21 Septiembre 2019
El juez Claudio Bonadio envió ayer a juicio oral y público a la ex presidenta Cristina Fernández, al diputado nacional Julio De Vido y a otro medio centenar de imputados en la causa que investiga los denominados “cuadernos de la corrupción”, y dos expedientes derivados de esa pesquisa.
Así lo dispuso a través de una resolución difundida ayer, en la que, además, insistió con su pedido de desafuero de la senadora y actual candidata a vicepresidenta por el Frente de Todos, “con el fin de cumplir con la prisión preventiva” dispuesta en este expediente y confirmada en segunda instancia.
De esta forma, el magistrado resolvió la finalización de la etapa de instrucción del expediente que ahora será enviado al Tribunal Oral Federal (TOF) 7 que salió designado por sorteo, para llevar adelante el debate que tendrá en el banquillo de los acusados a medio centenar de imputados, entre ex funcionarios y empresarios.
Se trata de la investigación de la causa que comenzó con la revelación de anotaciones escritas por Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Baratta, sindicado como presunto “intermediario” entre el ex ministro De Vido, y empresarios, durante el kirchnerismo.
El juez Bonadio señaló en su resolución que se investigó una “asociación ilícita que desarrolló sus actividades aproximadamente desde principios de 2003 hasta noviembre de 2015, y cuya finalidad fue organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos, todo ello aprovechando su posición como funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional”.
El magistrado también elevó a juicio el tramo de la causa referido a maniobras de supuesto lavado de dinero protagonizadas por el fallecido ex secretario presidencial Daniel Muñóz y su entorno, y el segmento en el que se investigan irregularidades en el otorgamiento de subsidios a empresas vinculadas con el transporte ferroviario.
Entre las personas que deberán sentarse en el banquillo de los acusados por este expediente y dos de sus derivaciones, se cuentan el propio Baratta, hoy detenido, al igual que De Vido, como así también el ex secretario de Obras Públicas José López y Claudio Uberti, ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales durante la gestión de gobierno K.
La jefa
La ex presidenta está procesada con prisión preventiva -aunque con esta última medida sin cumplir por gozar de fueros parlamentarios- como presunta responsable de los delitos de asociación ilícita, “en calidad de jefa”, y cohecho pasivo, en calidad de coautora.
Según el fallo de 157 páginas emitido ayer, debajo de Cristina en la pirámide organizacional de la asociación ilícita se encontraban De Vido y Baratta, a quienes les fue asignado el rol de organizadores y a los que también se acusa por cohecho pasivo.
Entre los sindicados como organizadores de la asociación ilícita está el arrepentido ex titular de la Cámara de la Construcción Carlos Wagner “quien se refirió a la ‘cartelización’ de la obra pública”, y el arrepentido financista Ernesto Clarens, quien aportó listados de las supuestas coimas recibidas de empresarios.
La mayoría de los empresarios elevados a juicio fueron acusados de los delitos de cohecho activo, aunque uno de ellos figura en la resolución de Bonadio como miembro de la supuesta asociación ilícita: se trata de Gerardo Ferreyra, quien se encuentra bajo prisión preventiva domiciliaria mientras aguarda que la Cámara porteña resuelva su planteo de excarcelación.
Entre los empresarios acusados por el supuesto pago de coimas están Enrique Pescarmona, Aldo Benito Roggio, Eduardo Eurnekian, Alberto Taselli, Alejandro Ivanissevich y Hugo Dragnetti y Ángel Calcaterra, entre otros.
Sobreseídos
En el mismo fallo, Bonadio dispuso el sobreseimiento de los dirigentes políticos que están o estuvieron vinculados a la organización La Cámpora, como Máximo Kirchner, Eduardo “Wado” De Pedro, Andrés “Cuervo” Larroque, José Ottavis y Julián Álvarez en relación con el delito de asociación ilícita.
Un expediente desprendido de la causa de los cuadernos, a cargo de la jueza María Romilda Servini, investiga si se usó dinero ilegal en campañas electorales; hecho que se les había achacado a los dirigentes ahora sobreseídos.
En el caso del ex jefe de Gabinete, Juan Abal Medina, también investigado en la causa de los cuadernos, fue sobreseído en orden al delito de asociación ilícita, mientras que el juez dispuso su elevación a juicio oral por 18 hechos de cohecho pasivo (cobro de coimas) en calidad de partícipe secundario. Entre los sobreseídos de todos los cargos se encuentra el ex secretario general de la Presidencia durante el kirchnerismo Oscar Parrilli. (Télam)
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