Casi la mitad de los candidatos a diputado omitieron exponer sus patrimonios

Diez de los 25 candidatos titulares tucumanos a diputado nacional omitieron la presentación de la declaración jurada de bienes exigida por la Ley Nacional 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública. Integran el grupo de incumplidores, por orden alfabético, los postulantes Silvio Bellomio (Consenso Federal); Mabel Carrizo (Frente de Todos); Carlos Cisneros (Frente de Todos); Lucía Delia Fazio Critto (Fuerza Republicana); Graciela del Valle Gutiérrez (Frente de Todos); Agustín Fernández (Frente de Todos); Florencia Katz (Consenso Federal); Mario Leito (Frente de Todos); Ana Salas (Consenso Federal) y  Honoria “Baby” Zelaya de Nader (Consenso Federal). El 20 de septiembre venció el plazo para remitir los patrimonios a la Oficina Anticorrupción (OA) de la Nación.

La obligación de detallar los bienes, deudas, ingresos y gastos (correspondientes al ejercicio 2018, en este caso) está vigente para candidatos titulares y suplentes desde 2013 en el orden federal. El objetivo de esta regulación es ofrecer información relevante para los votantes así como transparentar posibles conflictos de intereses. Los datos disponibles permiten establecer, con las limitaciones que exhiben los formularios (por ejemplo, las valuaciones fiscales de los inmuebles), el estado patrimonial del candidato antes de acceder al cargo público que pretende (ver “Bienes y explicaciones”). En Tucumán, encabeza el ranking provisorio de patrimonios declarados el funcionario nacional Domingo Amaya (Juntos por el Cambio), con  $ 11,4 millones (ver “Ranking provisorio...”). En el otro extremo de esa tabla se ubica Cristian Ariel Luna, candidato en tercer término del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, que indicó que tiene más deudas que bienes: su patrimonio negativo asciende a - $ 725.000.

En el 40% de los candidatos titulares a representar a los tucumanos en la Cámara Baja que incumplió la Ley 25.188 se destaca la situación de la lista oficialista. Ninguno de los cinco aspirantes a diputado aliados a la fórmula presidencial Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner remitió sus datos patrimoniales. Aunque las explicaciones difieren de postulante en postulante, todos admitieron que la consulta los había tomado por sorpresa y prometieron subsanar la omisión. La lista de Consenso Federal adeuda cuatro declaraciones juradas mientras que en Fuerza Republicana sólo falta una.

El incumplimiento de la normativa acarrea, en esta instancia, únicamente una deuda simbólica en materia de ética pública. Las autoridades de la OA han de intimar y exponer a los incumplidores, y eventualmente solicitar sanciones administrativas y promover investigaciones penales. El deber de presentar el patrimonio al ingresar y al dejar la función, y anualmente durante su desempeño sólo está en vigor para los cargos nacionales. La Ley 3.981 sancionada hace 46 años establece el secretismo para los bienes de los funcionarios públicos provinciales.