Alberto firmó un “pacto social” multisectorial

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, dio el primer paso para un acuerdo que lleve al crecimiento económico del país. El jefe de Estado firmó ayer junto a empresarios, representantes gremiales y de movimientos sociales el denominado “Compromiso Argentino por el desarrollo y la solidaridad”, en el cual se insta llevar adelante “consensos de largo plazo, que vayan más allá de un período presidencial y que incluyan metas compartidas y posibles de alcanzar en distintas etapas.”

El convenio destaca la puesta en marca de un Consejo Económico y Social, una vez que el Congreso apruebe el proyecto de creación del nuevo ente. “Nos comprometemos a ser parte de ese Consejo y sus diferentes ámbitos de trabajo y discusión, una vez que el Congreso debata y apruebe el proyecto que el Poder Ejecutivo le enviará para su creación. Hay acuerdos que ya integran una agenda con proyectos y estudios sobre los cuales es posible y necesario avanzar hacia soluciones en plazos breves”, se explica en uno de los párrafos del documento, de cuatro páginas.

La agenda a llevar adelante, incluye entre otros temas prioritarios, un esquema de actualización de haberes jubilatorios y tarifas de servicios públicos, la creación de empleos de calidad, alentar la inversión productiva y las exportaciones de valor agregado, facilitar el acceso al crédito bancario para la vivienda y la producción, así como promoción de las Pymes.

“La Nación atraviesa una situación de grave fragilidad económica y social. Necesitamos estar más unidos que nunca para enfrentarla y superarla”, señaló el documento “Compromiso Argentino por el Desarrollo y la Solidaridad”, que fue firmado durante un encuentro que encabezó el presidente en el salón “Eva Perón” de la Casa de Gobierno.

El documento señaló como uno de los problemas “urgentes” a abordar el del endeudamiento público, que “por su magnitud y la inmediatez de los compromisos de pago” representa un “claro desafío” para lograr una “resolución sustentable”, y en ese marco expresó la “confianza y respaldo a la gestión que ante los acreedores privados y organismos internacionales realizará el nuevo gobierno argentino”. “La voluntad de pago requiere condiciones compatibles con la atención de la deuda social y el crecimiento de la economía, en el marco de una ética pública de las prioridades que ponga a la dignidad humana por encima de cualquier otro interés”, ya que “sin ello, sería imposible cumplir con las obligaciones que asuma el país”, manifestó.

Puntualizó que “no será la mera negociación de una administración”, sino “una tarea colectiva de todo un país que reclama poner a la producción y al trabajo por encima de la especulación financiera y la fuga de capitales”, y que permita “construir una nación solidaria, desarrollada y justa”.

Motivados por el “deseo compartido de volver a ser una Patria unida, capaz de acrecentar el bienestar sobre la base del trabajo, la inversión productiva y una justa distribución de la riqueza”, los distintos sectores señalaron luego su intención de empezar “por ofrecer respuestas a los últimos para llegar a todos”, desde “lo más urgente para luego abordar juntos lo más importante”.

Los diferentes sectores destacaron que “juntos, sin uniformidad ni unanimidad, pero sí con un fuerte compromiso colectivo”, aceptaron “el desafío de edificar consensos de largo plazo, que vayan más allá de un período presidencial”, que incluyan “metas compartidas y posibles de alcanzar en distintas etapas”, pero aclaran que “no se trata de un compendio de buenas intenciones, sino de logros y objetivos muy concretos”. Para procesar esos acuerdos, coincidieron en la necesidad de poner en marcha un Consejo Económico y Social que trate, en debates “multisectoriales e informados”, una agenda en la que “se debe incluir como temas prioritarios un esquema equitativo y sustentable de actualización de haberes jubilatorios y tarifas de los servicios públicos”.

“Somos conscientes del efecto devastador de la inflación sobre el salario, la inversión productiva y, en general, la tranquilidad de nuestros hogares”, manifestaron en el texto, y por ello, “el reordenamiento fiscal y monetario que el Estado se ha comprometido a llevar adelante, se debe reforzar en su efectividad con el curso de conductas sectoriales responsables, en especial en lograr la estabilidad de precios”.

Asimismo, se coincidió en el documento en “la importancia de crear más empleos de calidad y erradicar la precariedad, alentar la inversión productiva y las exportaciones de valor agregado, facilitar el acceso al crédito bancario para la vivienda y la producción, promover a las Pymes, mejorar la competitividad de la economía, alentar una integración con el Mercosur y el mundo, y vincular la ciencia con la creación de valor”, entre otras metas.

El documento ya ha recibido el apoyo explícito de dos de las entidades que conforman la Mesa de Enlace: la Federación Agraria Argentina y de la CONINAGRO (Confederación Intercooperativa Agropecuaria).

Junto al primer mandatario, estuvieron presentes el Jefe de Gabinete Santiago Cafiero, los ministros del Interior, Eduardo de Pedro, el de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Claudio Moroni, de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra; representantes de los trabajadores entre los que se contaron Héctor Daer, Carlos Acuña, Hugo Moyano, Andrés Rodríguez, Víctor Santa María; el presidente de la UIA (Unión Industrial Argentina), Miguel Acevedo, representantes de cámaras empresariales entre las que se contaron la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas (APYMEL), la Bolsa de Cereales de Bs. As.; y de movimientos sociales la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Barrios de Pie, Frente Popular Darío Santillán, entre otros. (Télam)