Denunciaron a Caliva, intendente de Tafí del Valle, por presunto cohecho

Denunciaron a Caliva, intendente de Tafí del Valle, por presunto cohecho

La filtración de audios comprometieron al funcionario electo en junio. Además, presentaron una acusación contra seis concejales por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos.

Hécto Caliva Hécto Caliva ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE OSVALDO RIPOLL
06 Diciembre 2019

El intendente electo de Tafí del Valle, Héctor "Pancho" Caliva, fue denunciado penalmente por la posible comisión del delito de cohecho activo y pidieron su desafuero. La acusación surge después de la filtración de un audio en el que, presuntamente, pretende sobornar con dinero y cargos políticos al concejal Juan Carlos Rivadeneira para votar a favor de una mesa de conducción oficialista en el Concejo Deliberante de esa ciudad.

La denuncia fue radicada hoy en los Tribunales de Monteros por Sebastián Luna, que en el escrito expuso que "con su accionar, el actual intendente pretendió menoscabar el normal y correcto funcionamiento del Concejo Deliberante realizando ofrecimientos espurios que influyen negativamente sobre las instituciones".

"En el audio se puede apreciar que el intendente no solo pretende inducir al destinatario del mensaje de celebrar el ilícito propuesto, sino que va más allá... Va mejorando las ofertas a fin de hacerlas más atractivas, cuando parece que el dinero en negro y los cargos legislativos no son suficientes para cooptar la atención de su oyente...", detalló en el escrito.

El expediente N° 4874/19 corresponde a la denuncia contra Caliva mientras que y el N° 4875/19 contempla la acusación que Luna hizo contra seis concejales, por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Los dos escritos fueron entregados a la Fiscalía de Instrucción de la I° Nominación de los Tribunales monterizos. 

La denuncia sobre los ediles Juan Carlos Rivadeneira, Jéssica Daniela Yapura Astorga, Sonia del Carmen Saavedra, Omar Humberto Vedia, Omar Marino Monasterio y Miguel Angel Benjamín Cruz persigue la acusación porque Luna considera que ante lo sucedido "tienen la obligación legal de actuar en el sentido que la ley establece expresamente, por lo que la omisión de la conducta debida constituye la violación de la normativa vigente".

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