La amenaza latente de un paro en el transporte

El reloj marca el viernes como punto de inflexión. Ese día vencerá una nueva prórroga en la conciliación obligatoria que mantiene -por ahora- desactivado el conflicto en el transporte público de pasajeros. Sin embargo, la amenaza de un nuevo paro en el servicio sigue latente, porque las condiciones que lo generaron no se modificaron en estas semanas.

En estos 11 meses de 2019, la crisis en este servicio publico esencial para estudiantes y trabajadores se agravó por los cruces políticos entre la Nación, la Provincia y los empresarios del sector. El problema se originó a fines del año pasado, cuando los gobernadores y el presidente Mauricio Macri suscribieron un convenio mediante el cual se modificaron las condiciones de los subsidios. La Nación se desentendió de buena parte de esa responsabilidad y se las transfirió a las administraciones provinciales. No obstante, los mandatarios -en especial los opositores a Cambiemos- alertaron en reiteradas ocasiones sobre asimetrías en la distribución de los recursos.

En el medio se coló la inflación, que a lo largo de 2019 hizo estragos en los estructura de costos. Los empresarios aducen que el alza de precios los lleva a trabajar a pérdida, y que no pueden afrontar los incrementos salariales que -con justa razón- reclaman los trabajadores para recuperar su deteriorado poder adquisitivo. En consecuencia, la crisis se agravó al punto de que a lo largo del año ya hubo una quincena de paros. Sin atisbo de solución, en octubre los empresarios despidieron a unos 150 empleados y la amenaza de una nueva interrupción en la circulación de los ómnibus urbanos e interurbanos volvió a posarse sobre los usuarios.

Desde que se dictó la conciliación obligatoria por parte de la Secretaría de Trabajo de la Provincia, nada se ha avanzado. Los hechos que desencadenaron meses de conflicto se mantienen y los empresarios insisten en que no pueden reincorporar a los trabajadores cesanteados. A principios de la semana pasada, una reunión entre el vicegobernador Osvaldo Jaldo, en ejercicio del Poder Ejecutivo; la ministra de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse; empresarios y dirigentes gremiales derivó en un acuerdo provisorio que les dio más tiempo a las partes para tratar de superar las desavenencias. Ese plazo caduca el viernes.

El tiempo acordado no es casual: desde hoy ya estará en la provincia el gobernador, Juan Manzur. A su regreso de Estados Unidos, donde mantuvo una agenda oficial que incluyó encuentros académicos y comerciales, el asunto central a resolver es la crisis en el transporte público.

La Provincia apuesta a que la asunción de Alberto Fernández como presidente le permita gestionar de otra manera los subsidios al transporte. Sin embargo, hasta que el ex jefe de Gabinete se siente en el sillón de Rivadavia aún restan largos días. Por ello, urge que autoridades provinciales, empresarios y sindicalistas lleguen a un entendimiento.

En especial, porque ya hay un pedido de incremento en la tarifa que espera su resolución en el Concejo Deliberante de la Capital. Hace dos semanas, los empresarios solicitaron que el boleto suba desde los $ 24 actuales hasta $ 42,32. Se trata del tercer pedido de suba en el año. De avanzar en ese sentido, las partes involucradas incurrirían en una solución cortoplacista, que atentaría contra los bolsillos de miles de familias y que en nada ayudaría a sortear, de una vez por todas, esta crisis recurrente en el servicio.