiento ilícito- aún sigue en debate.

Más ojos y demandas

Las críticas relativas a la actuación del Poder Judicial local llevaron al Poder Ejecutivo de la Nación a implementar una veeduría en 33 expedientes delicados. La iniciativa promovida en 2017 con el objetivo de estimular la transparencia y la rendición de cuentas tampoco prosperó. Hacia diciembre del año siguiente ya habían renunciado -sin acceder a la mayoría de los casos- el dirigente radical Juan Roberto Robles y Ana Colombres Garmendia, los dos observadores designados por el Ministerio de Justicia entonces a cargo de Germán Garavano.

Las dudas que generan los Tribunales han sido tramitadas como la necesidad de modificar los métodos para procesar los conflictos, transformación que debería saldar la deuda constitucional existente desde 1853 con la incorporación de la ciudadanía mediante el juicio por jurados. Tanto en la órbita federal como en la provincial están en marcha las activaciones progresivas de códigos de forma que tienden hacia la oralidad. La reforma procesal penal empezó a ser discutida en 2012 y llegó a la Justicia penal de Concepción en mayo de 2019. Se supone que el resto de la provincia se sumará en el mismo mes del año próximo: es lo que manda la última norma de prórroga. En paralelo empezó a funcionar una prueba de audiencias en el fuero civil (el Poder Legislativo estudia un nuevo código cuya sanción sería inminente) y la Corte Suprema dio el puntapié al expediente digital con la idea de acabar con el papel hacia septiembre.

Más dudosa es la capacidad de los Tribunales Federales para suprimir el papeleo: las acefalías condicionan seriamente a esa institución, que aún no pudo abrir el Juzgado N°3 creado en 2013. Cinco designaciones firmadas por el ex presidente Mauricio Macri quedaron atrapadas en el Senado por los comicios de este 2019. Muy incierto es el destino de lo que iba a ser la mayor renovación de aquella esfera reacia a los cambios.

Pase lo que pase con las cuestiones de fondo que afectan al quehacer y al prestigio de la Justicia, la discusión sobre su cultura y, en especial, sobre su autonomía y capacidad para tomar distancia de los vaivenes políticos, parece que acaba de comenzar. La promesa de reformas que formuló el presidente Alberto Fernández al jurar el 10 de diciembre anticipa una época tumultuosa para los miembros de la organización judicial, que, además, previsiblemente deberá afrontar el pico de pleitos que generan crisis económicas como la actual: sólo hay que pensar en los reclamos que harán los jubilados que se sientan perjudicados por los sacrificios que les exigen las últimas leyes de emergencia. Nunca fue fácil ser un juez íntegro, ni siquiera cuando esa ocupación pasaba inadvertida. Pero hoy es mucho más difícil porque la demanda de justicia es mayor y, encima, la sociedad está mirando -con impaciencia- a quienes deben satisfacerla.