24 Septiembre 2019
“Con un régimen impositivo que grava más severamente a los más poderosos, Bolivia logró equilibrar las cuentas públicas y también consiguió mayor equidad en la distribución del ingreso”. Con estas palabras dichas en una nota a infobae.com, el candidato a presidente más votado en las PASO, Alberto Fernández, encendió las luces de alarma de los más importantes empresarios y de sus asesores impositivos. Puntualmente, los más preocupados son aquellos que entraron en el blanqueo que culminó en abril de 2017.
En total, se blanquearon U$S 116.000 millones. El 77% del monto corresponde a cuentas e inversiones. A fin de potenciar el éxito, se estableció la posibilidad de mantener el patrimonio declarado en el exterior.
En igual sentido, Sergio Massa ya había propuesto como diputado la iniciativa que establecía un impuesto diferencial a las cuentas en el exterior. Igualmente, “el impuesto no va a ir directamente sobre los que blanquearon, ya que es un derecho adquirido. Lo que estudian establecer es un impuesto especial sobre los activos del exterior, donde no hay una categoría o diferenciación de si corresponde a bienes blanqueados o no. Y de esta manera también alcanza a la fuga de capitales de estos últimos dos años”.
César Litvin, CEO de Lisicki, Litvin & Asociados, señaló que en primer término es importante dejar en claro que “los contribuyentes que entraron en el sinceramiento fiscal no deberían tener arrepentimiento alguno ya que la Transparencia Fiscal Internacional adoptada por más de 106 países, sin camino de retorno, impuso una verdadera carrera de obstáculos a los movimientos de activos sin declarar, haciendo prácticamente imposible la utilización efectiva de ese dinero”. Litvin recordó que en medio del blanqueo, “los bancos de primera línea ya habían decidido no permitir a los clientes tener en sus entidades fondos que no estaban declarados”.
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