“El desafío es poner de pie al Instituto de la Vivienda”
Pocos días después de desembarcar como interventora, Stella Maris Córdoba ya comenzó a imponer su estilo en el IPV (Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano). Empezó por su despacho, donde colocó una pintura de un auto con el escudo del Partido Justicialista en el capot en la pared detrás de su silla y, junto a la puerta, colgó el diploma que recibió por desempeñarse como legisladora entre 2015 y 2019.
Detrás de un escritorio con forma de ele, la flamante autoridad (Noemí Ferrioli quedó como subinterventora) confiesa que la designación la tomó por sorpresa. Admite que es una repartición muy grande y que tiene mucho por conocer. Remarca que lo considera un gran desafío, pero que confía en la experiencia que adquirió en los años que lleva en la gestión pública. Acepta que en gestiones anteriores hubo hechos de corrupción, aunque no menciona esa palabra.
Esa impronta que quiere imponer Córdoba tiene dos objetivos para el corto o mediano plazo: el primero, pedido explícitamente por el gobernador Juan Manzur, es que prepare la estructura del IPV para una nueva política habitacional de la mano de Alberto Fernández; y el segundo, que el organismo recupere el prestigio y el potencial perdido. “Que vuelva a ser una institución bien mirada por los tucumanos”, dice a LA GACETA.
-¿Qué opina de llegar a una entidad en la que en los últimos años hubo casos de corrupción, con funcionarios detenidos? ¿Cómo se siente de llegar en ese contexto?
-Es un gran desafío para mí y para todos. El Instituto viene muy golpeado, en esto hay que ser realistas. Golpeado en el aspecto económico-financiero, porque no se ha recibido ni la tercera parte del financiamiento y del impulso que ha tenido la vivienda hasta 2015. Y golpeado por los casos que han ido a la Justicia. El desafío es poner de pie al Instituto de la Vivienda, prepararlo para la política habitacional que va a venir en el período 2019-2023 y estimular los recursos humanos para que se vuelvan a potenciar. Quisiera que la camiseta del Instituto nos la pongamos todos a partir de ahora y que dentro de un par de años tengamos otro estado de situación.
-¿Qué opina usted de los antecedentes de corrupción?
-Yo vengo acá a cuidar los intereses del Estado y de los tucumanos. Si hay un buen capital que tengo creo que es mi buen nombre y honor, y a ese capital no lo voy a jugar. Mi intención es que el Instituto recupere todo el potencial que tiene como una herramienta de servicio de los tucumanos. En ese sentido, no voy a cambiar mi manera de ser en ningún modo. Y en aquello que la Justicia requiera mi colaboración, la va a tener.
-¿Le quiere dar prestigio al IPV y limpiar el nombre de la polémica?
-Por supuesto. Yo creo que los tucumanos, el Gobierno y los recursos humanos que trabajan con honestidad, convicción y dedicación merecen que el Instituto vuelva a ser una institución bien mirada por los tucumanos.
-Recién hablaba de “preparar la estructura”. ¿Qué significa?
-Preparar la estructura significa hacer un diagnóstico de lo que son los recursos humanos, económicos, financieros y todo lo que significa la situación real del Instituto. También estamos haciendo un diagnóstico y una elaboración sobre el sistema de acceso a la vivienda. Estamos evaluando la posibilidad de diseñar uno nuevo que implique mayor transparencia y eficacia, y un conocimiento permanente de la demanda de viviendas en Tucumán. Esto significa que no se va a abrir la inscripción cuando haya viviendas disponibles o una obra en ejecución, sino que la inscripción va a ser permanente. El Instituto, por ley, está orientado a las viviendas sociales. Como va a haber una nueva política de hábitat y viviendas, esto no significa que no podamos ingresar en otro tipo de planes que no sea la vivienda terminada. Estamos pensando en la generación de créditos para viviendas y para mejoramientos.
-¿Esta necesidad de renovar un sistema surge de falta de transparencia del sistema anterior?
-No. Lo que ocurre es que ahora hay un sistema que considero que se lo puede eficientizar. Por ejemplo, que uno sepa desde el principio si puede ser aceptado o no como beneficiario. Hoy pasa al revés: la gente se anota, se sortea y después se verifican los requisitos. A la vez vamos a establecer un cupo especial, acorde a la actuación de datos, para que aquellos que llevan 10 años inscriptos y que nunca han salido sorteados tengan preeminencia. Lo estamos evaluando.
Investigación en curso
Algunos de los casos de corrupción más escandalosos en torno al IPV fueron los que protagonizaron Lucas Barrionuevo y Miguel Jiménez Augier, funcionarios del organismo durante la gestión del fallecido Gustavo Durán. Mientras el primero sería el dueño de facto de una constructora beneficiada con contrataciones de la repartición, el segundo fue separado de su cargo cuando se difundió que tenía medio millón de dólares en una caja de seguridad. Ambos forman parte de una compleja causa en la que cinco personas están imputadas por diversos delitos.
Córdoba afirma que pidió al departamento de asuntos legales que le elabore un informe para revisar personalmente cada sumario. Además, sostiene que Barrionuevo no está yendo a trabajar porque está con licencia.
-Durante todos estos años estuvo la ex interventora y actual subinterventoria Noemí Ferrioli. ¿Qué rol tiene ella ahora?
-No hemos hablado específicamente de esos temas (las investigaciones judiciales). Lo que yo vengo conversando con ella es toda la parte técnica del Instituto, porque ella es una persona que conoce mucho. No hemos hablado específicamente de esos temas porque tienen connotaciones legales y judiciales. Los que están en el ámbito de la Justicia, se desarrollarán ahí. Y los que están en el Instituto, yo voy a mirar personalmente los sumarios. Mi intención es que se terminen rápidamente para que se definan esas situaciones acorde a la ley.
Sí he conversado con ella después de que saliera el artículo en LA GACETA (respecto a Manantial Sur). He conversado con la doctora sobre ese tema y me ha manifestado que ella no ha tomado ninguna decisión en ese sentido, que todas las adjudicaciones que se han hecho, se han hecho durante el mandato de Durán, de manera que ella está tranquila. Si hay algún tipo de requerimiento, va a responder.
-Y respecto a los otros casos, como el de Barrionuevo, ¿también le preguntó?
No. Hemos hablado circunstancialmente sobre ese tema porque ha salido esa nota. Ella es una colega que está participando conmigo con la subintervención, no le voy a hacer una indagatoria a una colega. Sí me interesa saber lo que pueda tener consecuencia para el Instituto, pero ella me ha manifestado que ha obrado en todo de acuerdo a la ley.
Además, hay que tener en cuenta que Ferrioli era la segunda autoridad. Si ustedes lo han conocido alguna vez al ingeniero Durán saben que era una persona de una fuerte personalidad y era quien principalmente tomaba todas las decisiones políticas e institucionales.
-¿No convendría, quizás, que ella esté en otro cargo?
-Esas son decisiones políticas que ya están tomadas.
