El PE aumenta un 90% el valor de la multa por contravenciones

Generar ruidos molestos en la vía pública, cortar el tránsito o pintar la fachada de un edificio público son algunas de las faltas sociales contempladas por el Código de Contravenciones Policiales, que rige desde la última dictadura militar. Los infractores, en caso de ser atrapados y de que se los considere culpables, tienen dos alternativas: acatar los días de arresto que disponga la autoridad policial y purgar el castigo en la celda de una comisaría; o pagar una multa proporcional al tiempo fijado en la pena. Desde ahora, la segunda opción es un 90% más costosa.

El gobernador, Juan Manzur, firmó el decreto 2.834/7 (SES), que incrementa el valor máximo de la multa de $80 a $150. El instrumento, que tiene fecha del 12 de este mes, pero fue publicado ayer en el Boletín Oficial de la Provincia, sostiene que el monto se encontraba “desactualizado”, puesto que el último ajuste había sido concretado en 2016. De hecho, el decreto detalla que el auditor interno de la Policía calculó la nueva cifra sobre la base del índice de precios al consumidor confeccionado por el Indec y de los datos que recolecta la Provincia.

El Código de Contravenciones (ley 5.140) data de 1980, y su objetivo es establecer sanciones sobre faltas sociales que no están tipificadas como delitos en el Código Penal Argentino. Para ello, la normativa habilita al jefe de Policía a fijar los castigos a los infractores. El mecanismo fue blanco de cuestionamientos judiciales. En 2010, a partir de una acción de inconstitucionalidad promovida por la organización de abogados Andhes, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) reprochó que el procedimiento aplicado en el caso “Núñez” -un joven que había protagonizado incidentes durante un partido de fútbol barrial-, puesto que se había llevado a cabo “una detención preventiva de 48 horas”, sin la intervención de la Justicia provincial y sin que se respetara el derecho a defensa en juicio.

Al margen de los ajustes que se realizaron para mantener la aplicación de la norma, en los últimos años hubo al menos una docena de proyectos de ley para reformar el Código de Contravenciones. Incluso, el ministro de Seguridad, Claudio Maley, encabezó en abril de este año reuniones con otros funcionarios y con representantes del Poder Judicial de Tucumán para proponer una actualización del texto a la Legislatura. “Estamos hablando de un proyecto para la Ley de Convivencia. Necesitamos crear una legislación nueva, que reemplace al viejo Código Contravencional; tenemos la necesidad de generar un instrumento operativo, que sea de aplicación y ordenamiento a la ciudadanía en general”, explicó el ministro en aquella ocasión. Añadió que las reuniones tenían por objetivo el consenso de los criterios a adoptar, y que el texto “sea elevado como proyecto del Poder Ejecutivo y sea tratado sin mayores objeciones” en el recinto de la Cámara legislativa. De todas maneras, la propuesta no llegó a la comisión de Seguridad y Justicia, que preside el legislador peronista Javier Pucharras.

“El control y el orden”

Con la actualización del valor de la multa, la Policía podrá recaudar casi el doble de lo que venía obteniendo por las contravenciones. Por ley, esos recursos deben ser registrados en una cuenta especial para “reequipamiento policial”.

Esta normativa, en paralelo, es una de las herramientas más utilizadas por las fuerzas provinciales, con el argumento de garantizar la seguridad pública. “La contravención nos sirve para mantener el control y el orden en las calles. Este fin de semana se hicieron procedimientos en todo Tucumán, pero especialmente en los barrios más conflictivos de la capital. Es una estrategia que se intensificará con el correr de las semanas”, explicó el jefe de Policía Manuel Bernachi en una nota reciente publicada por LA GACETA. La información aludía a unos 250 arrestos, producidos a partir de operativos registrados en la primera semana de este mes en barrios de la Capital y del interior. De ese total, unas 100 personas habían sido apresadas por infracciones a la ley 5.140.

No hay registros públicos sobre los montos que recauda la fuerza a partir de estas faltas. Si el centenar de contraventores atrapado en aquel operativo hubiese optado por pagar la multa, el total global por evitar un día de arresto alcanzaría los $80.000 en ese momento. Con los valores actualizados por el Gobierno, ese monto alcanzaría los $150.000.