Manzur ratificó la ley contra los “dealers”

El gobernador, Juan Manzur, dio un paso clave para la puesta en marcha del sistema que habilitará a la Justicia provincial y a la Policía de Tucumán la persecución, arresto, detención y eventual condena de los dealers o “transas”, como se denomina a los vendedores barriales -a menor escala- de drogas.

Con la reciente promulgación de la ley 9.212, el jefe del Poder Ejecutivo (PE) respaldó la labor de la Legislatura, que había habilitado una prórroga de nueve meses para la implementación de la “desfederalización” de las causas sobre narcomenudeo, en medio de un conflicto de criterios con el Ministerio Público Fiscal de la Provincia, a cargo de Edmundo Jesús Jiménez.

Si bien la normativa entrará en vigencia el 1 de septiembre de 2020 -el plazo original era el 1 de enero próximo-, ya están dadas las condiciones para que los representantes de los tres poderes del Estado provincial comiencen a trabajar en la constitución de la comisión especial interpoderes. La misión de este equipo, que podrá contar con invitados de la Justicia Federal y del Ministerio Público Fiscal de la Nación, será abocarse al “análisis y la evaluación de la implementación” de la ley contra los dealers; además del “control y seguimiento de los resultados para la elaboración de propuestas superadoras en materia de lucha contra el narcomenudeo” en Tucumán.

El Estado provincial tiene pocos días hábiles para cumplir con una de las metas fijadas por la Legislatura: que la Mesa de Coordinación Ejecutiva, dependiente de la comisión especial interpoderes, comience a funcionar antes de fin de año.

La ley contra los dealers implica todo un cambio para los tribunales provinciales y federales, ya que los casos por tenencia o comercialización de drogas a pequeña escala podrán ser instruidos y juzgados por magistrados del Poder Judicial de Tucumán. Es la tercera vez que el Gobierno provincial anuncia su implementación. La primera fue en 2015, durante el alperovichismo, pero quedó “freezada” desde la acción de amparo obtenida por el Ministerio Público Fiscal, con el argumento de que el fuero local carecía de infraestructura y de recursos humanos y técnicos para asumir esta competencia.

En septiembre de este año, por impulso del vicegobernador Osvaldo Jaldo, la Legislatura reabrió la discusión. Con una nueva norma, fijada para el 1 de enero de 2020, se buscó otra vez la “provincialización” del narcomenudeo. El Ministerio Público Fiscal insistió con las objeciones planteadas en 2015.

Ante esto, la Legislatura sancionó el 12 de este mes una nueva ley, ampliando los plazos por nueve meses y estableciendo pautas para evitar posibles cuestionamientos a futuro.

El gobernador Manzur firmó el texto el jueves pasado. Así, ya está vigente el artículo que dispone la puesta en marcha de la comisión especial y de la mesa ejecutiva. La primera estará integrada por un vocal de la Corte Suprema; por el ministro fiscal; por el ministro de la Defensa (Washington Navarro Dávila), por los ministros de Gobierno (Carolina Vargas Aignasse) y de Seguridad (Claudio Maley); por el titular de la comisión de Seguridad de la Legislatura (Gerónimo Vargas Aignasse) y por otros tres legisladores (dos por la mayoría, uno por la oposición). ¿Llegarán a integrar los equipos antes del martes 31?