Adriana Giannoni, fiscala especializada en Homicidios de esta ciudad, anunció ayer que buscará que la Corte Suprema de Justicia de la Nación la restituya en el expediente penal abierto contra los ginecólogos que practicaron la cesárea a la niña llamada “Lucía”. Giannoni se comunicó por mensaje de texto para decir que no iba a consentir la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán que convalidó el apartamiento por “temor fundado de falta de objetividad” que había dispuesto el magistrado Enrique Pedicone en agosto. En ese mismo acto, el camarista separó también al juez Facundo Maggio (N°2) de la causa contra los médicos José Gijena y Cecilia Ousset, y la defensora de Menores, Adriana Mónica Romano. Días después, Pedicone anuló la citación a indagatoria rubricada por Giannoni y notificada a los facultativos horas después de su apartamiento, y ordenó la investigación de la fiscala por no asistir a la audiencia ni entregar el expediente.
El 25 de octubre, los vocales Daniel Posse, Antonio Daniel Estofán y Daniel Leiva rechazaron la impugnación de Giannoni con el argumento de que esta presentaba defectos formales, y de que no había acreditado la “gravedad institucional” invocada. La integrante del Ministerio Público Fiscal había manifestado que su intervención en el caso estaba firme y que convocó a los médicos a declarar como imputados un día antes de la decisión de Pedicone. La admisibilidad del recurso extraordinario tendiente a que la Corte de la Nación se involucre en el conflicto ha de ser resuelta por el alto tribunal local. Si los vocales llegaran a rechazar la impugnación, Giannoni aún puede ir directamente al máximo estrado argentino mediante una queja. La fiscala expresó ayer, además, que la Corte tucumana debía analizar un recurso del fiscal Alejandro Noguera relacionado con la actuación de Pedicone.
Posición sobre el oficio 10/2019 remitido al Hospital del Este 15 días antes de la cesárea
“Nunca advertí (al personal del Hospital del Este) que seguir adelante con la cirugía solicitada por ‘Lucía’ (para detener la gestación producida por una violación) podría conllevar la comisión de delitos”, expresó Giannoni en referencia a la publicación sobre el fallo de la Corte provincial incluida en la edición de LA GACETA del jueves. “El oficio dirigido a la directora del Hospital (Elizabeth Ávila) era a los fines de que notificara al personal a su cargo el texto de dos artículos, el 3 de la Ley 8.293 y el 2 de la Ley 6.518, con el apercibimiento de incurrir en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público a tenor de lo previsto en el artículo 5 de la Ley 6.518. Adjudicarme que advertí que podían cometer delitos si seguían adelante con la cirugía es totalmente falso, y, si no se aclara, debo pensar que (la mención) fue maliciosa y malintencionada, y al solo efecto de desprestigiarme”, opinó.
El Oficio 10/2019 ingresó al Hospital del Este, donde estaba internada la niña violada, 15 días antes de que los ginecólogos Gijena y Ousset le practicaran la cesárea. Mediante ese instrumento, Giannoni informó a las autoridades sanitarias y a los agentes que dependen de ellas que, “en atención a los intereses de los menores involucrados”, estaban obligadas por leyes provinciales a proteger la salud y sus bienes desde la concepción. Y les advirtió que podrían enfrentar consecuencias penales si no comunicaban al Ministerio Público de la Defensa o a quien correspondiese los malos tratos infligidos a los menores de edad. La remisión de este oficio dio lugar a que la diputada nacional Teresita Villavicencio denunciara a Giannoni, y fue uno de los motivos tenidos en cuenta por Pedicone para considerar que la fiscala había prejuzgado y carecía del equilibrio necesario para investigar la denuncia contra los médicos de “Lucía”.