06 Noviembre 2019
La prórroga de la Ley de Emergencia de Seguridad finalmente terminará venciéndose. El ministro de Seguridad Claudio Maley había anunciado la semana pasada que tenían tiempo hasta hoy, pero el trámite no se cumplió. Además, el PE piensa realizar algunos retoques a la norma que fue declara hace tres años. El cambio más importante, según la idea del PE, es que no alcanzaría al problema de las adicciones.
El 31 de octubre último, fecha en la que anunció que se vencía la emergencia, el Poder Ejecutivo presentó en la Legislatura el pedido oficial de la extensión de la Emergencia en Seguridad Pública. Puso “a consideración el proyecto de ley” para la prórroga de la norma provincial N° 9.057 por el término de dos años (hasta 2021), justamente, a partir de hoy.
Sin embargo, ayer se confirmó que recién la semana que viene se realizá la primera reunión de Labor Parlamentaria para definir qué temas se analizarán en la sesión de la Legislatura. “El tratamiento del proyecto es prioridad”, afirmó ayer el presidente de la Cámara, Osvaldo Jaldo.
En el proyecto de Ley enviado por el PE se aclaró que la “Ley de Emergencia en Seguridad Pública se aplica en todo el territorio provincial, con el objeto de revertir la situación de peligro colectivo creada por el delito complejo, el crimen organizado y el avance de los delitos contra la propiedad”.
También contempla la posibilidad de volver a prorrogar la normativa por igual lapso de tiempo.
A la vez, en el texto se hizo referencia a que los poderes Legislativo y Ejecutivo, como así también el Ministerio Público Fiscal (MPF) “promoverán acciones y políticas tendientes a disuadir, perseguir y contrarrestar el delito” en la provincia.
En el proyecto se explicó que se debe aplicar una prórroga de la norma, debido a la “complejidad y alcance” de las medidas implementadas por la cartera gubernamental.
Los cambios
Mientras en la Legislatura analizan la propuesta del PE, la cúpula del Ministerio de Seguridad define por estos días algunos cambios en la ley original, previo al tratamiento del proyecto en la Cámara legislativa.
En las oficinas del ministerio no sólo apuntan a extender la vigencia de la normativa por dos años, sino también a nuevos plazos de los procedimientos.
“Vamos a avanzar en el contenido de la ley, en las áreas que compete, como Policía Vial, el sistema carcelario y en la Seguridad Pública. Vamos a analizar los tiempos de presentación de los informes”, manifestó José Ardiles, subsecretario de Seguridad.
Trascendió que los funcionarios pretenden que los informes estadísticas sobre los delitos que se cometieron en la provincia sean presentados cada tres meses. Mientras que el cuadro de situación de los programas de seguridad de seguridad se efectúen cada seis, en el marco de las reuniones de una comisión permanente. Desde que se dictó la norma, las sesiones se llevaban a cabo cada cuatro meses, pero el plazo no siempre era respetado. Por cuestiones de agenda, no se reunían en tiempo y en forma, o los informes no contaban con todos los datos de 120 días.
“El período entre exposiciones en la comisión era corto, teniendo en cuenta la extensión de los informes. Queremos evitar las lecturas largas y centrar el debate en cuestiones de urgencia y sobre los aportes de los poderes”, remarcó Ardiles.
La norma original establecía la conformación de una Comisión Especial de Seguimiento y Control de las Distintas Acciones, Políticas y Programas que se implementen en la provincia.
Este organismo estuvo integrado por legisladores de las distintas bancadas, funcionarios de la cartera de Seguridad, miembros primero y representantes de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, de la Justicia Federal y los últimos en incorporarse fueron los enviados por el Ministerio Público Fiscal.
El cuerpo tenía la facultad de “requerir los informes; efectuar las observaciones, propuestas y recomendaciones respecto de los procedimientos, contrataciones, convenios, obras y acciones”. Ese cuerpo, durante los últimos dos años, presentó más de 50 sugerencias, pero menos de 10 prosperaron. En la última reunión, plantearon la necesidad de que la justicia ordinaria se hiciera cargo de las causas de narcomenudeo, que fue finalmente aprobada y que se debería poner en marcha el 1 de enero.
También se aprobaron otras tres leyes. Por pedido del MPF, se sancionó la llamada Ley de Motochorros, que no prosperó porque fue declarada inconstitucional. Con Decretos de Necesidad y Urgencia presentado por el PE y refrendado por la Legislatura, se aprobó la compra de armas y equipos para la Policía por más de U$S 8 millones. Por la misma vía, buscó regularizar la tarea de los vigías municipales, pero aún no se promulgó,
La intención de la cartera de Seguridad es que ese cuerpo deje de funcionar y que sea la misma Comisión de Seguridad de la Legislatura junto a los funcionarios del PE los que analicen los informes, Quedarían afuera entonces los representantes de la justicia ordinaria y Federal.
La Ley provincial estableció la “Emergencia en Seguridad Pública”, en “Política Carcelaria”, “Vial” y la “en Materia de Tratamiento y Recuperación de Adictos”. En esta oportunidad, se podría excluir la problemática de adicciones, al no estar bajo la órbita del área de Seguridad, aunque esto no está confirmado.
De todas formas, el subsecretario de Seguridad advirtió que “el tejido social está deteriorado y que llevará tiempo reconstruirlo”, teniendo en cuenta las perspectivas del nueva comisión.
“Necesitamos una mirada sobre la educación, la salud e infraestructura. Necesitamos el aporte hasta de las intendencias. Como legisladores tienen que tener esa visión: reconstruir el tejido social, un ambiente mejor en los barrios”, remarcó Ardiles.
José Canelada, radical
“Hay que ver qué utilidad se le predente dar. Hasta aquí sólo se la utilizó para tener un título que lo haga aparecer como preocupado por una inseguridad que no puede resolver, o que no quiere resolver. A pesar de esta herramienta, sólo se la usó para evitar la licitación para comprar armas”.
Julio Silman (alperovichista)
“La Ley de Emergencia será efectiva si es que realmente el Gobierno se decide políticamente a luchar contra la inseguridad en serio. No tiene sentido lo que se venía haciendo. Se hicieron decenas de propuestas, pero ninguna de ellas se cumplió. Hasta se murió un presidente de la Corte sin que se cumpliera su deseo”.
Ricardo Ascárate, radical
“Votaré, en general, por la prórroga. Pero, en particular, pediré los detalles de la compra directa de armamento y de sobreprecios en contrataciones. Hay que analizar cada elemento para definir la prórroga. No recibí aún el informe final de la Comisión de Seguimiento. Nos dejó reuniones, actas sobre el tratamientos de las exposiciones”.
Regino Amado, oficialista
No hemos visto el texto aún, pero es necesaria la prórroga de la norma. Podría ser a través de un Documento de Necesidad y Urgencia (DNU). En la Legislatura es donde hay más voces, donde se pueden enriquecer las cosas. Si es un DNU también se puede modificar. Siempre hay algo para mejorar.
Ricardo Bussi, de FR
“No tengo opinión formada aún, debido a que no he tenido contacto con el texto de Ley. Según mi experiencia respecto de las leyes de emergencia, fueron creadas, en general, para hacer contrataciones directas. En este caso, se compraron armas a precios mayores a los del mercado nacional”.
Antes de la prórroga
- La Ley de Emergencia en Seguridad establecía, la informatización de las comisarías; el traslados de empleados a las comisarías para que realizaran tareas administrativas; y alquilar o adquirir inmuebles para descomprimir la crisis carcelaria.
-Formación de foros vecinales para la detección del delito en barrios; restringir el uso de motocicletas para lograr disminuir los ataques de motochorros; y la creación de refugios y lanzamientos de programas de asistencias para víctima de violencia de género. No se avanzó con estas iniciativas, entre otras contempladas en la norma.
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