Miguel Alejandro Saracho fue encontrado sin vida en una celda de la Cárcel de Concepción. Según la versión oficial, se ahorcó media hora después de que salvara a un compañero de encierro de colgarse. Al lado de su cuerpo se encontró una carta donde daba a conocer por qué había tomado esa decisión. Los motivos esgrimidos no eran creíbles y después sus familiares confirmaron que la letra no era del fallecido.
La Justicia ya investiga el caso y no descarta que se haya tratado de un homicidio. El fantasma de la mafia que vende drogas en el interior del penal vuelve a sobrevolar la provincia.
“Estamos trabajando. Se han iniciado las actuaciones correspondientes y la carta es uno de los indicios que tenemos en cuenta para investigar”, explicó Edgardo Sánchez, fiscal que lleva adelante el caso. Los familiares del reo muerto desmintieron que haya estado “depresivo porque no recibía algunos beneficios”.
La jueza de Ejecución y Sentencias Alicia Merched confirmó que Saracho había recibido permisos de salidas especiales en septiembre y octubre y tenía otro otorgado para los próximos días y en diciembre, una audiencia para comenzar con un régimen de salidas transitorias. “No es creíble que haya decidido quitarse la vida justo cuando comenzaba a salir de prisión”, explicó una fuente judicial.
Los dedos acusadores de los familiares de los reos alojados en esa prisión señalan a los grupos de reos y guardiacárceles que se dedicarían a vender drogas entre los internos. “Todos tienen miedo, nadie quiera hablar porque se vienen las represalias. No sólo aparecen ahorcados, sino que los amenazan con quitarles todos los beneficios que pueden aspirar. Es así de simple”, señaló Hugo, hermano de un interno que cumple con una condena. “El chico que salvó Saracho sabe mucho, pero no dice nada porque está aterrorizado”, agregó.
El joven en cuestión, cuyo nombre se mantiene en reserva por cuestiones legales, extraoficialmente habría contado una extraña versión sobre lo sucedido. “Lo único que recuerdo es que me dieron cuatro pastillas y después Saracho me bajó y evitó que me colgara”, habría confesado. Sin embargo, no pudo decir por qué había tomado tantas pastillas, ni cómo las había conseguido ni por qué Saracho había decidido quitarse la vida media hora después de haberlo salvado.
Polémica
Los familiares de los internos, que piden que se mantengan en reserva sus nombres, aseguraron que la venta de drogas no se terminó en ese penal. El año pasado, se desató un escándalo cuando la jueza Merched denunció que, pese a los pedidos realizados, poco se avanzó en la investigación por el ingreso de unas 4.000 pastillas al penal en octubre de 2107.
Por esa hecho, fue desplazada Carina Assad, responsable del servicio penitenciario. La funcionaria, que luego fue denunciada por haberle mandado mensajes intimidantes a la magistrada, reemplazó a la cúpula del organismo luego de que se comprobaran irregularidades en el crimen de Sebastián Medina, el preso que fue asesinado en el penal, donde había sido trasladado irregularmente por haber acusado a guardiacárceles de entregarle droga para que vendiera entre sus compañeros de encierro.
“No ha cambiado en nada. Aquí todos sabemos que a los internos los amenazan con modificar su ficha (antecedentes) para que no reciban beneficios si no venden las pastillas que les dan los guardias, o si hablan. Otra maniobra es decirles que no tienen chances de conseguir permisos especiales o salidas transitorias, pero si colaboran con ellos, se las conseguirían”, explicó María Filomena, madre de un condenado por robo.
Merched no pudo confirmar esa versión, pero sí dijo que en los últimos tiempos se encontró con situaciones extrañas. “Los presos se mostraban depresivos cuando los visitaba. Se quejaban diciendo que no les otorgarían todo lo que venían planteado. No pude establecer quién es la persona que brinda esa información falsa. Sí creo que es una manera de presionar para que hagan cosas indebidas y para perjudicarme”, explicó.
Hugo, uno de los familiares que se puso al frente de las denuncias de las irregularidades que se estarían produciendo en esa unidad carcelaria, dijo además que en los últimos tiempos arribaron a esa penitenciaría reclusos de Villa Urquiza. “Nos dicen que ellos son los que venden la droga y que llegaron con oficios del doctor (Roberto) Guyot. Hablamos con las autoridades y afortunadamente nos escucharon”, explicó. El magistrado no respondió los llamados ni los mensajes de LA GACETA para que diera a conocer su versión de los hechos.
Merched dijo que en esa unidad hay unos 14 reclusos que fueron reubicados por su par de Tucumán. Actualmente, según explicó Merched, en la cárcel del sur están alojados más de 300 detenidos, con lo que la capacidad está superada. “Días atrás llegó un oficio con un preso con severos problemas de conducta. Me negué a que se lo trasladara porque la situación del penal no es buena. Se está viviendo un clima difícil”, concluyó.
Falta de fondos
“La situación en el penal no es buena. Venimos de levantar una huelga de hambre y ahora se da esta situación”, comentó la jueza Alicia Merched. La magistrada señaló que la protesta de los reclusos se inició porque se habían cerrado los talleres de producción que funcionaban en la cárcel y donde ellos trabajaban. “Intervine en el problema y constaté que estaban cerrados porque no había fondos para su funcionamiento. Hablé con el interventor y le pedí que los abriera para que comenzaran a funcionar nuevamente con los donativos y cosas que se pudieran adquirir”, agregó.
La jueza de Ejecución y Sentencias señaló que actualmente los internos del penal trabajan lavando autos, vendiendo productos de panificación y diferentes elementos de herrería. “Hemos abierto las compras al público para obtener ingresos. También se están haciendo los bloques con los que se construye una especie de centro de venta de comidas que se abrirá en días de visita. Sus familiares podrán adquirir allí los alimentos para no tener que soportar las duras requisas”, agregó.