Por Irene Benito
20 Diciembre 2019
Un mes antes del décimo aniversario de la norma que habilita a la Justicia a usar el expediente digital, dos juzgados civiles y comerciales de la capital empezarán a implementarlo. El debut tiene fecha: lunes 16 de marzo de 2020. Será ese el comienzo del final de una vida entera sometida a los rigores del papel. En la Corte Suprema de Justicia de Tucumán manejan un calendario que estipula la digitalización paulatina de todas las unidades, los fueros y los centros judiciales de la provincia hasta septiembre del año próximo. En ese punto virtualmente desaparecerá el mostrador, y los abogados y las partes sólo irán a los Tribunales para asistir a audiencias o bien cumplir actos presenciales muy concretos. Todo lo demás sucederá en una pantalla.
El oficio artesanal y manual de coser miles y miles de papeles con hilo, mediante grandes agujas, desaparecerá en los Tribunales en pocos años más, como decía una crónica publicada en LA GACETA al tiempo de la sanción de la Ley 8.279, del Expediente Digital. También quedarán en el olvido los casilleros de notificaciones del subsuelo del Palacio de Justicia. En algún tiempo, antes que mares de tinta, habrá miles de bits de información archivados en el Poder Judicial.
Si las previsiones se cumplen, la Justicia se convertirá en la primera rama del Estado provincial que logre el objetivo de la “despapelización”. En una reunión espontánea, los vocales de la Corte que estaban ayer en el Palacio de Justicia, Claudia Sbdar (presidenta), Daniel Leiva y Eleonora Rodríguez Campos, explicaron que llegar hasta esta situación había requerido el cumplimiento de distintas fases previas, como el desarrollo de un software propio, el Sistema de Administración de Expedientes (SAE). También hubo reorganizaciones internas, entre ellas la creación reciente de la Coordinación Estratégica de Planificación y Gestión, que concentra ocho oficinas y direcciones del alto tribunal en una estructura al mando de Josefina Sánchez, relatora de Leiva.
La publicidad de la decisión que coloca a los juzgados de José Dantur (N°4) y Jesús Abel Lafuente (N°6) como “conejillos de Indias” de la digitalización fue el epílogo de una serie de pasos de preparación, que incluyeron la incorporación de la notificación electrónica; la apertura del trámite de otorgamiento de la firma digital (en marcha en la Oficina de Atención al Ciudadano), e intercambios y acuerdos con los colegios de abogados y de procuradores; organismos públicos y entidades financieras. Estos avances sucedieron y suceden en simultáneo a la transformación de la forma de procesar los conflictos, que ahora tienden a la oralidad. Sbdar trazó una línea de unión y convergencia entre ambas reformas. “El expediente digital participa de la modernización integral de los procesos penales y no penales. Estos cambios exigen la ‘despapelización’”, dijo.
La extinción del expediente hecho de hojas impresas debería entrañar la supresión de fenómenos naturalizados en la Justicia, como el “cajoneo”, la pérdida y la sustracción de actuaciones, y el colapso de los espacios físicos. “La transformación que buscamos debe reducir el trabajo mecánico y aumentar el creativo, que es el que dignifica a los seres humanos”, acotó Rodríguez Campos.
Las bondades y desventajas de la digitalización -en particular lo relativo a la seguridad informática- deberían surgir de la experiencia en los despachos de Dantur y de Lafuente. Leiva precisó que el hecho de eliminar las colas; la burocracia de los sellos y los avatares de la atención al público ya iba a implicar una mejora sustancial. El vocal refirió que la simplificación de los trámites había generado beneficios en Concepción, única jurisdicción que hoy aplica el proceso penal remodelado en 2016 -la capital y Monteros se sumarán en mayo-. “Nunca pensé que iba a escuchar en la sala de acuerdos de la Corte al presidente de un colegio de abogados (Ángel Fara) decir que estaba encantado con el nuevo sistema. Como institución tenemos objetivos y una agenda con un rumbo. Todos los días estamos dando pasos para concretar el valor ‘justicia’, y para dar respuestas en tiempo real y útil”, manifestó Leiva.
La digitalización promete una tramitación más veloz en un Poder Judicial que siempre parece corto de jueces, fiscales y defensores oficiales. Por ejemplo, la capital tiene el mismo número de juzgados civiles que en 1991: ocho. Sbdar dijo que posiblemente haga falta ampliar esa cantidad, pero que el expediente digital permitirá conocer con mayor precisión las necesidades. Sucede que la tecnología acarrea la posibilidad de medir los rendimientos de manera científica. Se supone que la extracción y comprensión de esos datos incrementará la calidad de las decisiones en todos los sentidos. Según los vocales, este es el servicio que la sociedad merece y que el siglo XXI reclama.
La planificación
Meta.- El expediente digital comenzará a funcionar en los juzgados civiles N°4 y 6 de San Miguel de Tucumán el 20 de marzo de 2020.
Diez acciones.- Entre este mes y el comienzo de la implementación, los juzgados y oficinas implicadas en el proyecto de la Corte Suprema deben desarrollar un programa con una decena de actividades: 1) estudiar la normativa; 2) reunirse para armar un plan de trabajo; 3) designar un equipo redactor para cada procedimiento; 4) encontrarse por primera vez para elaborar procedimientos; 5) encontrarse por segunda vez para elaborar procedimientos; 6) confeccionar los proyectos de procedimientos; 7) ajustar y aprobar los procedimientos; 8) elaborar instructivos y tutorías; 9) hacer capacitaciones internas y externas, y 10) difundir y publicitar el mecanismo de funcionamiento del expediente digital.
Los participantes.- El proyecto concierne e involucra a todos los actores del foro: empleados, funcionarios y jueces; abogados; integrantes de los ministerios públicos; auxiliares de Justicia; organismos públicos (Rentas, AFIP, Catastro, Registro Inmobiliario, etcétera) y entidades bancarias, en particular, al Banco Macro, que es el agente financiero oficial en la provincia.
Calendario restante.- El 20 de abril de 2020 habrá una evaluación de los resultados de la implementación del expediente digital en los juzgados civiles respectivamente a cargo de José Dantur (N°4) y Jesús Abel Lafuente (N°6). En principio, la digitalización avanzará en los fueros de la capital (incluido el anexo de Banda del Río Salí) y será completada el 10 de agosto. Luego se sumarán Concepción y Monteros. La Corte calcula que, si no hay contratiempos, la “despapelización” será completada en septiembre de 2020.
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