08 Diciembre 2019
Han pasado 45 años del crimen del capitán Humberto Viola y de su hija María Cristina. Han pasado gobiernos y nada cambió. La lucha por conocer la verdad y por encontrar justicia sigue latente. Sufrió, sufre y sufrirá la familia por este hecho. Lo mismo sucede con los que fueron señalados y condenados por el hecho.
1. Un atentado criminal
En un domingo como cualquierotro cuando el capitán Viola y su familia decidieron almorzar en la casa de sus padres. Él condujo su Citröen Ami 8 hasta Ayacucho al 200. Detuvo el auto. Su esposa, María Cristina Picón, embarazada de cinco meses, se bajó del vehículo para abrir la puerta del garaje.
El militar, que según sus camaradas era un hombre inteligente y bien “avispado”, no se había percatado de que lo estaban siguiendo. Entre 10 y 11 hombres que se trasladaban en dos taxis los emboscaron. Los que se trasladaban en un Dodge 1.500 se bajaron y ametrallaron el vehículo. El grueso de los proyectiles impactó en la puerta del conductor. El capitán, malherido, se bajó e intentó detener a los atacantes, pero los otros hombres que se encontraban en un Ford Falcon que estaba detenido en Ayacucho y Las Piedras lo remataron con disparos de escopetas. En el interior del Ami fue mortalmente herida María Cristina, de 3 años, y sufrió graves heridas en su cabeza María Fernanda (5). La esposa de Viola resultó ilesa.
No pasó mucho tiempo para que se supiera quiénes habían sido los autores del ataque. El movimiento PTR-ERP se adjudicó el crimen. Horas después, la Policía encontró el Dodge en San Cayetano y descubrió que le habían robado el taxi al chofer en avenida Aconquija y Juan B. Terán. El otro fue ubicado en La Rioja al 1.200 y en su interior descubrieron cartuchos de escopetas. También hubo un operativo cerrojo para dar con los autores. Luego se informó que se habían producido unas 150 detenciones por averiguación de antecedentes. Ninguno de ellos fue el atacante.
El capitán Viola se había transformado en un objetivo central para los líderes del ERP. Fue destinado al Comando de la V Brigada de Infantería en 1970. Su misión había sido combatir las células de la organización que ya se habían afincado en la provincia. La organización planeó durante meses el crimen. Años después reconocieron haber cometido “un error” y hubo un duro cuestionamiento interno por el hecho cometido.
2- Doloroso recuerdo
Todo o casi todo cambió en la cuadra de Ayacucho al 200. Las edificaciones que aparecían en las fotos dn blanco y negro que se atesoran en el archivo de LA GACETA prácticamente ya no existen o quedan muy pocas. Lo mismo pasa con los habitantes de la zona. Muchos no resistieron el paso de los 45 años o terminaron mudándose. Pero el atentado fue un hecho tan grave que los testigos directos transmitieron lo vivido a sus descendientes.
“No había nacido aún cuando sucedió el hecho. Mi abuela me contó que estaban por sentarse por comer cuando escucharon los disparos. Decía que parecía una película de la Segunda Guerra Mundial por la cantidad de tiros que había escuchado”, contó Florencia Argañaraz. La joven, de 28 años, agregó: “otro de los recuerdos que siempre tuvo es lo que pasó después. Decía que a los pocos minutos la cuadra se llenó de militares armados con fusiles y ametralladoras. Luego que vino un señor, que parecía ser el jefe (las crónicas de la época señalan que fue el comandante Luciano Benjamín Menéndez), y pidió que todos se metieran adentro de sus casas. También corrió a los policías. Soldados cargaron el cuerpo del pobre hombre y se lo llevaron en un camión del Ejército”.
Los vecinos tampoco se olvidaron de lo que ocurrió un año después. También un 1 de diciembre, pero de 1975, se despertaron sobresaltados por una fuerte explosión. En la cuadra había estallado una camioneta. “Dentro del vehículo encontraron los cadáveres de seis hombres y de una mujer. Tres de las víctimas estaban atadas en las manos y con los ojos vendados”, publicó LA GACETA. El diario también confirmó que varios de ellos presentaban heridas de bala y que se había encontrado un comunicado que decía “Dios, Patria o Muerte”.
Nunca hubo una explicación oficial y mucho menos un investigación formal para determinar qué había sucedido.
“Fue un mensaje. Ahí nos dimos cuenta de lo mal que estábamos y eso que seguíamos en democracia. Sí recuerdo que por la mañana una enorme cuadrilla de la municipalidad estuvo horas limpiando todo”, rememora Hugo, un hombre de canas que no quiere dar a conocer su apellido. “Viví esa época y entendí que el silencio salva vidas”, se justifica.
3- Honrosa despedida
El asesinato del militar y de su hijita de tres años movilizó al país. “El crimen político no se inserta en nuestra historia porque es contrario a la idiosincrasia. El sepelio multitudinario del joven militar muerto el domingo, corrobora esa afirmación. La violencia no es la estrategia adecuada para construir el futuro, y consecuentemente, debe concluir”, editorializó nuestro diario el 3 de diciembre de 1974.
El velorio de los Viola se realizó en la sede del V Comando donde actualmente funciona parte de los tribunales penales. Por allí desfilaron el gobernador Amado Juri y varios de sus funcionarios, parlamentarios provinciales y nacionales, representantes de las tres fuerzas armadas, dirigentes políticos, estudiantiles y sindicales. Los ciudadanos comunes se ubicaron en la vereda y la platabanda de la avenida Sarmiento. Un vallado y soldados armados los separaban del lugar donde se despedía al militar. En el salón elegido, en un primer plano, se encontraban las coronas fúnebres que habían enviado la presidenta María Estela Martínez de Perón y el ministro de Bienestar Social José López Rega. Las crónicas de ese día no mencionaron la presencia de ningún funcionario del Poder Ejecutivo Nacional.
El jefe de la guarnición militar, Luciano Benjamín Menéndez, dio un discurso. “Los militares estamos preparados para vencer o morir. Pero cuando muere una criatura de tres años, bella esperanza truncada, el ánimo se deshace. La razón se pierde buscando una explicación a tamaña injusticia”, señaló el general, muchos años después condenado por delitos de lesa humanidad.
El sepelio se realizó ante una multitud en el cementerio del Oeste. A partir de esa fecha fue homenajeado de distintas maneras. En febrero de 1975, se bautizó con su nombre la plazoleta ubicada en España y Muñecas. Ese espacio verde fue eliminado cuando se construyó la nueva sede de la Legislatura y se transformó en una playa de estacionamiento. En diciembre de 1976, el gobernador de facto Antonio Domingo Bussi presidió el acto donde Viola recibió el ascenso post morten al grado de mayor.
4- Investigación y condena
Los tucumanos se enteraron el último día de diciembre de 1974 por boca del ex jefe de Policía Néstor Rubén Castelli (años después condenado a 18 años de prisión por delitos de lesa humanidad durante el juicio por el Operativo Independencia) que el crimen del capitán Viola estaba esclarecido en un 90%, pero, como sucedía en esos tiempos, no se daban detalles. Días después, se confirmó que la fuerza había detenido a un chico de 16 años (después se comprobó que en realidad tenía 14) y que, además de confesar su participación, había delatado a sus compañeros, a los que no se identificó. Tampoco se supo cuáles eran las pruebas en su contra y cómo se había producido el ataque que le costó la vida al militar y a su pequeña hija.
Los detalles de la investigación y las posteriores detenciones de los supuestos autores se mantuvieron en secreto durante varios años. Recién en 1979 el juez federal Manlio Martínez (que también fue condenado años después por su participación como magistrado durante la dictadura) condenó a reclusión perpetua a Francisco Antonio Carrizo y a Fermín Ángel Núñez; a prisión perpetua a José Martín Paz, Rubén Jesús Emperador y Miguel Emperador. A Figueroa, pese a ser inimputable porque se lo acusó de cometer un crimen cuando tenía 14 años, se le dictó una pena de ocho años.
El fallo fue confirmado por la Cámara a mediados de 1983 y confirmado por Corte Suprema de Justicia de la Nación en 1986, ya en tiempos de democracia.
5- La lucha legal
Los condenados, que se pasaron años jurando su inocencia, iniciaron un largo recorrido legal para lograr su libertad. Recién en 1987, el ex juez federal Jorge Parache decide otorgarle la libertad condicional a Núñez. “Esto no significa de ninguna manera consagrar la impunidad o dejar abierta la posibilidad de que lo acontecido pueda repetirse. Además, ideológicamente, han sido sancionados con una vehemencia y una seguridad que no deja lugar a dudas”, aseguró el magistrado al fundamentar su fallo.
Sin embargo, en febrero de 1988 la Cámara de Apelaciones revoca la resolución, pero Núñez no regresa a prisión. En diciembre de ese año comienzan a recuperar su libertad mediante sentencias que no estaban firmes. Todo llegó a su fin cuando el presidente Carlos Saúl Menem les concedió el indulto. El único que cumplió toda la pena fue Figueroa, que por su edad jamás debió ser enjuiciado.
6- Pedido de justicia
El crimen del capitán Viola y el de su hija quedó en la nada hasta 2007. La viuda del militar presentó un planteo en la Justicia para que el caso fuera declarado de Lesa Humanidad para evitar su prescripción. “No voy a la Justicia por odio ni con deseo de venganza. Sólo quiero Justicia”, se cansó de repetir. la mujer. El fiscal federal Carlos Brito, meses después y como preopinante, rechazó el planteo de la familia al entender que no existían impedimentos legales para avanzar en la investigación e imputar a nuevas personas, aunque no a quienes ya fueron condenados.
El caso pasó a manos del juez federal Daniel Bejas que también rechazó el pedido. Consideró que los hechos investigados no constituyen delitos de lesa humanidad. Por este motivo, declaró prescripta la acción penal y no hizo lugar al planteo para que se investigue a posibles nuevos imputados ni de que se renueve la persecución penal contra los acusados y condenados originales por el principio constitucional del non bis in idem (no puede haber dos sentencias por un mismo hecho).
La familia Viola no desistió del pedido. Fue hasta casación y espera la respuesta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
7- Un juicio clave
En 2010, el caso fue ventilado en el juicio por el Operativo Independencia. Allí se conoció gran parte de lo que sucedió con este caso. El fiscal federal Pablo Camuña y todo su equipo lograron demostrar las irregularidades que se cometieron en la investigación.
Probó que los imputados nunca fueron detenidos, sino que fueron secuestrados por grupos de tareas que eran liderados por Roberto “Tuerto” Albornoz (ex jefe policial luego condenado a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad) y llevados a diferentes centros clandestinos de la provincia. Señaló también que bajo todo tipo de torturas los obligaron a firmar confesiones de haber sido autores de los crímenes.
El fiscal informó que los acusados formaban parte del ERP, pero que nunca fueron sometidos a un juicio justo. Detalló las irregularidades cometidas por el juez Martínez y ponderó que ninguno de los imputados contó con un defensor durante el proceso y que un menor, pese a ser inimputable, terminó condenado.
Nada ha cambiado y el reclamo de Justicia sigue resonando fuerte.
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