Proponen que la Legislatura repudie la nueva guía de la ILE, a la que llaman “protocolo de muerte”

Walter Berarducci y Raúl Albarracín, legisladores de la oposición tucumana, tildaron de “protocolo de la muerte” el nuevo protocolo del Ministerio de Salud de la Nación para la aplicación de las Interrupciones Legales de Embarazo (ILE), vigentes por ley desde 1921 y ratificados por la Corte Suprema desde 2012.

“Manifestamos nuestro enfático repudio a la decisión del Ministro de Salud de la Nación de poner en vigencia el protocolo de la muerte. La convocatoria realizada por el presidente Alberto Fernández a todos los argentinos a poner de pie nuestro país ya tiene sus primeros excluidos: los niños por nacer”, expresaron los legisladores de la bancada Partido para la Justicia Social-Recuperemos Tucumán.

Ambos se opusieron rotundamente al protocolo de ILE, que establece normativas para la aplicación de los procedimientos que son legalizados en Argentina hace casi un siglo para realizar abortos bajo tres causales: cuando el embarazo representa un peligro para la vida de la persona gestante; cuando el embarazo representa un peligro para la salud de la persona gestante; cuando el embarazo proviene de una violación (se trate o no de una persona con discapacidad intelectual o psicosocial) se haya realizado o no una denuncia policial por la violación, de acuerdo al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso FAL. En todos los casos, de acuerdo al protocolo, se debe realizar la interrupción de embarazo a los 10 días de que fuera solicitado en las instituciones públicas o privadas. Sí establece la posibilidad de objeción de conciencia para profesionales de la salud, que pueden negarse. Las instituciones no puede declararse objetoras: los centros de salud públicos o privados deben garantizar el acceso a este derecho.

“El derecho a la vida es inalienable a la persona humana, sin restricción alguna, independientemente de las condiciones en que fue gestado. Es falso lo que señala González García que el aborto es un problema de salud pública. Tal afirmación carece de asidero científico y convierte falsamente al embarazo en una enfermedad y al niño por nacer en una suerte de tumor maligno que debe ser extirpado”, agregaron Berarducci y Albarracín. “Sus declaraciones públicas estigmatizando y ridiculizando a Tucumán porque no aplicamos el protocolo anterior o porque no adherimos a leyes antivida son una muestra de su intolerancia y de su voluntad obcecada de servir a intereses de lobbies internacionales que promueven el control poblacional, el manejo hegemónico de los recursos naturales y el exterminio de las poblaciones marginales”, subrayaron.

Los legisladores presentaron un proyecto de resolución que en un único artículo establece: “repudiar el Protocolo para la Interrupción Legal del Embarazo dispuesta por el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García”. Ante la prensa, Berarducci y Albarracín, ambos abogados de profesión, consideraron que la guía firmada por González García vulnera la Constitución. “El mal llamado Protocolo del Aborto No Punible avanza sobre derechos constitucionales, violenta la división de poderes, avanza sobre las autonomías provinciales y facilita a que el abuso de mujeres se convierta en no punible. Exhortamos al gobernador y al Poder Judicial a no ceder a presiones y condicionamientos para que se acepte la implementación del protocolo. Los tucumanos venimos sosteniendo en forma constante una posición innegociable: ¡las dos vidas valen!”, finalizaron.