30 Septiembre 2019
Leonardo Grosso, del Movimiento Evita, fue uno de los diputados impulsores de la Emergencia Alimentaria. Télam.
El Gobierno promulgó la ley de emergencia alimentaria nacional, que "garantiza en forma permanente y de manera prioritaria el derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria y nutricional de la población" en el país, mediante el decreto 667 publicado hoy en el Boletín Oficial.
La ley, que había sido sancionada el 18 de septiembre, impulsada por la oposición y apoyada por el oficialismo, dispone una prórroga de la emergencia alimentaria hasta el 31 de diciembre del 2022.
El decreto, firmado por el presidente Mauricio Macri, dispone un "incremento de emergencia como mínimo del 50% de los créditos presupuestarios vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición".
Además, se "faculta a partir del 1° de enero del año 2020, y hasta que dure la emergencia, al Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación a actualizar trimestralmente las partidas presupuestarias correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición".
Para eso, indica el decreto, se tomará "como referencias mínimas el aumento de la variación porcentual del rubro alimentos y bebidas no alcohólicas del Índice de Precios al Consumidor y la variación de la Canasta Básica Alimentaria, que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos".
La norma dispone un incremento como mínimo del 50% de los presupuestos vigentes correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición.
Además, faculta al Poder Ejecutivo a "disponer las ampliaciones y las reestructuraciones presupuestarias, y las decisiones administrativas conducentes a un abordaje efectivo de la emergencia alimentaria y nutricional".
"Las reestructuraciones presupuestarias no podrán realizarse con la reducción de los créditos correspondientes a la finalidad Servicios Sociales", dice el decreto.
La norma recuerda que el "derecho humano a una alimentación adecuada se asume como una política de Estado que respetará, protegerá y promoverá un enfoque integral dentro de un marco de políticas públicas contemplada en cada ley de Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Nacional que apruebe el Congreso de la Nación".
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