29 Noviembre 2019
Mientras se organiza el protocolo para la asunción de Cristina Fernández como vicepresidenta y presidenta de la Cámara Alta en el Congreso de la Nación, ayer la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de la ex mandataria por el uso de aviones presidenciales para uso particular (peculado), cuando ella y Néstor Kirchner estuvieron a cargo del Poder Ejecutivo.
Lo curioso es que aunque esta causa se la nominó como los “vuelos canillita” no se consideró delito que se hiciera llevar los diarios y resúmenes de prensa a Río Gallegos o El Calafate. Los jueces entendieron que ese material periodístico era atinente a sus funciones y que, en todo caso, pudo haber constituido una falta ética.
Sin embargo, se la procesó porque, según los pilotos, en los aviones presidenciales se trasladaron muebles y objetos que tuvieron como destino final los hoteles de la familia. “Esa circunstancia aleja la posibilidad de cualquier justificación que se le pudiera dar, aún aquella que se ensayó respecto de que había vuelos que debían salir sí o sí, y cuyo recorrido podía aprovecharse para el traslado de elementos claramente alejado de las necesidades del Gobierno Nacional”, escribió en su voto el juez Mariano Llorens, quien firmó la resolución junto a sus colegas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, según la resolución a la que accedió Infobae.
El delito de peculado castiga al funcionario “que empleare en provecho propio o de un tercero trabajos o servicios pagados por la administración nacional” y establece una pena de entre 2 y 10 años de prisión.
La investigación de los vuelos al sur fue activada por Bonadio en el marco de la causa de “los cuadernos”. Fue cuando avanzaba sobre la hipótesis de dinero al sur y llamó a pilotos de los aviones oficiales a declarar. (Infobae/Perfil)
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