06 Octubre 2019
En las últimas décadas, por cuestiones sociológicas, entre otras causas, la mayoría de las ciudades experimentaron un crecimiento poblacional considerable, acompañado por edificios en altura. En muchos casos, por ausencia de una planificación urbana, el hormigón fue desplazando los espacios verdes, por donde respira una urbe. La superficie verde ideal debería oscilar entre nueve y 12 metros cuadrados por habitante, señala la Organización Mundial de la Salud; en la actualidad, Tucumán no llega a los cinco metros cuadrados.
Un nuevo frente de controversia se ha abierto en estos días, a raíz de un proyecto de ley que propone cederle a la Escuela Normal “Juan Bautista Alberdi” por 10 años (prorrogables por una década) un predio del Campo Norte de tres hectáreas, propiedad de la Provincia, para la edificación de un campus deportivo. La iniciativa propone que el terreno ubicado en la zona de Bolivia y avenida Israel (ex Viamonte) sea entregado en comodato a la Asociación Cooperadora Lillo de ese establecimiento para la construcción de canchas para distintos deportes, una pileta de natación y un salón de usos múltiples, entre otras instalaciones, destinadas al uso de unos 3.500 alumnos de distintos niveles.
Desde hace más de una década, Campo Norte forma parte de la grieta entre la Provincia y la Municipalidad capitalina. En marzo de 2006, sus 37 hectáreas fueron adquiridas por la Provincia al Ejército a un precio de $5,5 millones y anunció en la ocasión que las transferiría a la Municipalidad. Se dijo entonces que 28 hectáreas serían destinadas a espacios verdes y a prácticas deportivas, sin embargo, la cesión no se concretó. Haciendo oídos sordos a la promesa, en 2011, la Legislatura le otorgó mediante la ley N° 8.354 un terreno al PAMI en Viamonte y Ecuador para la construcción de un geriátrico. En 2015, se cedieron dos fracciones de terrenos para la construcción de complejos deportivos a las federaciones de Hockey y de Voleibol. Pero de espacio verde ni de segundo parque de la ciudad no hubo novedad. En 2014, la Junta de Estudios Históricos de Tucumán propuso la creación de un Parque Botánico del Bicentenario que tuviese especies autóctonas, proyecto que volvió a presentar en febrero de 2016. En agosto pasado, la Legislatura sancionó dos proyectos de ley para transferir parcelas a título gratuito para que dos sindicatos construyeran complejos deportivos, a condición de que ofrezcan su uso a entidades de bien público y educativas.
Nuestros representantes suelen ser los principales promotores del cercenamiento de los espacios verdes. En diciembre de 2016, los legisladores dispusieron la cesión de una parte del parque 9 de Julio a una universidad para que levantara su campus. En abril de 2018, la Legislatura aprobó un proyecto por el cual se autorizaba al Poder Ejecutivo a transferir en donación a un club de rugby 1,34 hectárea del parque para la ampliación de sus instalaciones deportivas. Considerado una de las pocas joyas de la ciudad que quedan, de sus 400 hectáreas originales le quedan al parque alrededor de 100. El Guillermina y el Avellaneda también han sido víctimas de mutilaciones.
Generosidad con lo que nos pertenece a todos los tucumanos parece haber sido hasta ahora la modalidad de una buena parte de la clase dirigente. Estas acciones, que suelen tomarse a menudo sin consultar con instituciones, como la Fundación Lillo, o con ambientalistas, desnudan una vez más la carencia de una política de Estado ambiental que se ocupe de preservar y aumentar los espacios verdes. Sin pulmones cualquier persona moriría, lo mismo ocurrirá en algún momento con las ciudades si les quitamos el oxígeno.
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