Caso “Ledo”: Milani y Sanguinetti recibirán hoy el veredicto

Este viernes se detendrá el reloj que empezó a correr el 17 de junio de 1976 en el campamento militar de Monteros. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán (TOF) determinará si los imputados Esteban Sanguinetti y César Milani son responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos hace más de 43 años contra el soldado riojano Alberto Ledo. El veredicto será entregado luego de que las partes terminen de producir sus alegatos y agoten las contestaciones, y de que los ex militares acusados reciban la oportunidad para decir sus palabras finales. Es posible que estos actos pendientes extiendan la audiencia hasta la noche. El TOF ha de resolver si hay o no pruebas suficientes para condenar a Milani, ex jefe del Ejército pero subteniente al momento de los hechos, y al ex capitán Sanguinetti. El primero afronta un pedido de prisión de seis años por la supuesta comisión de los delitos de falsedad ideológica del acta de deserción y de encubrimiento. La acusación solicitó la prisión perpetua del ex capital por la presunta privación ilegítima de la libertad y el homicidio de Ledo.

Más allá del desenlace de la causa en cuanto a la imposición o no de penas, los camaristas federales Gabriel Casas (presidente), Carlos Enrique Jiménez Montilla y Enrique Lilljedahl se pronunciarán sobre uno de los casos que mayor repercusión pública tuvo durante el final de la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Sucede que en 2013 la ex jefa de Estado y desde el mes pasado vicepresidenta electa colocó a Milani al frente del Ejército. Cuestionado por distintos sectores, el imputado renunció dos años después. Tras el cambio de Gobierno, Milani fue procesado con prisión preventiva en la causa de lesa humanidad “Olivera”. El último día hábil previo a las elecciones primarias, el TOF de La Rioja lo absolvió, con el voto en disidencia de Lilljedahl. Además del caso “Ledo”, cuyo debate comenzó el 10 de octubre, Milani está procesado por supuesto enriquecimiento ilícito en un caso elevado a juicio en 2017.

La lectura política del proceso “Ledo” fue enfatizada por el propio Milani en distintas oportunidades a lo largo del juzgamiento en marcha en Tucumán: según su criterio, el asunto fue usado para perpetrar una persecución política, judicial y mediática en su contra, y para desprestigiar al Gobierno de Fernández de Kirchner. Las querellas de la familia del conscripto y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación ayer indicaron que existen pruebas abundantes para desbaratar la presunción de inocencia que asiste a los imputados (se informa por separado sobre sus alegatos). En particular, tanto las abogadas de Marcela Brizuela de Ledo y Graciela Ledo, respectivas madre y hermana de la víctima, como los representantes del Poder Ejecutivo de la Nación descartaron que el entonces subteniente Milani pudiese permanecer ajeno al plan sistemático de exterminio de la oposición política llevada adelante por el poder militar durante la última dictadura (1976-1983). Los querellantes Adriana Mercado Luna y Claudio Orosz dijeron que quedó acreditado que el imputado conocía y participó del Terrorismo de Estado, y que Ledo era un blanco de inteligencia por su militancia estudiantil universitaria y su adhesión a las ideas de izquierda.

“Mentiroso y cag...”

El ex soldado Rubén Páez cerró la ronda de declaraciones testimoniales. Este testigo desmintió a los hermanos Juan Carlos y Álvaro “Yopo” Illanes, quienes dijeron ante el TOF que Ledo era asistente de Milani. Páez sostuvo que esto era una falsedad y que en su momento Juan Carlos Illanes lo había contactado porque desconocía “dónde se había perdido” la víctima. “Nos juntamos en un bar de Chilecito (La Rioja). Allí me pidió que salga de testigo para hundirlo a Milani y que diga que Ledo lo asistía (...).Es un mentiroso y cagador. Y si lo traen aquí, se lo digo en la cara”, expresó Páez.

Detenido en el Arsenal

Los alegatos expuestos este jueves (faltan los del fiscal federal subrogante Pablo Camuña, y los de los defensores Adolfo Bertini y Vanessa Lucero) abordaron, sin mencionarla expresamente, la teoría del “error de prohibición invencible” que el TOF aplicó en el pasado para absolver a agentes inferiores de las fuerzas de seguridad. Esa tesitura considera que no puede asignarse responsabilidad penal a quienes actuaron en cumplimiento de órdenes que creían lícitas.

No escapa a ninguna de las partes que Milani, si bien es el funcionario público de más alto rango juzgado por el tribunal oral tucumano, rinde cuentas por hechos sucedidos cuando era un subteniente de 21 años que acababa de egresar del Colegio Militar. Por ello las querellas insistieron en que otros militares de ese misma condición habían sido condenados en juicios previos de lesa humanidad celebrados en el país. María Elisa Reinoso incluso recordó que, con una carrera parecida a la de Milani, el militar argentino fallecido José Luis D’Andrea Mohr se había negado a ejecutar los actos ilícitos que le ordenaban sus superiores. Ledo, quien tenía 20 años y estudiaba Historia al tiempo de los hechos, es uno de los 12 soldados exterminados en Tucumán durante la última dictadura, de acuerdo con el ensayo “El escuadrón perdido” (1988) del capitán D’Andrea Mohr. En todo el país 129 jóvenes afectados al servicio militar sufrieron la misma suerte.

Hasta el comienzo del juicio, la versión más divulgada, incluso la que consta en la investigación de la causa a cargo del fiscal federal Carlos Brito, refería que Ledo había sido visto por última vez en el campamento de Monteros. Ese relato indica que Sanguinetti, que siguió el juicio por videoconferencia, había sacado un par de veces al soldado durante la noche del 17 de junio de 1976 y que en la última ocasión regresó solo. Pero dos testigos que declararon este mes, Osvaldo Pérez y Julio César Tello, dijeron haber identificado al conscripto en el centro clandestino de detención que funcionaba en el Arsenal Miguel de Azcuénaga ubicado en las afueras de San Miguel de Tucumán. Los testimonios indican que Ledo estuvo ahí a finales de 1976. La querella de sus familiares observó ayer que la víctima pudo haber sido asesinada en ese lugar, como le sucedió a la mayoría de los detenidos alojados allí durante la dictadura.

La desaparición forzada fue caratulada como deserción, según consta en la copia certificada del acta confeccionada el 29 de junio de 1976 -12 días después de la hipotética fuga- por Milani, y firmada por él, y los otros responsables del batallón, el sargento ayudante fallecido Roberto Lotero y el capitán Sanguinetti. Los imputados desconocieron un instrumento que presenta numerosas irregularidades y cuya validez probatoria fue declarada por el juez federal N°1, Daniel Bejas, y la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán. El acta original desapareció de los archivos del Estado nacional y la posición que el TOF asuma respecto de la copia certificada es clave para la suerte de la imputación, pero, en especial, para Milani, que está acusado de falsificar ese documento con la finalidad de encubrir el crimen.