El Gobierno desactiva un posible paro del transporte

La Casa de Gobierno terminó la semana con reuniones a contrarreloj para evitar el paro de colectivos previsto para el martes. Y al parecer, las gestiones -hasta el momento- habrían tenido éxito.

Fuentes del Poder Ejecutivo explicaron que, ante el inminente vencimiento de la conciliación obligatoria entre el gremio de los choferes, que encabeza el titular de la Unión de Tranviarios Automotor (UTA), César González, y la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat), representada por Jorge Berretta, se habría llegado a un acuerdo para continuar con las negociaciones hasta el viernes 29 -es decir, dentro de 12 días-. Para entonces, se espera que el gobernador, Juan Luis Manzur, se encuentre nuevamente en esta provincial, luego de la misión oficial por Estados Unidos.

El punto que llevó al máximo el conflicto entre empresarios y choferes fue el despedido de 150 trabajadores. El gremio de UTA había amenazado con un paro en el servicio durante la semana que pasó, pero una extensión conciliación obligatoria-dictada en octubre- frenó la medida de fuerza.

Esta “tregua” formal caduca el martes. Pero una reunión entre el vicegobernador Osvaldo Jaldo, en ejercicio del Poder Ejecutivo; la ministra de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse; Berreta y González derivó en un acuerdo provisorio que les dará más tiempo a las partes para tratar de superar las desavenencias. Este martes, sin embargo, se llevará a cabo un nuevo encuentro, esta vez en la Secretaría de Trabajo de la Provincia. Será la primera prueba de fuego para el flamante titular de esa cartera, el ex legislador Andrés Galván, referente del gremio azucarero y miembro del Partido de los Trabajadores.

Mirando a futuro

Ante una consulta de LA GACETA, el vicegobernador Jaldo confirmó el resultado de las últimas reuniones con UTA y Aetat. “Hemos solicitado la prórroga (de la conciliación), al ver que se agotaban los plazos de la negociación y que estamos frente a una problemática de estas características. La falta de acuerdo en un servicio público como es el transporte afectaría a un porcentaje importante de la población”, señaló el presidente de la Legislatura. Indicó que las próximas reuniones serán clave para tratar de llevar tranquilidad en un sector que desde hace varios años alega una situación de crisis. “Tenemos que seguir analizando qué tipo de transporte queremos hacia el futuro”, añadió Jaldo, en diálogo con este diario.

A mediados de año, por iniciativa del vicegobernador, se conformó en la Legislatura una comisión especial cuya misión era replantear este servicio público. El grupo de trabajo estaba a cargo del ahora ex legislador Luis Morghenstein (pasará a ser vocal del Ente Regulador de Servicios Públicos de Tucumán). Con la renovación de los cargos públicos y la nueva integración de la Cámara legislativa, se deberá convocar otra vez a ese grupo de trabajo para reiniciar las discusiones entre las partes. Según fuentes de la Legislatura, una de las alternativas que manejan en el bloque oficial Justicialista de Todos es ubicar todo este conflicto dentro del marco de la Ley de Emergencia en el Transporte Público de Pasajeros, que caduca en junio de 2020. De todos modos, son muchos los puntos a debatir entre autoridades, empresarios y trabajadores. Sobre todo luego del cambio de signo político a nivel nacional. Uno de los aspectos que más críticas motivó desde la Casa de Gobierno hacia la administración del presidente Mauricio Macri fue la aplicación de un régimen de subsidios distinto al que se venía utilizando, ya que a partir del llamado Consenso Fiscal se delegó lo relativo al transporte de pasajeros en las provincias.

Otro de los ejes a discutir por las partes es el impacto de los subsidios provinciales otorgados por la ley de emergencia en este rubro, que posibilita la transferencia de hasta $130 millones mensuales en favor de las empresas. El artículo 4° de la ley 9.102 facultó al Poder Ejecutivo a firmar un convenio con Aetat, a propósito de esos giros, con el objetivo de que se asegure “el compromiso de las empresas prestatarias del servicio de mantener las fuentes de trabajo de los empleados del sector”.