“Se va a trabajar más en la contención de la gente”

Las muertes de supuestos asaltantes en situaciones de aparente legítima defensa, ha llevado otra vez inquietud al Ministerio de Seguridad de la provincia. Sus funcionarios, ante la consulta de LA GACETA respecto de los nuevos casos, hicieron hincapié en que se enmarcaron en un contexto de violencia social, que podría desembocar en una escalada de más excesos.

“Es un riesgo para el ciudadano que encara este tipo de acción. Como auxiliar de la Justicia, nos abocamos a que eso no ocurra, ya que genera más violencia. Se puede generar una escalada de violencia, en caso de una reacción de la familia del atacante”, expresó ayer Luis Ibáñez, secretario de Seguridad.

Por su parte, el subsecretario de esa área, José Ardiles, expresó que “en esta nueva gestión se va a trabajar más en la contención de la gente”. “El Ministerio de Seguridad apunta a trabajar de manera integral, multidisciplinaria, con el fin de ampliar la presencia del Estado. No se llega a una sociedad con valores y virtudes de un día a otro, sino que llevará entre 15 y 20 años. Rearmar el tejido social, vulnerado por la droga, el alcohol y la tolerancia, tomará su tiempo”, expresó el funcionario.

En esa línea, Ardiles apuntó a la tenencia de armas y expresó que se ha “trabajado en sacarlas de las calles y en ir en contra de los armeros clandestinos”. “El año pasado hubo varios allanamientos y se secuestró maquinaria para hacer la carga (de los elementos). El secuestro de armas aumentó el 100% este año. Antes, se usaba armamento nuevo, como las 9 milímetros. Ahora, notamos que muchos delincuentes están saliendo con ‘tumberas’. De alguna manera, se demuestra que no hay armas nuevas”, resaltó.

Raúl Torre, especialista en criminología, explicó que, dentro del derecho penal, la justicia por mano propia o “venganza privada” es la forma “más primitiva, reconocida en la ley de las 12 tablas o ley de igualdad romana”. “No es reprochable (este método), ya que la legítima defensa está prevista en el artículo 34 del Código Penal (nacional). Pero no es lo esperable dentro de una sociedad organizada en el contrato social”, expresó.

Torre aclaró que esta figura conlleva una serie de condiciones. En ese sentido, dijo: “la agresión debe ser ilegítima”. “El ofendido no tiene por qué estar obligado a soportar una agresión, (aunque) debe haber racionalidad en el medio empleado. No puede alguien pegarme un cachetazo y yo tirarle con un misil. La legítima defensa es para uno, para los bienes propios, o la vida o bienes de un tercero”, manifestó.

Y prosiguió: “hoy en día, la mayoría de los casos de legítima defensa se da con armas de fuego; en menor medida, con arma blanca o algún objeto contundente. Es preocupante que haya delito, no que haya casos de legítima defensa en ocasión de ataque contra la propiedad. Estos casos no implican un hartazgo de la sociedad, son reacciones que deben ser analizadas de manera individual. No hay un patrón, un modelo utilizado por todos”, añadió.