"El camino seguro está en la Constitución", dijo Sbdar

El Poder Judicial de Tucumán deja atrás un año de cambios y novedades institucionales abundantes. La cabeza de esa organización, la Corte Suprema de Justicia, no sólo mutó de composición con la llegada de los dos primeros vocales designados por el gobernador Juan Manzur, Daniel Leiva y Eleonora Rodríguez Campos (se informa por separado), sino que también dio un paso inédito en noviembre al entregar la presidencia a una mujer, Claudia Sbdar. 

Esta serie de renovaciones encuentra a la Justicia en el medio de modificaciones intensas de la forma de procesar los conflictos, plan de modernización que incluye la implementación del expediente digital legislado en 2010. Son todas reacciones tendientes a adecuar una institución que en términos generales no satisface como es debido las expectativas de justicia de la sociedad.

Las demandas jurídicas insatisfechas -en particular, la percepción de impunidad y de desigualdad ante la ley- se ven, además, presionadas por el impacto de la crisis económica y de la delincuencia. Tanto en el frente interno como en el externo, 2020 se anticipa difícil para un Poder Judicial llamado a poner límites a las otras organizaciones estatales y a resolver los pleitos que articulan los ciudadanos. Para entender la complejidad del desafío basta con reparar en el deterioro profundo de la Justicia de Paz, órgano encargado de extender el brazo del derecho en los pueblos y parajes rurales. Hacia finales de noviembre, cuatro de cada 10 juzgados estaban acéfalos. La sequía de designaciones cumplirá siete años: el Poder Ejecutivo cubrió la última vacante en 2013. Esta situación dramática de alguna manera expresa la sensación general de que escasean jueces, fiscales y defensores oficiales nombrados por el método constitucional (concurso público de antecedentes y de oposición sustanciado en el Consejo Asesor de la Magistratura), sobre todo en el fuero penal, y en las primeras instancias de familia, y en lo civil y comercial común.

Ante este panorama abrumador de trabajo y de déficits, Sbdar propone a la Ley Fundamental como brújula y hoja de ruta, y a la resolución justa como método para llegar al destino añorado. “El camino seguro está en la Constitución”, dijo la presidenta de la Corte en un texto en el que plasmó sus deseos para el futuro. “Debemos trabajar por un país que se desarrolle en el ámbito de la Constitución y vivir de acuerdo con ella puesto que consagra los entendimientos básicos fundados en valores y principios sustanciales de convivencia de toda la comunidad”, añadió la vocal. Y precisó que la Carta Magna por una parte reconoce y garantiza los derechos esenciales de los individuos, y, por la otra, organiza los poderes del Estado en función del principio de división y de control recíproco.

“La Constitución es directamente operativa y la esencia de la función jurisdiccional es custodiar su cumplimiento. El Poder Judicial es el fiel guardián de este pacto fundacional, y, consecuentemente, nuestro gran esfuerzo debe estar dirigido a afianzar la justicia, esto es, a consolidar unos Tribunales fuertes, autónomos, independientes, y capaces de defender los derechos y garantías de la ciudadanía. La Justicia es una pieza clave en la construcción del Estado de derecho, no mediante meras declaraciones, sino a partir de la resolución justa, y, por lo tanto, fundada y oportuna de las controversias”, reflexionó.

Federalismo judicial

La preocupación por el funcionamiento de la Justicia argentina quedó en el centro de la agenda este mes, cuando el presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció su voluntad de promover una reforma completa para corregir la sospecha de que el Poder Judicial actúa o deja de actuar en función de los vientos políticos, y de que gran parte de esa degradación obedece a la contaminación con los servicios de inteligencia.

El diagnóstico de Fernández parece tener un destinatario muy definido: los Tribunales Federales porteños. Pero ese discurso inaugural también debe ser analizado en la clave local. En ese plano, otro deseo de Sbdar es la valorización del desempeño de los poderes judiciales provinciales, que son los que atienden la mayoría de los litigios existentes en el país por la competencia excepcional de la Justicia Federal. Al respecto observa: “en la perspectiva de la federación, la función judicial se constituye como una comunidad de comunidades, donde cada una tiene su propia identidad cultural. Se trata de entender que cada Poder Judicial provincial posee autonomía y, en consecuencia, admite matices en la interpretación del orden jurídico, como también de las formas de organización, siempre que estas no vulneren el núcleo innegociable que surge de la Constitución Nacional: el respeto por la democracia; la república; las garantías procesales del artículo 18, y los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional”.

La presidenta de la Corte reafirmó, en suma, un pensamiento de Juan B. Alberdi: ”teniendo en mira que la Constitución es la carta de navegación de la Nación argentina, esta tendrá siempre un camino seguro con solo volver los ojos a ella y seguir el camino que le traza”.