Recursos Hídricos afirma que nunca se autorizó una cañería de agua en Las Tipas

El empresario Eduardo Di Bacco, una de las personas que acabó comprometida en el conflicto entre la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y un particular que aduce la posesión de tierras en el Parque Sierra de San Javier, que es protegido por esa institución educativa, asegura que la Dirección de Recursos Hídricos estaba al tanto de la instalación de cañerías que él estaba haciendo, adentro de esa reserva, para llevarle agua a un futuro barrio privado.

“Lo que ellos plantean es falso. Fueron los primeros en ser consultados sobre la posibilidad de proveer al emprendimiento. Recursos Hídricos no puede aducir que desconocía la situación. Siempre actué de buena fe. Pero terminé involucrado en este tema debido al mal accionar de la Universidad, que intentó solucionar un problema del que no se había ocupado durante 70 años”, declara Di Bacco a este diario.

Sus aseveraciones se producen luego de que el director de esa repartición provincial, Desiderio Dode, le aseguró al vicerrector de la UNT, ingeniero Sergio Pagani, que las manifestaciones de Di Bacco y Cía S.A. eran falaces. “Nunca autorizamos la colocación de ninguna cañería ni mejora ordinaria”, ha expresado Dode, a través de un expediente fechado el 12 de junio.

En febrero pasado, la Universidad secuestró 3.000 metros de cañerías y tanques de agua que Di Bacco había colocado en el interior del parque, con el propósito de transportar el líquido hacia un loteo suyo y de Carlos Bruchmann, situado afuera de esa reserva.

Según el desarrollista, Recursos Hídricos lo derivó a la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT). Otro hecho que destaca Di Bacco es que su empresa estuvo haciendo estudios de caudales en la zona desde 2017. A lo largo de esos años -prosigue-, jamás apareció ningún representante universitario. “Mienten cuando dicen que ejercían el dominio”, razona.

Por último, aclara que no realizó ningún desmonte para instalar la cañería, sino que utilizó una picada que ya existía. “Por ahí transita Carlos Torres para tomar agua de vertiente”, explica. Torres fue quién le brindó una servidumbre de paso a Di Bacco, con la aseveración de que se trataba de una parcela de su propiedad y con la presentación de una planimetría. Pero en abril último, la Dirección de Catastro le anuló esos planos de mensura para prescripción adquisitiva.

La Universidad posee documentos que prueban que esas tierras -denominadas Las Tipas- les fueron compradas en 1948 a Guillermina Viaña de Colombres Garmendia. Lo que no posse es la escritura traslativa de dominio. Por eso, hace unas semanas inició un juicio de sucesión, a fin de acabar con ese trámite. “Ellos no tienen ningún título. No me pueden sacar. No tienen nada. Yo he nacido aquí”, contesta Torres. “Ahora queda al descubierto que la UNT nos hizo daño sin un derecho real. Esto me costó dinero y esfuerzo”, añade Di Bacco. No obstante, celebra la recuperación del parque.

En noviembre de 2017, él; Torres; Bruchmann y Marcelo Villarreal (a quien también se le anularon las planimetrías de un terreno en ese sector) firmaron, en una escribanía, un convenio de constitución de un acueducto. En ese documento, Di Bacco y Bruchmann manifestaron que ambos se encontraban gestionando la conformación de un fideicomiso, con el objetivo de efectuar un desarrollo inmobiliario.

Los otros dos aceptaron otorgarles un derecho perpetuo e irrevocable sobre ese ducto. A cambio, Di Bacco y Bruchmann quedaban obligados a cederles tres terrenos.

Por qué un área protegida

El Parque Sierra de San Javier abarca unas 14.000 hectáreas. Ese total se conforma por las más de 5.000 hectáreas pagadas a Viaña de Colombres Garmendia; por unas 4.600 hectáreas adquiridas, también en 1948, a Alberto Paz Posse (en este caso, la UNT posee escrituras); por unas 2.500 hectáreas en Horco Molle (les fueron expropiadas en 1947 a la sucesión de Justiniano Frías Silva) y por otras pequeñas parcelas.

En un informe realizado en noviembre pasado en virtud de las ocupaciones, dos directores del parque, Manuel Imbert y Rodolfo Salinas Collado, expresaron que esa área protege ecosistemas valiosos y amenazados, como las yungas y el chaco serrano. Además, posee una importancia estratégica para las ciudades de Yerba Buena; Tafí Viejo; Lules; San Miguel de Tucumán y Banda del Río Salí, debido a que alberga cuencas que son fuente de agua para esos núcleos urbanos del piedemonte.

El parque también actúa como un regulador hídrico, pues previene inundaciones. Desde 1990, tiene categoría II de conservación, de acuerdo a la Ley Nacional 26.331, de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. Esa categoría equivale a una zona roja, porque se trata de sectores de muy alto valor de conservación. En consecuencia, se ha establecido que no deben transformarse.

Con el mismo objetivo, en el transcurso de los años se han ido dictando numerosas resoluciones universitarias que apuntan al mantenimiento de la biodiversidad. Se prohibió, por ejemplo, toda actividad humana que atente contra la vida animal y silvestre y altere el equilibrio, como la residencia de personas y la explotación agrícola, ganadera, comercial e industrial.