Las armas israelíes llegarían este año

El Poder Ejecutivo (PE) está haciendo gestiones para lograr que las armas de fabricación israelí adquiridas en una operación cercana a los 9 millones de dólares lleguen a Tucumán antes de fin de año. Así lo anunció el presidente de la comisión de Seguridad y Justicia de la Legislatura, Gerónimo Vargas Aignasse (Justicialista de Todos), en la extensa sesión de ayer.

El tema fue abordado a partir de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) enviado por el gobernador, Juan Manzur, con la firma del ministro de Seguridad, Claudio Maley. El instrumento, sin embargo, debió ser rechazado por los legisladores. Los opositores Walter Berarducci (PJS) y Nadima Pecci (FR) advirtieron que el texto girado por el Ejecutivo presentaba fallas en su redacción. Las normas establecen que los DNU no pueden ser modificados por el cuerpo legislativo, que sólo se debe limitar a ratificar o rechazar su contenido.

Ante esta situación, la Legislatura se constituyó en comisión -equivale a conformar un grupo de trabajo durante el debate parlamentario- para descartar el decreto de Manzur y redactar un nuevo proyecto, idéntico en espíritu y objetivos, pero salvando las objeciones planteadas por los opositores.

“(Las armas) van a llegar a Tucumán probablemente antes de que termine el año”, indicó Vargas Aignasse. El también vicepresidente primero de la Legislatura destacó que el stock de armas de la Policía provincial necesita una renovación urgente, ya que hay pistolas cuya fabricación data de hace 80 años. “Los armeros tienen que buscar coleccionistas para repararlas”, describió el oficialista.

El radical José Ricardo Ascárate objetó la operación. “Ni siquiera aparece la cifra final que vamos a pagar”, dijo. Y destacó que se recurrió a la empresa Emprendimientos Grupo Patagónico SRL, con sede en Ciudad de Buenos Aires, en lugar de gestionar la importación a través de intermediarios oficiales.

Berarducci, a su turno, señaló que el DNU contenía fallas formales que imposibilitaban su validez; entre otros puntos, porque se citaba el estado de emergencia en Seguridad, Cárceles y Adicciones, cuya vigencia había caducado -ayer se repuso ese régimen de excepción-. “Vamos a incursionar en un antecedente perjudicial para la Cámara”, consignó el abogado.

Pecci se sumó a las objeciones. “Sabemos que se necesitan las armas”, aclaró. Por eso, aceptó la propuesta del oficialismo de que, una vez corregidas las observaciones, los opositores acompañaran la propuesta. Así se cerró la votación, excepto por el radical José Canelada. Este recordó que había rechazado la compra en 2018, y que había cuestionado la operatoria en la Justicia penal; por lo tanto, alegó, debía mantener la coherencia.

Por otra parte, ayer se repuso la vigencia de la ley de emergencia en Seguridad Pública, Cárceles, Adicciones y Seguridad Vial, que tendrá vigencia hasta 2021.