Por Gustavo Rodríguez
14 Noviembre 2019
CON EQUIPO PROPIO. El Ministerio Público Fiscal cuenta con un cuerpo de investigadores para atender las causas.
“Analytic” del Ministerio Público Fiscal, es la nueva herramienta que tienen los fiscales para analizar los delitos que se cometen en diferentes puntos de la provincia. Es una aplicación con la que los especialistas recaban información y se la entregan a la Policía para que generen nuevas políticas de prevención o inicien investigaciones. Es una muestra más de que en tribunales funciona una especie de Ministerio de Seguridad paralelo.
El sistema, que fue creado por los programadores del MPF, funciona más o menos así: se carga en una base de datos información sobre los delitos que se cometen y quedan reflejados con íconos en un mapa que está dividido por las jurisdicciones de cada una de las dependencias policiales que hay en la provincia. En el caso de los robos agravados (arrebatos, ataques de motochorros y asaltos) aparece una pistola roja. Con hacer un clic en esa imagen surgen los siguientes datos:
- Lugar y hora del hecho.
- El tipo de delito.
- Cuántas personas participaron.
- Qué tipo de armas y ropa utilizaron.
- El medio de movilidad que usaron los delincuentes.
Toda esa información luego es analizada por funcionarios del MPF y de la Policía y discuten los pasos a seguir. Por un lado atan cabos para tratar de identificar bandas que actúan. Por otro, al detectar cuáles son las zonas rojas, puedan diagramar operativos especiales de prevención.
Una muestra del mapa.
El sistema es una nueva versión de lo que se conoce en todo el mundo como el Mapa del Delito. Se inició con una experiencia piloto en Yerba Buena, luego se extendió a barrio Sur y, por último, se usó para analizar los problemas que se registraron en las jurisdicciones de las seccionales 7ª y 12ª. “La idea es que se lo ponga en práctica en toda la provincia lo más rápido posible”, destacó una fuente de tribunales.
Según el plan del MPF, la idea es trabajar de manera conjunta con las fuerzas policiales. Y pusieron un ejemplo: en Yerba Buena, el último fin de semana, se realizaron operativos sorpresa para evitar los escruches, es decir, los robos en viviendas cuando no están sus propietarios.
Otro paradigma
“Esto no es una intromisión, es un trabajo que se está expandiendo entre la Policía y los jueces, que están más atentos a lo que sucede”, se apuró en aclarar el ministro fiscal Edmundo Jiménez. “Este un problema complejo que requiere de la participación de todos para buscar las soluciones. Y eso es lo que estamos haciendo: dando herramientas a la fuerza para que realice su trabajo. Y lo hacemos porque los fiscales están en el medio”, insistió.
“Hace muy poco estuvimos en Monteros y nos dimos con una dura realidad. En un mes se habían denunciado 50 delitos contra la propiedad. Para esa ciudad, la cifra es altísima. Ya se pactaron reuniones con los policías de la zona para que intensifiquen las tareas de prevención; con los fiscales, para que unifiquen los procesos, si es necesario; y con los jueces, para que nos acompañen otorgándonos las medidas que sean necesarias”, graficó el funcionario.
Desde el año pasado el MPF está lanzando medidas para colaborar con el Poder Ejecutivo en la lucha contra la inseguridad. Instalaron un centro de monitoreo paralelo en la sede de tribunales con las imágenes del servicio 911; realizaron megaoperativos en diferentes barrios de la capital y del interior de la provincia, incorporaron sistemas de identificación de personas; entregaron vehículos y motos para reforzar la tarea de prevención; entregaron computadoras para algunas dependencias policiales y recuperaron armas y se las dieron a la Policía, entre otras medidas.
“Desde hace bastante tiempo se está cambiando el paradigma del trabajo que se hace desde este ministerio. Comenzó con la especialización de las fiscalías y continuó con el nombramiento de los ayudantes fiscales. Todo esto es para conseguir mejores resultados en nuestra tarea. Y lo estamos consiguiendo. Ahora trabajamos de manera conjunta para ir dando las respuestas que tanto nos exige la sociedad”, explicó Jiménez.
El ministro fiscal reconoció que aún queda mucho por mejorar. “Estamos buscando todas las herramientas que son necesarias para cumplir con los objetivos que nos hemos trazado. Vamos a seguir adelante, colaborando, no entrometiéndonos. Después de mucho tiempo se puede decir que estamos trabajando de manera conjunta con los miembros de la fuerza. Eso es importante y lo veníamos pidiendo desde hace bastante tiempo”, graficó.
Luis Ibáñez, secretario de Seguridad de la provincia, remarcó que el Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público Fiscal (MPF) habían firmado este año un “acuerdo marco”, que contemplaba distintas medidas de “aplicación progresiva”. “Ese convenio incluía la transferencia de la base de datos del Ministerio de Seguridad a los fiscales. Es decir, proporcionamos las referencias del mapa del delito”, destacó el funcionario. Ibáñez indicó que otro punto acordado era suministrar la información del servicio penitenciario, respecto de los detenidos no procesados que se encontraban en las comisarías o en la cárcel. “Esto está en trámite”, añadió. También se consensuó la entrega de vehículos secuestrados por causas policiales a la Policía.
Lo que viene
Jiménez mide cada una de sus palabras como si se tratara de un neurocirujano para no herir susceptibilidades. “Sí, vamos a seguir esta línea, pero vamos a ir despacio, sin apresurarnos”, adelantó.
El ministro anunció que en los próximos días llegarán funcionarios del gobierno y de la Justicia de Neuquén para cederle sin costo al MPF una aplicación con la que los policías comunicarán las novedades a los fiscales de manera directa. “Usamos un sistema similar con las causas de droga. Cuando en un allanamiento por un delito se encontraba droga, los fiscales, con una herramienta similar, se manejaban con los jueces para declinar la competencia de manera más rápida”, dijo.
Jiménez también adelantó que se encuentran avanzando en las gestiones para iniciar un plan de compactación de vehículos y motos que se encuentran secuestradas por causas judiciales y cuyos dueños no reclamaron su devolución. El MPF tenía preparadas unas 40 motocicletas para donarlas a la Policía para que se forme una división de prevención, pero ante la falta de recursos humanos y económicos para realizar el ploteo correspondiente, el proyecto está frenado.
También se encuentra etapa de aprobación la clasificación de unas 5.000 armas que fueron secuestradas en diferentes hechos. Son elementos que se identificarán primero a través de un código especial y luego serán enviados a Buenos Aires para su posterior destrucción.
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