Por Valeria Totongi
05 Octubre 2019
PRESENCIA. Unos 20 miembros de la comunidad viajaron desde El Chorro para presenciar el final del juicio.
Ismael Chocobar y Demetrio Valderrama regresaron al territorio de su comunidad, Los Chuschagasta, en el paraje El Chorro, absueltos del delito de usurpación. Los había acusado Sofía Herrera, madre de Darío Amín, preso por el crimen del dirigente comunitario Javier Chocobar, en 2009.
Valderrama era cacique en 2011, cuando Herrera inició la denuncia, y Chocobar, sobrino del dirigente asesinado, es el trabajador social de esa comunidad diaguita, que volvió a vivir en El Chorro después del asesinato.
La acusación sostenía que Chocobar había usurpado una vivienda ubicada junto al lugar donde había colocado el obrador de la cantera de piedra laja la familia Amín, situada en el paraje de El Chorro, en la localidad de Trancas.
Herrera sostiene que los terrenos donde está emplazada la casa fueron adquiridos por su familia en un remate, en 1952, y que ella los heredó. Valderrama estaba acusado por ser responsable de la comunidad cuando se gestó la denuncia.
La casa del conflicto -según surgió en el juicio- fue construida por Fortunata Díaz, la abuela de Ismael. Así lo ratificó Néstor Chocobar, padre de Ismael, cuando declaró en el juicio, que comenzó el 9 de agosto y terminó ayer. Así, el fallo del juez Correccional Nº 1, Marcelo Mendilaharzu, ratifica, según considera la comunidad diaguita Los Chuschagasta, sus derechos sobre las tierras ubicadas en el Valle de Choromoro, entre las que se encuentran las bases territoriales de El Chorro, La Higuera y Ñorco.
Las tierras ubicadas en el Valle de Choromoro, que incluyen la cantera de laja y la casa que son parte del conflicto, son parte de una disputa que tuvo su pico el 12 de octubre de 2009, cuando Amín, acompañado por Luis Humberto Gómez y Eduardo Valdivieso, llegó armado a la base territorial comunitaria de El Chorro. Ese día, Gomez sacó una pistola y se inició un tiroteo que terminó con la muerte de Chocobar y que causó graves heridas a Andrés y a Emilio Mamaní.
EMOCIONES. Chocobar recibió los saludos de sus familiares y amigos.
Pero el conflicto por esas tierras no comenzó ese día, sino que tiene más de 40 años, y así lo expresó Valderrama en sus últimas palabras, antes de escuchar el fallo.
“Desde el año 77 venimos con estos juicios (por la propiedad de las tierras). Primero fue mi padre y ahora yo, a mis 75 años, tengo que seguir con estas denuncias”, dijo el ex cacique de la comunidad. Para él, la defensa y la fiscalía habían pedido la absolución porque no se encontraba en el lugar cuando ocurrió el hecho de la denuncia.
Chocobar se extendió más en sus últimas palabras, y se refirió al pedido que había hecho el fiscal Ernesto Salas, de que se lo condene a la devolución de la casa en conflicto. “No podría devolver algo que es de mi familia”, dijo.
También defendió la plena vigencia de las leyes que establecen derechos de las comunidades indígenas, como la ley 23.302, que crea del INAI, y la ley 26.160, que declara la emergencia “en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o aquéllas preexistentes”. La vigencia de esta última fue prorrogada hasta noviembre de 2021, por la ley 27.400.
Esa normativa “no es una ilusión, como dijo el fiscal”, argumentó Chocobar, antes de volver sobre dichos del fiscal Salas: “El fiscal se refirió al crimen de mi tío como ‘el incidente’ o el ‘hecho desafortunado’. No fue un incidente, fue un asesinato, y Salas lo nombra así solamente porque es la muerte de un diaguita”, señaló.
Se dirigió también al abogado Juan Robles, representante de Herrera, quien en su alegato dijo que la familia Amín va a estar de nuevo en el territorio. “Ya hubo una muerte y a la comunidad le costó mucho salir del miedo que dejó ese crimen”, insistió.
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