27 Septiembre 2019
La violencia de género se ha convertido en uno de los graves problemas que atraviesa a la sociedad tucumana. El pasado fin de semana, en menos de 12 horas se produjeron dos femicidios. En el barrio 11 de Marzo, de esta capital, una joven de 18 años fue muerta de un balazo por su pareja, que también hirió a su cuñado. En la localidad de Garmendia, al este de la provincia, una mujer de 25 años fue ultimada a puñaladas por su ex compañero.
Pero no solo en nuestra provincia este flagelo se viene profundizando. El fin de semana del 14 y 15 de septiembre, el asesinato de cuatro mujeres de 15, 18, 38 y 42 años, en Chascomús, en Neuquén, en Santa Fe y en Lomas de Zamora conmocionó al país por su crueldad. Hasta el 31 de agosto, se habían contabilizado en la Argentina 178 femicidios, es decir uno cada 32 horas.
Según los casos publicados por nuestro diario, en lo que va del año, se registraron 10 casos, uno más que en idéntico período de 2018; en todo el año pasado hubo 11.
El lunes hubo una importante movilización en la plaza Independencia, impulsada por la Casa de las Mujeres “Norma Nassif” y por Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá), para pedir a la Nación la declaración de la Ley de Emergencia de Violencia de Género que contribuiría a disminuir los crímenes de género. A la marcha se sumó un importante grupo de vecinos de Garmendia. “Pretendemos que se dicte la Emergencia a nivel nacional. Este fin de semana hubo cuatro víctimas en el país, pero dos fueron en la provincia, con una diferencia de 12 horas. Necesitamos que se dicte esta ley. Y vamos a luchar para conseguirlo”, dijo una dirigente de Mumalá.
El 10 de febrero de 2017, se publicó en el Boletín Oficial de Tucumán la Ley N° 8.981 de Emergencia por Violencia contra la Mujer. Entre otros puntos, la norma establecía la creación e implementación en el territorio provincial de espacios físicos transitorios de asistencia y contención a las víctimas en aquellos casos en que la permanencia en su domicilio implicara una amenaza a su integridad física y psicológica, quedando facultado el Poder Ejecutivo a solicitar asignación de partida presupuestaria específica, a la reasignación de partidas existentes o la gestión de recursos nacionales para el cumplimiento del objetivo. Proponía reforzar el funcionamiento del sistema judicial en esta materia, debiendo evaluarse la creación de fiscalías o juzgados especializados en la temática, así como también la participación de los juzgados de paz. También fortalecer en todo el territorio provincial la red de contención social de Organizaciones No Gubernamentales especializadas en violencia contra la mujer o que actúen en coordinación con los organismos gubernamentales.
A más de dos años de puesta en vigencia, los casos de femicidio no han descendido; sin duda, influye que hay puntos que establece la ley que están en mora hasta ahora.
Se trata, por cierto, de un grave problema social; sin embargo, casi no se escuchó referirse al tema a los más de 18.000 candidatos a cargos electivos provinciales en las elecciones de junio, como tampoco a quienes aspiran ocupar una banca en el Congreso en los comicios de octubre. Se debería quizás diseñar una política de Estado integral, que parta de la educación, porque solo esta permitirá cambiar en el futuro los patrones culturales históricos que consideran que la mujer es un objeto del hombre.
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